La gestión de las fronteras terrestres y marítimas de España ha vuelto a situar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el epicentro de una tormenta política de dimensiones imprevisibles. La entrada masiva de entre 50.000 y 70.000 migrantes por vía marítima a Ceuta durante la pasada semana ha dejado al descubierto las costuras de la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, colocando al titular de Interior en una de las posiciones más difíciles y vulnerables de toda su trayectoria en el Ejecutivo.
A pesar de que el Ministerio del Interior reaccionó con rapidez para activar los mecanismos de devolución –cifrando en cerca de 70.000 los retornos en los días posteriores gracias a la colaboración con las autoridades de Rabat–, el impacto de la brecha fronteriza ha sido de tal magnitud que la narrativa oficial de “control institucional” se ha visto completamente desbordada. El incidente no solo ha encendido las alarmas en el plano nacional, sino que ha provocado una durísima réplica internacional que amenaza con aislar a España en el seno de la Unión Europea.
Uno de los flancos más debilitados para Marlaska es el de la previsión y la inteligencia del Estado. El ministro ha negado de forma categórica ante los medios de comunicación y los grupos parlamentarios que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o las fuerzas de seguridad del Estado hubieran emitido informes previos alertando sobre un movimiento migratorio de esta escala. Sin embargo, el CNI desmiente al ministro y asegura que emitió varias alertas y avisos sobre lo que se estaba preparando en la frontera sur. La justificación de Marlaska de que él no estaba al corriente ha sido recibida con profundo escepticismo tanto por la oposición como por los sindicatos policiales. Resulta difícil defender de cara a la opinión pública que una movilización coordinada de decenas de miles de personas en las costas vecinas pudiera pillar por sorpresa absoluta a los servicios secretos de una potencia europea.
Para desviar el foco de la falta de previsión, Interior y las autoridades marroquíes han apuntado de forma unánime hacia el ámbito judicial. Según la versión del ministerio, el desencadenante de esta crisis fue una “interpretación interesada y malintencionada” por parte de las mafias que trafican con personas sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo español, la cual impone severas restricciones a las devoluciones en caliente de aquellos migrantes que logran acceder a territorio nacional a nado.
El aspecto que mayor indignación ha generado en el CNI, en el espectro político y social, ha sido la firme defensa que el ministro ha hecho del papel de Marruecos. Durante su comparecencia de urgencia en Ceuta, Marlaska afirmó con rotundidad que “Marruecos no es ninguna amenaza para España” y ratificó al reino alauí como un “socio absolutamente fiable”. Estas palabras han sentado como un jarro de agua fría entre los ciudadanos ceutíes, que vivieron horas de extrema tensión en las calles, y han alimentado los reproches de la oposición, que acusa de nuevo al Gobierno de sumisión ante la geopolítica del control migratorio ejercida por Rabat.
La onda expansiva de lo ocurrido en Ceuta ha cruzado las fronteras españolas de forma inmediata. Y ha abierto una crisis en la UE. Gobiernos europeos de corte conservador y soberanista, con el ejecutivo italiano de Giorgia Meloni a la cabeza, han utilizado el incidente para cargar contra la debilidad de los controles fronterizos de España, llegando incluso a suspender el espacio Schengen de libre circulación de personas. Aunque Marlaska ha calificado estas críticas de “insolidarias, egoístas” y fruto de la “ignorancia” –recordando que Ceuta y Melilla tienen un régimen especial y no forman parte de dicho espacio–, la gravedad de la situación obligó a Pedro Sánchez a enviar una carta formal a Ursula von der Leyen solicitando un Consejo Extraordinario de ministros del Interior de la Unión Europea. En el terreno, la crisis se tradujo en una fractura de la convivencia civil en Ceuta, azuzada por la presencia de líderes de la extrema derecha que capitalizaron el malestar social, provocando disturbios urbanos que requirieron cargas policiales. Como respuesta de emergencia para frenar futuras crisis, Interior ya ha iniciado la instalación de una barrera marítima neumática y una línea de boyas en el espigón del Tarajal. No obstante, las barreras físicas difícilmente lograrán contener la presión política sobre un Marlaska que se enfrenta a un escenario de desgaste que podría ser definitivo. El ministro se encuentra en una posición delicada y solo las vacaciones y el hecho de que el Congreso de los Diputados está cerrado va a evitarle comparecer en el parlamento.
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