La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enfrenta el mayor escándalo de su carrera política. La jueza Carmen Rodríguez Medel ha dictado auto de apertura de juicio oral contra su pareja, Alberto González Amador, por dos delitos de fraude fiscal, falsedad documental, un delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. El fraude supera los 350.000 euros y, de confirmarse, podría costarle entre cinco y siete años de prisión.
Una trama de facturas falsas
La resolución judicial detalla que González Amador se concertó con al menos cuatro colaboradores —el empresario mexicano Maximiliano Niederer y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo, entre otros— para fabricar facturas ficticias que permitieran reducir artificialmente los beneficios de sus sociedades y así pagar menos a Hacienda. La Agencia Tributaria detectó hasta quince facturas falsas en los ejercicios de 2020 y 2021.
Rodríguez Medel sostiene que existen indicios “claros y consistentes” de que actuó de forma coordinada con otros para defraudar al fisco, lo que justifica la calificación de organización criminal. Este cargo, solicitado por PSOE y Más Madrid como acusación popular, añade hasta dos años de cárcel a la petición de condena que ya había formulado la Fiscalía.
Sin recurso posible y con fecha de juicio pendiente
El auto es firme y no admite recurso. González Amador intentó frenar su publicación hasta que la Audiencia Provincial resolviera sus recursos, pero la jueza rechazó la maniobra. El caso pasa ahora a los juzgados de lo penal de Madrid, que deberán fijar fecha para el juicio oral.
Además, el empresario sigue investigado en una pieza separada por presunto soborno en la compra de la empresa Masterman SL, que los investigadores consideran una comisión encubierta de 500.000 euros pagada al gigante sanitario Quirón, adjudicatario de buena parte de la gestión hospitalaria en Madrid.
La oposición pide la dimisión de Ayuso
La reacción política no se ha hecho esperar. El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha afirmado hoy: “No puede gobernar quien se beneficia a título lucrativo porque vive en un piso que supuestamente está pagado también con ese dinero irregular… Esto no puede seguir así. Ayuso debe dimitir.”
Va pa’lante https://t.co/uFsfo0KI6V
— PSOE Madrid (@psoe_m) September 22, 2025
Desde el Gobierno central, fuentes del Ejecutivo han sido igual de claras: “Solo esperamos el anuncio de la dimisión de Ayuso. Esta situación es insostenible en cualquier democracia seria”, han declarado,
Más Madrid se ha sumado a la exigencia de dimisión inmediata y ha pedido que el Parlamento regional investigue las adjudicaciones de contratos sanitarios a Quirón.
La “organización criminal” y el fraude es lo que ha pagado los dos pisos donde vive ahora Ayuso.
— Más Madrid (@MasMadrid__) September 22, 2025
Están acorralados y ya no hay barbaridad de Ayuso que les vaya a servir para tapar esto. https://t.co/IecFElTohm
Un golpe de credibilidad
La situación deja a la presidenta madrileña políticamente aislada. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Ayuso ha evitado dar explicaciones en sede parlamentaria, limitándose a denunciar un supuesto “lawfare” contra su Gobierno. Sin embargo, la imputación por pertenencia a organización criminal, sumada a la conexión con el principal adjudicatario de hospitales en Madrid, amenaza con convertirse en un terremoto institucional.
El caso González Amador no es un mero escándalo personal: compromete la integridad de las instituciones públicas y la confianza de la ciudadanía. Miles de madrileños sufren listas de espera interminables en la sanidad pública mientras, presuntamente, se teje una red para defraudar a Hacienda y mantener contratos millonarios con la Administración.