Isabel Díaz Ayuso ha elevado el tono en su defensa de Alberto González Amador, su pareja, procesado por seis delitos —fraude fiscal, delitos contra la Hacienda Pública y, el que más ha sorprendido, pertenencia a organización criminal—. En declaraciones recientes, la presidenta madrileña ha asegurado: “Los escándalos duran lo que le conviene a Sánchez. Él es quien marca las portadas y la agenda mediática”.
El mensaje es claro: según Ayuso, la investigación judicial que afecta a su entorno es un movimiento orquestado desde Moncloa. Esta teoría, sin embargo, se tambalea cuando se recuerda que la jueza que instruye el caso, Rodríguez Medel, no es precisamente cercana al PSOE: en 2020 fue duramente criticada por la izquierda por imputar al delegado del Gobierno en Madrid por las manifestaciones del 8M en plena pandemia.
El señalamiento a la jueza
“Cuando conocimos la decisión de esta jueza —que es transitoria—, pensé inmediatamente qué sería lo siguiente en el entorno de Sánchez”, declaró, insinuando que la resolución judicial estaba políticamente condicionada.
Lejos de detenerse ahí, Ayuso agregó: “Hoy, por ejemplo, ya tenemos el procesamiento de su hermano.” Para la presidenta madrileña, los tiempos judiciales no son casuales: “Si se sigue la cronología de esta inspección fiscal, cada anuncio ha coincidido con algún acontecimiento en el entorno personal o político del presidente.”
El entorno de Ayuso ha puesto el foco en la propia magistrada. Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, publicó un tuit en el que señalaba a Rodríguez Medel y mencionaba a su hermano, un alto mando de la Guardia Civil, insinuando que todo forma parte de una conspiración política. El mensaje terminaba con un “todo Sánchez es corrupto”, una afirmación que no aporta pruebas pero sí polariza aún más el clima político.
Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto
— MÁR (@marodriguezb) September 22, 2025
Asociaciones judiciales han advertido que este tipo de ataques cruzan una línea roja: no se puede convertir a los jueces en objetivo de la disputa política. En democracia, los procedimientos judiciales deben poder desarrollarse sin presiones ni campañas de desprestigio. Y el hecho de que este señalamiento provenga de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su mano derecha lo hace aún más grave.
El doble rasero
Ayuso insistió en que los casos judiciales tienen un patrón dirigido desde La Moncloa: “A mí me parece que los escándalos en España duran lo que le conviene a Sánchez. Él es quien marca las portadas y la agenda mediática.” Para reforzar su tesis, añadió que el caso que afecta a su pareja “es una inspección fiscal sobre una etapa en la que ni siquiera conocía a mi actual pareja” y que “no tiene ninguna relación con la gestión de la Comunidad de Madrid.”
El discurso del PP resulta especialmente contradictorio si se compara con su reacción cuando es el presidente del Gobierno quien critica a un juez o a una sentencia. Basta con recordar que, cuando Pedro Sánchez cuestionó decisiones judiciales que afectaban a miembros de su Ejecutivo, el PP acusó al presidente de dinamitar la separación de poderes y de atacar el Estado de Derecho.
Ahora, sin embargo, es el propio partido de Ayuso el que ataca abiertamente a una jueza y pone en duda su imparcialidad. Y no lo hace en un mitin cualquiera, sino desde el altavoz institucional de la Comunidad de Madrid. El doble rasero es evidente: lo que en Sánchez es “grave e intolerable”, en Ayuso se justifica como una reacción legítima.
La presidenta se presentó como víctima de una campaña mediática: “Entiendo que mediáticamente sea muy atractivo, pero no tengo nada más que añadir. Si digo más, se me critica por decir demasiado, y si digo menos, también.” Y concluyó: “No soy quien marca la agenda mediática de Pedro Sánchez. Esto tiene que ver con lo que ocurre en Moncloa, donde se reparten argumentarios para que todas las tertulias repitan el mismo mensaje cada mañana.”
Pulseras anti-maltrato como cortina de humo
En su intervención, Ayuso no se limitó a hablar del procesamiento de su pareja. Aprovechó para enumerar otros escándalos y desviar la atención hacia el Gobierno central: “Este caso dura más que toda la corrupción de Koldo, de Ábalos o de Cerdán —que está en prisión— o que el escándalo de las pulseras anti-maltrato que han dejado a mujeres desprotegidas”, afirmó.
Sin embargo, el contrato de las pulseras de control de maltratadores implica también a las comunidades autónomas, incluida Madrid, que deben garantizar su coordinación con el sistema estatal. Feministas y asociaciones de víctimas han señalado que usar este fallo para atacar al Gobierno en lugar de reforzar el sistema es irresponsable.
Aquí vuelve a aparecer el doble rasero: cuando el fallo ocurre bajo la gestión de Sánchez, el PP exige dimisiones inmediatas; cuando la crítica recae sobre ellos, hablan de conspiraciones y de persecución política.
Estrategia de confrontación permanente
La presencia de Miguel Ángel Rodríguez en esta batalla es clave. Su estilo, caracterizado por el ataque frontal y el uso de mensajes incendiarios en redes sociales, ha convertido cada crítica en munición política. Esto puede ser eficaz para movilizar a su electorado más fiel, pero alimenta una dinámica peligrosa: cada vez que se produce un avance en el caso judicial, se responde con más ruido y más polarización, en lugar de aportar explicaciones.
El problema es que esta lógica de confrontación termina dañando la confianza ciudadana en las instituciones. Si cada decisión de un juez se presenta como parte de una operación política, ¿qué queda de la imparcialidad judicial? ¿Cómo confiar en que los tribunales actúan para aplicar la ley y no para favorecer a un partido?
Reacciones de jueces y colectivos feministas
Las asociaciones judiciales han reaccionado con preocupación. Desde Juezas y Jueces para la Democracia han recordado que “las críticas a las resoluciones judiciales deben hacerse desde el respeto y a través de los cauces previstos, no mediante señalamientos personales ni alusiones familiares”. También han pedido que se rebaje la tensión política para proteger la independencia judicial.
Por su parte, colectivos feministas como la Fundación Mujeres han denunciado que el uso partidista del fallo de las pulseras anti-maltrato es “una instrumentalización del dolor de las víctimas”. “En lugar de atacarse mutuamente, las administraciones deben coordinarse para que ninguna mujer quede desprotegida”, señalan en un comunicado.
Lo que está en juego
El procesamiento de González Amador seguirá su curso con todas las garantías. Pero lo que está en juego no es solo su futuro judicial: es la credibilidad de la presidenta y de las instituciones que representa. Ayuso insiste en que “no tiene nada que ver con la gestión de la Comunidad de Madrid”, pero cada vez que convierte el caso en un ataque contra Sánchez arrastra a la institución que preside al terreno del barro político.
España necesita que sus líderes den ejemplo de respeto institucional. Defender a una pareja es comprensible en el plano personal, pero atacar a jueces y usar el sufrimiento de mujeres víctimas de violencia de género como arma arrojadiza es cruzar líneas que no deberían cruzarse.
Si el PP exige respeto a la justicia cuando el presidente critica a los jueces, debería aplicarse la misma vara de medir cuando es su presidenta la que descalifica a una magistrada. El Estado de Derecho no puede depender de quién esté en el poder ni de a quién afecten las decisiones judiciales.