Isabel Díaz Ayuso convirtió la justicia en eje de su mensaje durante la inauguración del nuevo palacio judicial de Torrejón de Ardoz. Reivindicó inversión, modernidad y compromiso institucional. El edificio, de 19,5 millones de euros, unifica órganos antes dispersos en cinco sedes y da servicio a más de 230.000 vecinos de once municipios. Es, sin duda, un avance en accesibilidad y comodidad. Pero el panorama completo obliga a mirar más allá del ladrillo: Madrid mantiene una ratio de 10,4 jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional, y el Tribunal Superior de Justicia reclama refuerzos.
Infraestructuras al alza: qué mejora realmente
La nueva sede destaca por su diseño accesible y medidas de protección para personas vulnerables: entradas separadas para evitar contactos entre víctimas y presuntos agresores, cámara Gesell para declaraciones de menores y circuitos internos que priorizan la seguridad. Estos elementos son mejoras tangibles que repercuten en la experiencia del ciudadano.
El Gobierno regional enmarca Torrejón en un plan de modernización que, según sus cifras, ha intervenido en el 90 % de los órganos judiciales y movilizado 830 millones de euros, incluyendo nuevas sedes y ampliaciones en varios partidos judiciales. Son actuaciones necesarias y visibles: arreglan edificios obsoletos, concentran servicios y reducen traslados innecesarios.
“Trabajamos cada día para mejorar las infraestructuras de los 21 partidos judiciales”, defendió Ayuso.
El punto débil: pocos jueces para tanta demanda
Aunque haya más y mejores instalaciones, el cuello de botella persiste: faltan jueces y magistrados. La propia Comunidad señala que el Ministerio fija las plazas, mientras la región asume medios materiales y personal de apoyo. Es cierto, pero para el ciudadano lo determinante es el tiempo de respuesta del sistema.
Con 10,4 jueces por 100.000 habitantes y una de las mayores cargas de trabajo del país, la saturación es una consecuencia previsible. La Comunidad subraya que es la autonomía con más funcionarios por juez (8,5 frente a 7,7), pero esa proporción no compensa por completo la escasez de togados. En términos sencillos: un edificio nuevo ayuda; sin suficientes jueces, la agilidad procesal sigue en riesgo.
- Más plantillas en juzgados y fiscalías para reducir retrasos.
- Convocatorias estables y planificación a medio plazo.
- Digitalización útil (no solo formal) que acorte trámites.
- Evaluaciones públicas sobre impacto real de cada inversión.
Qué dicen las palabras de Ayuso y qué significan
En su discurso, la presidenta acusó al Gobierno central de “minar la independencia judicial” y alertó de una reforma procesal que daría al Ministerio Fiscal la instrucción penal. Para entenderlo: en varios países europeos la Fiscalía investiga, pero siempre bajo control de un juez. La propuesta no elimina a los jueces ni convierte a los fiscales en “instrumentos del Gobierno”; reordena fases del proceso y exige garantías de autonomía y control judicial efectivo.
Hablar de “asalto al Estado de Derecho”, de que “los que han cometido delitos redactan leyes” o de que “Bildu está al mando” forma parte del pulso político. Son expresiones contundentes que no describen el funcionamiento diario de un juzgado ni sustituyen al análisis técnico. Para el lector, lo relevante es distinguir entre hechos verificables (inversiones, ratios, plazos) y valoraciones partidistas (metáforas, hipérboles, consignas).
Lo que importa al ciudadano que entra por la puerta
Quien acude a una sede judicial busca respuestas claras y en tiempos razonables. La de Torrejón aporta entornos más dignos y seguros, algo que cuenta y mucho. Pero la experiencia completa depende de factores que no se ven en la fachada: número de jueces, organización interna, herramientas digitales que sí ahorren tiempo, coordinación entre administraciones y financiación suficiente para aplicar cualquier reforma.
La llamada “Ley de Eficiencia de la Justicia”, criticada por Ayuso, no elimina a los jueces ni conduce a una “justicia sin jueces”; su objetivo es simplificar y ordenar procedimientos. La discusión razonable está en cómo se implementa, con qué recursos y plazos, y con qué participación de las comunidades. Ese es el debate práctico que afecta a la persona que espera una sentencia o una medida cautelar.
Entre el mármol y los plazos
La inauguración de Torrejón es un paso adelante. Reconocerlo no resta exigir lo esencial: más jueces y mejor organización para que la justicia llegue a tiempo. El discurso de Ayuso combina avances reales en obras con afirmaciones políticas muy rotundas. Para que el titular no se quede en foto, la Comunidad y el Estado deben coordinarse: edificios terminados, plantillas reforzadas y reformas con recursos. Solo así Madrid podrá presumir no solo de sedes modernas, sino de una justicia más rápida, accesible y comprensible para todos.