Isabel Díaz Ayuso volvió a hacer este lunes lo que mejor ha funcionado durante sus siete años al frente de la Comunidad de Madrid: comenzar hablando de Madrid y terminar hablando de Pedro Sánchez. Lo hizo además en un momento especialmente delicado para su Gobierno, cuando todavía no se han despejado las principales incógnitas de la compra por 6,3 millones de euros de un ático de lujo en Chamberí por parte de la empresa pública Planifica Madrid y cuando la oposición ha trasladado ya el asunto a distintos frentes políticos y judiciales. La operación sigue siendo objeto de controversia después de que la primera explicación apuntara a su utilización como oficina provisional de la presidenta y, poco después de hacerse pública, el Ejecutivo decidiera desprenderse del inmueble.
El escenario escogido esta vez era la recuperación de la Sierra Oeste tras los devastadores incendios de julio y, por tanto, un asunto sobre el que la Comunidad sí tiene mucho que explicar, gestionar y ejecutar. Ayuso enumeró medidas para ganaderos, agricultores y bodegas, habló de alimentación para el ganado, reposición de animales y ayudas vinculadas a la Política Agraria Común, pero acabó abandonando el campo madrileño para entrar de lleno en Ceuta, Marruecos, Italia, la Unión Europea y, naturalmente, Pedro Sánchez.
El problema es que cuando se revisan sus palabras con los documentos oficiales delante, algunas de las afirmaciones necesitan bastantes más matices de los que ofrece el discurso presidencial.
Unos «intereses de la PAC» que no son exactamente de la PAC
Una de las expresiones más desconcertantes fue el anuncio de «convenios con los bancos para el pago de los intereses de la PAC». Tomada literalmente, la frase induce a error porque las ayudas directas de la Política Agraria Común no son créditos bancarios sobre los que agricultores y ganaderos tengan que pagar intereses.
Existe, sin embargo, una realidad administrativa detrás de las palabras de Ayuso. La Comunidad de Madrid se incorporó en mayo al Instrumento Financiero de Gestión Centralizada de Garantía de Cartera del FEADER, integrado en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Ese mecanismo, ejecutado a través de SAECA, permite facilitar préstamos privados garantizados a agricultores y empresas rurales y contempla expresamente la posibilidad de combinar esas operaciones con bonificaciones de intereses. El propio convenio establece además que SAECA puede trabajar con entidades financieras concedentes de esos préstamos.
Por tanto, hay una medida real, pero no son «intereses de la PAC» como podría entender cualquiera que escuche a la presidenta, sino intereses de préstamos privados que pueden beneficiarse de un instrumento financiero incluido dentro del PEPAC. No es una distinción semántica irrelevante: una cosa es recibir una subvención agrícola europea y otra endeudarse con un banco mediante un préstamo garantizado y eventualmente bonificado.
Ayuso convierte así un mecanismo financiero bastante preciso en una frase políticamente sencilla pero técnicamente defectuosa.
Las razas autóctonas y los misteriosos "animales de fuera"
Algo semejante ocurre con otro de sus anuncios. La presidenta habló de «incorporar y reponer razas autóctonas, primero aquí en las explotaciones, pero también en los animales de fuera», una construcción difícil de interpretar incluso desde el punto de vista ganadero.
La reposición de razas autóctonas, en sí misma, tiene sentido y no es ninguna ocurrencia. La Comunidad mantiene programas de conservación genética y este mismo año entregó ejemplares de raza Avileña-Negra Ibérica a explotaciones madrileñas, mientras el Ejecutivo destina fondos a la conservación de este patrimonio ganadero.
Lo que resulta imposible aclarar a partir de las palabras de Ayuso es qué significa exactamente extender la medida "a los animales de fuera". Una raza puede ser autóctona aunque un ejemplar proceda de una explotación situada fuera de la Comunidad de Madrid, de manera que el origen geográfico del animal y la consideración zootécnica de la raza no son la misma cosa. Si existe una nueva medida concreta detrás de esa frase, el Gobierno debería explicarla con bastante más precisión.
Anuncios nuevos que no son tan nuevos
La presidenta habló asimismo de una partida de un millón de euros destinada a cubrir necesidades de las explotaciones ganaderas afectadas, como alimentación y asistencia veterinaria. La medida existe, pero tampoco nació este lunes: fue anunciada oficialmente por la propia Ayuso el 24 de julio, cuando el incendio se encontraba todavía en uno de sus momentos más críticos.
Tampoco coincide sin más la nueva cifra sobre alimentación animal con la última publicada por la Comunidad. Ayuso habló ahora de 600.000 kilos de paja o forraje, mientras que la comunicación oficial disponible del 26 de julio anunciaba 300.000 kilos de forraje para las explotaciones afectadas.
Eso no permite afirmar que Ayuso haya falseado la cifra: es perfectamente posible que en las dos semanas transcurridas se haya duplicado el suministro. Pero precisamente porque se trata de dinero y recursos públicos, el Gobierno debería acompañar el nuevo balance con datos que permitan comprobar cuándo, dónde y a qué explotaciones se ha entregado ese segundo tramo. En política institucional, pasar de 300.000 a 600.000 kilos no debería depender únicamente de la palabra de quien lo anuncia.
