España ha dejado de ser el paciente de Europa para convertirse en su motor inesperado. Con una economía española que creció un 2,8% en 2025 (duplicando la media de la eurozona) y un PIB que acaba de cruzar el umbral psicológico de los dos billones de dólares, el país parece haber encontrado una fórmula de éxito basada en lo que el Palacio de la Moncloa denomina las cuatro "g": crecimiento (growth), verde, solidaridad y globalidad. Sin embargo, bajo este barniz de prosperidad macroeconómica, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha identificado una amenaza existencial que no reside en los mercados financieros, sino en los servidores de Silicon Valley.
La reciente intervención del presidente español en Dubái marca un punto de inflexión en la relación entre los Estados soberanos y las plataformas tecnológicas. Al describir a las redes sociales como un Estado fallido, Sánchez no solo ha elevado el tono retórico, sino que ha anunciado un cambio de paradigma en la gobernanza digital. La tesis es clara: el progreso económico y la paz social son insostenibles en un ecosistema virtual donde la desinformación cotiza al alza y el odio se distribuye a través de algoritmos opacos.
Ofensiva contra la impunidad algorítmica
El diagnóstico gubernamental es severo. Tras ocho años de mandato, el líder español sostiene que los cimientos de la convivencia están siendo socavados por un espacio sin reglas donde se toleran delitos que en el mundo físico conllevarían penas de cárcel. Como señala el propio Sánchez: "Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, en un lugar donde se ignoran las leyes, donde la desinformación vale más que la verdad". Esta visión se traduce en un paquete de medidas que busca acabar con la ficción de la neutralidad tecnológica.
La medida más disruptiva es, sin duda, la atribución de responsabilidad penal a los ejecutivos de las grandes tecnológicas. La legislación española mutará para que los consejeros delegados respondan personalmente si sus plataformas no retiran contenidos ilegales o de odio. "Se acabó ocultarse tras el código", sentenció el presidente, enviando un mensaje directo a figuras como Elon Musk, a quien acusó de amplificar desinformación sobre la soberanía española tras la regularización de 500.000 inmigrantes.
Soberanía digital y protección de la infancia
El plan estratégico del Gobierno español se estructura sobre cinco pilares que desafían el statu quo de la industria: La tipificación como delito de la manipulación de algoritmos. Investigar a quienes promocionan activamente la polarización para obtener beneficios económicos es el primer paso para desmantelar la economía de la atención tóxica. La creación de una huella de odio. Un sistema de medición que cuantificará cómo cada plataforma alimenta la división social, sirviendo de base para sanciones financieras que conviertan el discurso de odio en un pasivo económico. La prohibición del acceso a menores de 16 años. España busca erradicar el "salvaje oeste digital" mediante sistemas de verificación de edad reales, protegiendo a los menores de espacios de adicción y pornografía generada por inteligencia artificial. La persecución judicial de delitos específicos en plataformas como TikTok, Instagram y la IA de X, Grok. El Gobierno trabajará con la Fiscalía para investigar abusos recientes, incluyendo la pornografía infantil sintética.
Coalición de los dispuestos
Consciente de que la escala de estas empresas supera el poder de muchas naciones, España ha articulado la Coalición de los Digitalmente Dispuestos. Junto a otros cinco países europeos, esta alianza multinacional busca imponer una regulación que sea "más estricta, más rápida y más eficaz". Es un movimiento que recuerda a las coaliciones climáticas: un grupo de vanguardia decidido a establecer estándares que otros terminen por adoptar.
El lanzamiento del fondo soberano España Crece, con la ambición de movilizar 120.000 millones de euros en sectores como la computación cuántica y la energía limpia, demuestra que el país no pretende desconectarse del futuro, sino liderarlo bajo sus propias condiciones. Para Madrid, la soberanía ya no solo se defiende en las fronteras, sino en la integridad del debate público y en la protección de los datos de sus ciudadanos. La batalla por el control del espacio digital ha comenzado y España ha decidido ser el primer Estado en disparar la carga regulatoria.