La salida de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado se ha acelerado de forma fulminante. El máximo responsable del Ministerio Público ha presentado su renuncia este lunes, adelantándose a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que lo inhabilita durante dos años. Una decisión que, aunque esperada tras el fallo judicial, se ha materializado con un movimiento poco habitual: dimitir antes de que la propia resolución sea notificada formalmente.
Según la carta enviada al ministro de Justicia, Félix Bolaños —a la que ha tenido acceso la Cadena SER—, García Ortiz solicita su cese voluntario “sin esperar a conocer los fundamentos” de la sentencia. Es decir, el fiscal general asume inmediatamente las consecuencias jurídicas del fallo y evita prolongar una situación que, en sus propias palabras, “daña a la institución y genera incertidumbre”.
Una renuncia previa a la notificación oficial
Lo relevante de este gesto no es solo la renuncia, sino el momento. Normalmente, quienes ocupan un cargo de este nivel esperan a que la sentencia esté firmada, motivada y oficialmente comunicada. En este caso, el fiscal general ha optado por anticiparse, consciente del impacto institucional que tendría que el Supremo ejecutara la inhabilitación mientras él seguía al frente.
En la carta remitida al Gobierno, explica que actúa “por respeto a las resoluciones judiciales” y para preservar la estabilidad de la Fiscalía. El propio García Ortiz reconoce que el fallo del jueves pasado precipitó esta decisión, aunque insiste en que su etapa —de casi tres años— la ha desempeñado con “vocación de servicio público” y “lealtad institucional”.
Tres años marcados por la polémica
Su mandato ha estado lleno de tensiones internas, choques públicos y varias polémicas que han lastrado su imagen frente a parte de la carrera fiscal. La condena del Supremo —relacionada con la difusión de datos personales en una causa judicial— ha sido el capítulo final de un periodo convulso, en el que la confianza de la institución se había ido erosionando.
Aunque aún falta que la sentencia complete su recorrido procesal, su contenido es suficientemente claro como para impedirle continuar. De hecho, la ejecución de la pena de inhabilitación sería automática en cuanto la resolución se notificara oficialmente.
El Gobierno deberá aceptar su salida en Consejo de Ministros
La renuncia del fiscal general no es efectiva de manera inmediata. Para que se haga realidad, el Consejo de Ministros debe aprobarla, tal como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En su misiva, García Ortiz cita expresamente los artículos que regulan esta posibilidad y solicita que el Ejecutivo dé luz verde a su cese cuanto antes.
En un cierre de tono institucional, agradece al Gobierno la confianza depositada en él en 2022 cuando fue nombrado. Afirma que devuelve esa confianza “en el momento en que corresponde”, convencido de que su continuidad al frente de la Fiscalía ya no era compatible con el fallo del Supremo.
Un gesto pensado para contener la crisis
La renuncia previa evita que el Tribunal Supremo se vea en la obligación de ejecutar la inhabilitación mientras el fiscal general continúa en su puesto, una situación que habría generado un choque de enorme gravedad entre poderes del Estado. Con su dimisión, García Ortiz pretende cerrar la crisis de la forma menos traumática posible y permitir que el relevo se produzca sin cuestionamientos sobre la legitimidad o estabilidad de la institución.
Su salida abre ahora un nuevo escenario para el Gobierno, que deberá proponer a un sustituto o sustituta en un momento especialmente sensible. La Fiscalía necesita recuperar tranquilidad interna y una imagen pública que se ha visto seriamente dañada en los últimos meses.
La dimisión no pone fin al debate político ni jurídico, pero sí marca un punto de inflexión: el responsable del Ministerio Público abandona su cargo antes de ser formalmente expulsado por la Justicia, subrayando la importancia de la independencia de los poderes del Estado y del respeto a sus decisiones.