El mensaje enviado de forma masiva a los usuarios españoles de Telegram por su fundador, Pável Dúrov, no es una advertencia inocente ni un gesto filantrópico en defensa de las libertades. Es una intervención política directa contra la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para regular las redes sociales, proteger a los menores y exigir responsabilidades legales a las plataformas digitales y a sus directivos. Y, como no podía ser de otro modo, ha contado con el respaldo inmediato y estridente de Elon Musk, que ha elevado el tono hasta el insulto personal.
Dúrov acusa al Ejecutivo de impulsar normas “peligrosas” que podrían convertir a España en un “Estado de vigilancia”. Musk va más allá y habla abiertamente de “fascismo” y “totalitarismo”. Sin embargo, más allá del ruido y la retórica hiperbólica, el debate de fondo es otro: si las grandes plataformas deben seguir operando como territorios sin ley o si, como cualquier otro actor con enorme impacto social, deben someterse a reglas democráticas.
Un mensaje alarmista con intereses muy concretos
El fundador de Telegram presenta las medidas anunciadas por Sánchez como un ataque frontal a la libertad de expresión y a la privacidad. En su mensaje enumera riesgos: verificación de edad, responsabilidad penal de los ejecutivos, control de la amplificación algorítmica o seguimiento del discurso de odio. Todo ello envuelto en una narrativa clásica: el Estado como amenaza y la plataforma privada como último refugio de la libertad.
Pero esta lectura omite deliberadamente un dato esencial: las redes sociales no son simples herramientas neutrales. Son infraestructuras de comunicación masiva que influyen en la salud mental de los menores, en los procesos electorales, en la convivencia social y en la difusión de delitos. Defender que no deben ser reguladas equivale a aceptar que ese poder se ejerza sin control público alguno.
Proteger a los menores no es vigilar a la ciudadanía
Uno de los ejes del plan gubernamental es limitar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Dúrov lo presenta como el inicio de una identificación universal de los usuarios. Sin embargo, la finalidad es clara y concreta: impedir que niños y adolescentes queden expuestos a dinámicas diseñadas para generar adicción, polarización y daño emocional.
La protección de la infancia es una obligación del Estado, no una excusa autoritaria. Equiparar una política de protección de menores con un sistema de vigilancia masiva no solo es exagerado, sino profundamente irresponsable.
Responsabilidad legal frente a impunidad estructural
El punto que más incomoda a los dueños de las plataformas es la posibilidad de que los máximos responsables tengan consecuencias legales si no actúan frente a contenidos ilegales o de odio. Aquí se revela el verdadero núcleo del conflicto. Durante años, las grandes tecnológicas han construido un modelo basado en la ausencia casi total de responsabilidad: monetizan la viralidad, pero externalizan los daños.
La advertencia de Dúrov sobre una supuesta “sobrecensura” ignora que las leyes no castigan opiniones, sino delitos. La disidencia política, el periodismo crítico o la opinión ciudadana no están en cuestión. Lo que se persigue es la tolerancia sistemática de amenazas, acoso, racismo, misoginia o explotación criminal bajo la coartada de la neutralidad tecnológica.
Algoritmos privados, poder opaco
Otra de las críticas lanzadas desde Telegram y amplificadas por Musk se dirige al control de la amplificación algorítmica. Se habla de propaganda estatal y de manipulación del pensamiento. Pero la realidad actual es que ya existe una manipulación constante: la que ejercen algoritmos opacos que priorizan el contenido más extremo porque genera más clics, más tiempo de uso y más ingresos.
Regular no significa decidir qué debe pensar la ciudadanía, sino impedir que el odio y la desinformación tengan ventaja estructural sobre la información veraz y el debate razonado.
El uso interesado de la palabra “libertad”
Cuando multimillonarios tecnológicos hablan de libertad, conviene preguntarse: ¿libertad para quién? La libertad de empresa no puede situarse por encima del derecho de la sociedad a proteger a sus menores, a garantizar la convivencia y a exigir responsabilidades a quienes gestionan espacios de comunicación masiva.
No es casual que estas reacciones lleguen cuando se plantea tocar directamente a los consejos de administración. La alarma no nace del amor a la libertad, sino del miedo a perder privilegios.
Democracia frente a feudos digitales
España no se encamina hacia un Estado vigilado. Se encamina, como otras democracias europeas, hacia un marco en el que el poder digital deje de ser un feudo privado sin reglas. Regular las redes sociales no es censurar: es defender el interés general frente a actores que, hasta ahora, han operado sin rendición de cuentas.
El mensaje de Dúrov y los exabruptos de Musk no son una defensa de la ciudadanía, sino una ofensiva política de quienes no quieren límites. Y precisamente por eso, el debate sobre la regulación no solo es legítimo: es urgente.