En el otoño de 2025, la mirada está puesta sobre un fenómeno que trasciende discursos y emblemáticos mítines: la exportación de narrativas antifeministas y antigénero desde España hacia otros continentes. Pero el efecto de esta ofensiva obedece menos a titulares que al impacto silencioso sobre los hogares, las decisiones privadas y las resistencias cotidianas de millones de personas que se sienten amenazadas. Y mientras una parte del Estado pretende blindar derechos, otra permite que los recortes simbólicos y normativos campen a sus anchas.
Chile, Kenia y la expansión del conflicto
Un reciente informe de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius titulado De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española contra los derechos sexuales y reproductivos documenta cómo España se ha convertido en nodo de un entramado que opera en Argentina, Guatemala, El Salvador, Chile y Kenia.
Las organizaciones que desfilan por ese informe –CitizenGO, Hazte Oír, la Opus Dei o el partido Vox– no actúan de forma aislada: coordinan campañas, alianzas transnacionales, relaciones con élites religiosas y políticas.
Para las familias de los territorios afectados, esto significa que las leyes y los servicios que les garantizaban decisiones reproductivas o diversidades familiares están hoy sometidos a nuevas presiones. En Chile o Kenia, en un campus o en un municipio, la ofensiva no sólo modifica el marco legal, reduce el espacio en el que las vidas familiares se organizaban, crecían y convivían.
España: el espejo que reniega del reflejo
Mientras tanto, en España la ofensiva funciona en casa como semillero y transmisor. El reciente debate en el Ayuntamiento de Madrid, donde una propuesta de VOX –con respaldo del PP– contemplaba informar sobre un supuesto “síndrome post-aborto” sin base científica, es un ejemplo de cómo la agenda antigénero se filtra dentro de nuestras instituciones.
Ese tipo de iniciativas no solo cuestionan el derecho a decidir: cuestionan la condición de las familias, el papel de los progenitores, la autonomía de los cuerpos y la capacidad de las generaciones más jóvenes para trazar su propio rumbo. El Estado reacciona y propone blindar el derecho al aborto en la Constitución ante el auge ultra. Pero esa cobertura legal, aunque necesaria, no sustituye el trabajo pendiente en el terreno de lo cotidiano: servicios sanitarios, información rigurosa, entorno de acompañamiento libre de estigmas.
Cuando las familias son el terreno de batalla
Las familias se encuentran en el frente. No sólo porque les atañe decidir sobre maternidad, interrupción voluntaria del embarazo, servicios de salud o diversidad afectiva: también porque las campañas conservadoras y ultraconservadoras buscan reinstalar modelos de subordinación, miedo y exclusión que ya parecían remotos.
Cuando una ley o una ordenanza propone recortar o condicionar derechos, no solo afecta al individuo que toma una decisión, también afecta a sus progenitoras y progenitores, a sus hijas e hijos, a las redes de cuidados que sostienen la vida familiar. En este sentido, hablar de “derechos sexuales y reproductivos” es hablar de cómo una familia decide cómo vivir, con quién, cuándo y en qué condiciones.