Fernando Grande-Marlaska ha comparecido este viernes en el Congreso con una intervención cargada de cifras, dispositivos, refuerzos policiales y nuevas inversiones para defender la respuesta del Ministerio del Interior ante la crisis de Ceuta. El ministro ha ofrecido probablemente una de las explicaciones más detalladas hasta ahora de lo ocurrido después del 30 de julio. Sin embargo, cuanto más exhaustiva resulta la relación de medidas adoptadas posteriormente, más inevitable resulta una pregunta: ¿cómo pudo llegarse previamente a una situación de semejante magnitud?
Marlaska ha reconocido que los acontecimientos tuvieron «consecuencias dramáticas» y costaron «decenas de vidas», antes de defender que el Gobierno respondió "desde el primer momento" y permaneció junto a la ciudadanía ceutí. También ha llamado a la calma ante los graves episodios de tensión social registrados durante los últimos días.
La comparecencia llega, además, con Ceuta todavía lejos de recuperar completamente la normalidad y después de varios días de polémica sobre la información disponible antes de la entrada masiva y las diferentes interpretaciones ofrecidas dentro del propio Gobierno sobre los avisos previos de inteligencia.
72.000 personas en una ciudad de 83.000 habitantes
El dato aportado por Interior permite dimensionar lo sucedido. Las estimaciones que maneja el Ministerio sitúan en alrededor de 72.000 las personas que entraron irregularmente en Ceuta durante aquellos acontecimientos. Frente a ellas, una ciudad con unos 83.000 habitantes y apenas 18 kilómetros cuadrados.
Marlaska ha explicado que la mayoría regresó voluntariamente a Marruecos durante las primeras veinticuatro horas y que actualmente permanecerían en Ceuta unas 5.000 personas. El ministro ha definido expresamente lo ocurrido como «un ataque a la integridad territorial de España» y ha diferenciado este episodio de los flujos migratorios irregulares habituales.
Esa definición es importante porque obliga también a analizar la crisis con parámetros distintos a los de una llegada migratoria ordinaria.
Si España afrontó un ataque a su integridad territorial capaz de introducir en pocas horas a una población equivalente a buena parte de los habitantes de Ceuta, la evaluación no puede limitarse a determinar si la reacción posterior fue eficaz. También habrá que establecer por qué los mecanismos de prevención no consiguieron evitar que se alcanzara semejante dimensión.
Una enorme respuesta después del 30 de julio
En este terreno, Marlaska ha presentado una relación considerable de medios. Interior asegura que antes de la crisis había un 16,3% más de efectivos en Ceuta que en 2018 y que, tras la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio que impedía aplicar el rechazo en frontera a quienes accedieran a nado, ya se habían incorporado 70 guardias civiles y reforzado la vigilancia marítima.
Después del 30 de julio, el dispositivo creció hasta superar los 1.600 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, con cerca de 300 policías y 250 guardias civiles adicionales, unidades antidisturbios, especialistas en extranjería, buceadores del GEAS, un helicóptero, drones y el buque Duque de Ahumada.
También se instalaron una línea de boyas de 730 metros y una barrera neumática flotante de 500 metros para reforzar la frontera marítima. Resulta especialmente significativo que Marlaska haya explicado que los estudios técnicos para estos elementos habían comenzado ya el 9 de julio, un día después de conocerse la sentencia del Supremo.
Y aquí aparece otra de las cuestiones que deberán analizarse con calma: si existía preocupación suficiente como para reforzar efectivos y estudiar nuevas barreras tres semanas antes, ¿qué valoración se hizo exactamente del riesgo que estaba creciendo?
Marruecos, socio imprescindible y pregunta inevitable
Marlaska ha defendido con firmeza la cooperación con Marruecos. Según el ministro, existió «una estrecha coordinación» con las autoridades marroquíes que permitió facilitar los retornos y revertir sustancialmente la situación en apenas veinticuatro horas. Interior sostiene además que la cooperación bilateral lleva años ofreciendo resultados en la reducción de las salidas irregulares.
Es una explicación coherente con la estrategia migratoria mantenida por España durante los últimos años, pero introduce inevitablemente una paradoja. Si Marruecos fue esencial para detener la crisis y facilitar el regreso masivo inmediatamente después, continúa siendo necesario saber qué sucedió exactamente en las horas anteriores para que decenas de miles de personas alcanzaran la frontera.
Defender la cooperación con Rabat puede ser razonable. Convertir esa cooperación en una zona exenta de preguntas sería un error.
Derechos humanos frente al discurso del miedo
Uno de los aspectos más sólidos de la comparecencia ha sido la negativa de Marlaska a aceptar que seguridad y derechos humanos sean conceptos incompatibles. Interior ha identificado ya a aproximadamente 1.500 menores y ha defendido una respuesta individualizada para determinar quién necesita protección internacional, quién debe ser protegido por su vulnerabilidad y quién debe entrar en un procedimiento de retorno.
«Estamos hablando de personas», ha recordado el ministro, rechazando los discursos que presentan indistintamente a quienes llegaron como delincuentes o invasores. Su argumento es sencillo: España tiene la obligación de proteger su frontera y simultáneamente respetar la dignidad humana. "Esta doble obligación [...] no constituye en modo alguno una contradicción", ha defendido.
En una Ceuta donde la tensión ha derivado ya en graves incidentes, esa apelación no es secundaria. La respuesta institucional no puede consistir en sustituir un problema de seguridad por otro de convivencia.
35 millones más y una pregunta anterior
Marlaska ha anunciado también nuevas infraestructuras: prolongación de los espigones del Tarajal y Benzú, barreras marítimas permanentes, drones, embarcaciones y un nuevo CATE con capacidad para 800 personas.
La inversión extraordinaria prevista supera los 35,5 millones de euros, de los que más de 32 millones procederían de financiación europea. A ello se añaden los 77 millones invertidos desde 2018 en las fronteras de Ceuta y Melilla y otros 66 millones previstos para nuevas instalaciones policiales en Ceuta. Son medidas necesarias. Probablemente muchas debían hacerse.
Pero precisamente ahí reside la principal conclusión que deja la comparecencia: España está reforzando ahora con enormes recursos aquello que el 30 de julio demostró no ser suficiente. Marlaska ha explicado con detalle qué hizo Interior cuando la crisis ya había estallado. Ha defendido a policías y guardias civiles, ha aportado cifras y ha detallado una hoja de ruta razonable para recuperar la normalidad.
Lo que todavía necesita una explicación más profunda no es tanto la reacción como la prevención. Porque si de esta crisis debe extraerse alguna lección, no puede ser únicamente cómo desplegar más agentes, instalar más boyas o construir nuevos centros después de una entrada masiva.
La verdadera prueba será conseguir que 72.000 personas no puedan volver a atravesar una frontera española antes de que el Estado comprenda que está ante una crisis extraordinaria.
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