Isabel Díaz Ayuso se quejaba hace apenas unos días de que los periodistas insistieran en preguntarle por el ático de 6,3 millones de euros comprado por Planifica Madrid y no por la gestión de los incendios de la Sierra Oeste. La presidenta reclamó «sensibilidad» y pidió que se hablara de los pueblos afectados. Pues bien: las informaciones conocidas ahora sobre la organización de los realojos permiten hacer exactamente eso, hablar de su gestión, y el resultado dista mucho del relato de eficacia que pretende proyectar su Gobierno.
La Comunidad de Madrid niega haber utilizado criterios políticos para distribuir a las personas desalojadas. Sin embargo, varios ayuntamientos sostienen que vecinos que huían del fuego fueron enviados a localidades considerablemente más alejadas mientras otros municipios próximos habían ofrecido instalaciones, camas, alimentos y capacidad de acogida. Las acusaciones de favoritismo partidista no están acreditadas, pero las distancias, los recursos desaprovechados y las contradicciones entre administraciones sí están documentados y requieren una explicación que hasta ahora no se ha producido con suficiente detalle.
De Cenicientos a Alcalá, más de cien kilómetros
Uno de los casos más llamativos es el de Cenicientos. Parte de sus vecinos terminó en Alcalá de Henares, gobernada por el PP y situada a unos 118 kilómetros por carretera, mientras Fuenlabrada se encontraba bastante más cerca y asegura que había ofrecido sus instalaciones a la Comunidad. También vecinos de Zarzalejo fueron derivados hacia Alcalá pese a que existían alternativas más próximas.
Algo parecido ocurrió con Navalagamella. Sus evacuados fueron enviados a Alcobendas, también gobernada por el PP, mientras Villanueva del Pardillo se encuentra a unos 19 kilómetros y su Ayuntamiento afirma que había preparado un polideportivo, dos pabellones y otros equipamientos con capacidad para más de un millar de personas. Su alcalde, Eduardo Fernández, ha llegado a afirmar que considera que «se ha hecho política». Es una acusación que debe demostrarse, pero resulta difícil entender por qué en una emergencia no se aprovechó una oferta de semejante capacidad situada mucho más cerca.
Navalcarnero añade todavía más confusión. El municipio, cercano a varias de las localidades afectadas, asegura que preparó instalaciones para centenares de personas y terminó acogiendo muchas menos. La Comunidad sostiene que inicialmente comunicó que no tenía disponibilidad; el Ayuntamiento lo niega y afirma que había puesto recursos a disposición y solicitado material. Dos versiones incompatibles sobre algo que debería quedar registrado minuto a minuto en cualquier dispositivo de Protección Civil.
Evacuados del fuego en un pabellón con deficiencias conocidas
Más preocupante es lo ocurrido en Villaviciosa de Odón. Unos 260 evacuados, incluidos menores, fueron alojados durante varios días en el pabellón municipal de judo Francisco Valcárcel. El propio Ayuntamiento había reconocido previamente que sus instalaciones de protección contra incendios necesitaban adecuarse y había licitado unas obras que todavía no estaban ejecutadas cuando se utilizó el recinto para acoger a quienes acababan de abandonar sus casas precisamente a causa de un incendio.
El consistorio puntualiza que las obras pendientes no suponían instalar desde cero un nuevo sistema antiincendios, sino adecuar el existente. La precisión es importante, pero no elimina el problema político y administrativo: ¿quién comprobó la idoneidad del edificio antes de trasladar allí a centenares de personas vulnerables y qué evaluación de seguridad se realizó?
La emergencia obliga a tomar decisiones rápidas y ninguna Administración puede garantizar condiciones ideales en una catástrofe de esta magnitud. Pero rapidez no significa arbitrariedad. Precisamente cuando hay que improvisar resulta imprescindible poder demostrar después por qué se escogió una instalación y no otra y bajo qué criterios de seguridad.
El mapa político del incendio solo del PP
El sesgo no aparece únicamente en el mapa de los realojos. También la agenda pública de Ayuso durante los incendios se concentró de forma llamativa en municipios gobernados por el Partido Popular, como Villa del Prado, Cenicientos, Pelayos de la Presa o Villamanta, mientras alcaldes de otros partidos denunciaban que sus recursos disponibles no eran utilizados. Es cierto que la presidenta pasó también por Navalcarnero, gobernado por el PSOE, lo que impide afirmar rigurosamente que evitara todos los municipios de izquierdas; pero la imagen global vuelve a plantear la misma pregunta que los traslados: por qué, en una emergencia que afectaba por igual a ciudadanos de cualquier signo político, tantas decisiones y fotografías institucionales terminaron concentrándose alrededor de ayuntamientos del PP.
Ayuso quería que habláramos de gestión
La Comunidad puede exhibir actuaciones importantes: ayudas de vivienda, alojamiento hotelero, apoyo a autónomos, recuperación de carreteras y un plan global de reconstrucción cercano a los 100 millones. Sería absurdo negarlo.
Pero gobernar no consiste únicamente en anunciar millones cuando las cámaras llegan después del incendio. También consiste en gestionar correctamente durante las horas en que miles de ciudadanos necesitan saber dónde van a dormir y quién se hace responsable de ellos.
La utilización partidista de los realojos
Lo que ya puede calificarse, como mínimo, de gestión irresponsable es que todavía no exista una explicación transparente de por qué determinadas familias recorrieron decenas de kilómetros adicionales mientras había plazas ofrecidas más cerca, por qué algunos recursos municipales quedaron infrautilizados y cómo acabaron 260 evacuados alojados en unas instalaciones cuya adecuación contra incendios seguía pendiente.
Ayuso quería que se hablara menos de su ático y más de los incendios. El problema es que hablar de los incendios significa también examinar las decisiones de su Gobierno. Y esta vez tampoco basta con señalar a Pedro Sánchez.
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