La misma cautela merece la relación de 21 explotaciones afectadas, 15 bodegas y los 323.800 euros que, según la presidenta, se habrían recaudado ya mediante donaciones. Son cifras perfectamente posibles, pero mientras no exista el correspondiente desglose público actualizado deben presentarse como lo que son: datos ofrecidos por Ayuso, no todavía como cantidades independientemente auditables.
Del ganado madrileño a Pedro Sánchez
Hasta aquí podía discutirse sobre la precisión de unas medidas de reconstrucción. Pero Ayuso decidió abandonar rápidamente ese terreno para volver al escenario que domina mucho mejor: el enfrentamiento con el presidente del Gobierno.
Aseguró que «el desprestigio internacional de España va a seguir creciendo porque Pedro Sánchez es incapaz de defender nuestras fronteras» y responsabilizó al Gobierno de una política de «inmigración descontrolada» que, según ella, «ataca también a la Unión Europea».
La crisis de Ceuta ha sido extraordinariamente grave y ha revelado problemas serios de control fronterizo y capacidad de acogida. Eso admite una crítica política durísima al Gobierno central. Lo que no admiten los hechos es presentar al Estado como si hubiera permanecido al margen de la frontera. El propio Sánchez se desplazó a Ceuta el 31 de julio acompañado del ministro del Interior, mantuvo una reunión de coordinación con el presidente ceutí, el delegado del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil, responsables del CETI y Cruz Roja, y visitó antes la frontera del Tarajal.
Además, desde junio estaba desplegada la Operación Minerva 2026, coordinada por Policía Nacional y Frontex, con hasta 137 expertos y presencia en Algeciras, Tarifa y Ceuta precisamente para hacer frente a inmigración irregular y delincuencia transfronteriza.
Se podrá discutir si el dispositivo resultó insuficiente, si el Gobierno reaccionó tarde o si la relación con Marruecos ha fracasado. Eso es política y existen argumentos para sostenerlo. Lo que no es una descripción objetiva es afirmar simplemente que Sánchez es «incapaz de defender nuestras fronteras» como si no existiera ninguna actuación estatal.
Tampoco respalda Bruselas la afirmación de que España esté "atacando a la Unión Europea" con su política migratoria. Apenas dos semanas antes de la crisis, la Comisión Europea consideraba adecuada la cooperación operativa española en la aplicación de las nuevas reglas de responsabilidad del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Esa evaluación es anterior a la avalancha de Ceuta y no exonera al Gobierno de sus errores posteriores, pero sí demuestra que la frase de Ayuso es propaganda política, no una conclusión institucional de la UE.
Italia: contar solo la mitad también distorsiona
La presidenta lamentó igualmente «el trato que se les está dando a los italianos» y volvió a acusar a Sánchez de aislar a España de las «primeras potencias del mundo». Pero la secuencia de los acontecimientos importa: fue Italia quien introdujo primero controles para viajeros procedentes de España tras la crisis de Ceuta, y posteriormente el Gobierno español respondió aplicando controles a viajeros procedentes de Italia. La escalada puede criticarse y la respuesta española puede considerarse acertada o irresponsable, pero presentar el asunto como una agresión unilateral de Sánchez contra los italianos elimina deliberadamente la primera mitad de la historia.
Y una crisis diplomática con Roma, por seria que sea, tampoco equivale a demostrar que España se encuentre internacionalmente aislada.
El enemigo siempre está fuera
Ahí aparece la paradoja política de esta comparecencia. Ayuso tenía delante una Sierra Oeste devastada, explotaciones ganaderas que necesitan ayuda, bodegas afectadas, montes que deberán recuperarse durante años y medidas propias cuya ejecución debe explicar con precisión. Sin embargo, terminó dedicando buena parte del discurso a Sánchez, Marruecos, la inmigración, Italia y la Unión Europea.
Todo ello sucede mientras su propio Gobierno continúa sin cerrar la crisis del ático de Chamberí. Planifica Madrid adquirió en abril una vivienda de 485 metros cuadrados por 6,3 millones, la operación no figuraba inicialmente entre las inversiones presupuestadas que habían trascendido públicamente, la primera explicación fue que serviría como oficina temporal de Ayuso durante las obras de la Real Casa de Correos y horas después su equipo admitió que ese destino «no estaba tomado al cien por cien». Finalmente, el Ejecutivo decidió vender el inmueble.
No puede afirmarse que Ayuso haya hablado de Sánchez para distraer deliberadamente la atención del ático porque eso exigiría conocer una intención que no está demostrada. Pero sí puede constatarse algo que se repite una y otra vez en su política: cuando las preguntas incómodas están dentro de Madrid, el discurso de la presidenta acaba encontrando muy rápidamente un enemigo fuera de Madrid.
Esta vez resulta especialmente llamativo porque mientras exige a Sánchez explicaciones sobre fronteras, Europa y relaciones internacionales, todavía permanece abierta una pregunta mucho más cercana y mucho más sencilla sobre una decisión tomada por una empresa pública dependiente de su propio Ejecutivo.
¿Para qué necesitaba la Comunidad de Madrid comprar un ático de lujo de 6,3 millones de euros que decidió vender apenas se conoció públicamente la operación?
Para responder a esa pregunta no sirven Marruecos, Italia, la PAC ni Pedro Sánchez.
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