Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trató de presentarse ante el Tribunal Supremo como una víctima. Su relato, sin embargo, fue deshaciéndose con las declaraciones de su propio abogado, Carlos Neira, quien explicó que cualquier acuerdo con la Fiscalía suponía reconocer los delitos que se le atribuían. Pese a ello, el empresario insistió en que fue “destrozado” por una supuesta filtración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y pronunció una frase tan extrema como irresponsable: “O me voy de España o me suicido”.
El presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, le respondió con sobriedad: “No le recomiendo ninguna de las dos cosas. En todo caso, que hable con su abogado”.
La confesión que el acusado quiere ocultar
Neira detalló que el remitió un correo a la Fiscalía en el que admitía los delitos de fraude fiscal de su cliente y proponía un pacto de conformidad para evitar juicio y posible entrada en prisión. “El cliente me pidió una vía rápida”, explicó el letrado, subrayando que la prioridad era minimizar el daño público a la presidenta madrileña.
El propio González Amador reconoció que contemplaba una pena de cuatro meses por cada delito y el pago de 140.000 euros. Aun así, trató de victimizarse: “Me han pulverizado por toda España y llevo gastado más del doble en abogados”. La contradicción es evidente: sabía que pactar suponía confesar, y así se lo había explicado su abogado.
El papel de Miguel Ángel Rodríguez y la mentira del “pacto ofrecido”
El testimonio del letrado arrojó luz sobre el origen del bulo que señalaba a la Fiscalía: Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de Ayuso, difundió entre periodistas la versión de que el Ministerio Público había ofrecido un pacto a González Amador. Fue falso: la iniciativa partió de la defensa del acusado.
MAR llegó a justificar sus mensajes en redes —donde aseguraba que el fiscal “iría para adelante”— como un “vaticinio”. Más bien fue un relato fabricado para desviar la atención del núcleo del caso: los delitos fiscales que pesan sobre el novio de la presidenta madrileña.
Además, la Abogacía del Estado recordó que el correo de Neira se envió a una dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, con acceso de múltiples personas. Ese dato debilita el intento de culpar sin pruebas al fiscal general de una filtración interesada.
Contradicciones en cadena
El acusado intentó desvincularse del correo en el que su defensa admitía los delitos. Afirmó que “jamás participó” en esos intercambios y que desconocía su contenido. Sin embargo, minutos antes había admitido que autorizó a su abogado a buscar un acuerdo que, por definición, exigía reconocer los hechos. La coherencia del relato se desploma.
González Amador también reconoció que autorizó a MAR a “mover” el email del fiscal Julián Salto que su abogado le había reenviado por WhatsApp: la chispa que encendió la cadena de publicaciones tergiversadas en algunos medios.
Ayuso, en la sombra; el caso, en la plaza pública
Para proteger a la presidenta, González Amador asegura que pidió tanto a Ayuso como a MAR que se mantuvieran al margen. Pero el propio acusado admite que MAR lanzó mensajes contra la Fiscalía. La conclusión es sencilla: no hubo distancia respecto a un proceso que, según el relato del empresario, “quería hacer rápido y sin ruido”.
Lo que viene: periodistas y trazabilidad de los correos
El juicio continuará con la declaración de responsables políticos y periodistas que publicaron informaciones sobre el caso. El objetivo: aclarar cómo circularon los correos y quién alimentó una historia que puso el foco en la Fiscalía para tapar lo esencial: la confesión implícita que conlleva cualquier pacto de conformidad.
Un relato que no sostiene los hechos
La vista en el Supremo no ha apuntalado el victimismo de González Amador, sino sus contradicciones. Los hechos dibujan un guion claro: la defensa pidió un pacto; pactar suponía admitir los delitos; y desde el entorno político se fabricó una versión para responsabilizar a la Fiscalía. Convertir una confesión procesal en un ataque político no es periodismo ni justicia: es propaganda.
La justicia deberá decidir sobre la supuesta revelación de secretos. Pero, a estas alturas, una cosa sí ha quedado clara: González Amador no es una víctima de la ley. Es un imputado por fraude que buscó un atajo y, cuando el atajo se frustró, intentó culpar al árbitro del partido.