La Comunidad de Madrid presentaba este lunes el operativo anual para hacer frente a las nevadas, el hielo y otras inclemencias propias del invierno. Era un acto puramente técnico: un despliegue de personal, vehículos, cámaras meteorológicas, almacenamiento de sal y herramientas de coordinación entre consejerías, servicios de emergencia y ayuntamientos. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso convirtió la comparecencia en un escenario para un discurso político cargado de acusaciones sin pruebas, contradicciones y afirmaciones que distorsionan gravemente el funcionamiento del Estado de derecho.
Este artículo explica de forma clara y accesible lo ocurrido, desmontando cada una de las afirmaciones de la presidenta con hechos verificables y recordando cómo funcionan realmente las instituciones públicas.
Un plan invernal necesario
La presidenta detalló el dispositivo de vialidad invernal: 6.600 efectivos, vehículos quitanieves, sensores meteorológicos, cámaras de vigilancia, coordinación entre administraciones y un sistema tecnológico creciente para anticipar emergencias. Nada que no forme parte de la rutina anual de cualquier comunidad autónoma con zonas de montaña.
La información técnica no presenta controversia. Sin embargo, Ayuso la utilizó como preámbulo para una intervención política donde desplazó el foco de la gestión a un relato de confrontación: denuncias de una supuesta “dictadura”, acusaciones contra el Gobierno central, alusiones a “pactos ocultos” y ataques personales a miembros del PSOE.
Ese fue el verdadero eje de su comparecencia.
1. La renuncia del fiscal general: Ayuso atribuye al Gobierno responsabilidades que no existen
La presidenta comenzó señalando que “el máximo responsable de la legalidad” no podía seguir en su cargo tras la sentencia del Supremo y que, en realidad, “quien estaba en el banquillo era Pedro Sánchez”.
Esto no es cierto por varias razones:
• El fiscal general responde ante el Supremo y no ante Moncloa.
Su renuncia es una consecuencia directa del fallo judicial y del propio funcionamiento de los contrapesos institucionales.
• Ningún tribunal juzga al presidente del Gobierno por delegación.
La idea de que una sentencia contra un cargo público es, en realidad, un juicio a Sánchez carece de fundamento jurídico.
• En democracia, las instituciones no “se condenan” por extensión.
Cada cargo responde por sus propios actos. La responsabilidad personal es un principio básico del derecho.
Ayuso mezcla deliberadamente conceptos jurídicos con opiniones políticas para vincular el caso a una supuesta “ilegitimidad” del Gobierno. No existe base alguna para esa asociación.
2. Reuniones secretas y pactos oscuros: una acusación sin pruebas
Ayuso aseguró que “ETA entregó la legislatura a Sánchez” y dio por hecho “reuniones ocultas”, pactos clandestinos y una cadena de favores que incluiría empresas públicas, decisiones judiciales y equilibrios parlamentarios.
Estas afirmaciones:
• Carecen de pruebas, datos o documentos.Ninguna institución ha acreditado nada semejante. Además, El Español lo ilustró con una foto falsa realizada con inteligencia artificial, una imagen que es irreal, además de inmoral, y que la propia Ayuso difundió en sus redes sociales.
La trama Navarra llevó a Bildu a apoyar la moción contra Rajoy y a la investidura de Sánchez, sin luz ni taquígrafos. Con el PNV y Koldo de fondo.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 23, 2025
Esta es la gran corrupción del proyecto de Sánchez: sobre qué se asienta.
Más allá de prostitución, fontaneras, cátedras y… pic.twitter.com/bClyWEABSS
• Confunden negociaciones políticas públicas con conspiraciones.
En democracia, los partidos negocian apoyos parlamentarios. Ese proceso es legítimo yAdemás transparente: se vota en el Congreso.
• Equiparan a Bildu con ETA, algo rotundamente falso.
Bildu es un partido legal, votado por cientos de miles de ciudadanos, cuyo encaje constitucional ha sido avalado por el Tribunal Constitucional y la Junta Electoral.
El discurso de Ayuso se basa en sugerencias, no en hechos.
3. Acusaciones de “dictadura”: una afirmación incompatible con la realidad
Ayuso insistió en que España se dirige hacia “una dictadura”, asegurando que el Gobierno controla el Supremo, el Constitucional y la Fiscalía.
La teoría no se sostiene:
• El Supremo ha dictado una sentencia con la que el propio Gobierno ha dicho públicamente que no está de acuerdo.
Eso es justamente lo contrario a un control político.
• El Tribunal Constitucional revisará el recurso del Gobierno porque así lo prevé la ley.
No es un mecanismo excepcional, sino normal en cualquier Estado de derecho.
• Las instituciones han actuado de manera independiente.
Si existiera control gubernamental, el fallo contra el Fiscal General nunca habría salido adelante.
Además, los organismos europeos —incluyendo el Consejo de Europa— no han emitido ninguna alerta sobre retrocesos democráticos en España. Las democracias no se evalúan por discursos, sino por hechos.
4. La estrategia de la confusión: mezclar casos sin relación
Ayuso enumeró nombres, casos, territorios y decisiones sin conexión jurídica entre sí:
Ábalos, Koldo, Navarra, el PNV, Bildu, Puigdemont, Telefónica, RTVE…
La técnica es conocida: se sugiere que todo forma parte de una única trama. Pero no existe un vínculo acreditado entre estos asuntos. Cada uno responde a dinámicas distintas: investigaciones judiciales, decisiones parlamentarias, debates corporativos o relaciones institucionales.
Esa amalgama sirve para generar una sensación de caos y descontrol que después se atribuye al Gobierno central.
5. Victimismo institucional: Ayuso se presenta como perseguida
La presidenta afirmó que su pareja, el director de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, ella misma y otros cargos del PP sufren “acoso del aparato del Estado”.
Pero la realidad es la contraria:
• Los procedimientos que afectan a figuras del entorno de Ayuso provienen de denuncias documentadas, investigaciones policiales y resoluciones judiciales.
• Las causas se tramitan con las mismas garantías que cualquier otra.
Presentarse como víctima de los tribunales mientras se acusa al Gobierno de controlar esos mismos tribunales es una contradicción evidente.
6. Un discurso que erosiona la confianza en las instituciones
Lo más preocupante de la intervención no fue la dureza, sino el propósito: sembrar desconfianza sistemática en el marco democrático, cuestionar a los tribunales cuando dictan resoluciones desfavorables y legitimar únicamente las decisiones que coinciden con su posición política.
La presidenta convirtió un acto de gestión pública en un mitin donde los hechos se sustituyeron por insinuaciones, los procesos judiciales por relatos emocionales y el equilibrio institucional por un discurso calculado para tensionar a la opinión pública.
Madrid necesita gestión, no discursos incendiarios
La ciudadanía no gana nada cuando un plan técnico —necesario, operativo y perfectamente explicable— se transforma en una herramienta de polarización.
Los madrileños necesitan información rigurosa sobre cómo se preparan sus carreteras para el invierno, no discursos que presentan a España como un país al borde del colapso institucional sin aportar un solo dato que lo respalde.
España tiene problemas reales, pero ninguno se soluciona atacando al Estado de derecho o difundiendo teorías sin fundamento.
Madrid merece una presidenta que gestione con rigor, comunique con responsabilidad y respete a las instituciones que garantizan la convivencia democrática.