Las palabras de Isabel Díaz Ayuso ya no pueden despacharse como una simple sobreactuación política. Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que en Barcelona habrá “una reunión de narcoestados en torno al presidente Sánchez”, no está solo atacando al Gobierno central: está insultando a países soberanos, dinamitando la imagen exterior de España y colocando a una institución autonómica en una posición de abierta agresión diplomática.
La gravedad de una acusación sin pruebas
No hay eufemismo que valga. No hay matiz que la salve. Llamar “narcoestados” a países que van a participar en una reunión internacional con Pedro Sánchez es una afrenta de enorme calado. Y lo es todavía más cuando entre los asistentes figuran mandatarios y representantes de países como México, Brasil, Colombia, Uruguay, Sudáfrica o Lituania, en una cita que medios de referencia sitúan como una gran reunión internacional en defensa de la democracia y de articulación del espacio progresista frente al auge de la ultraderecha global.
Ayuso dijo literalmente que había “dos fotos”: “la de esa reunión del mundo libre” en Madrid y “una reunión de narcoestados en torno al presidente Sánchez”. La frase no es una metáfora inocente. Es una acusación de extrema gravedad. Porque el término “narcoestado” no describe una discrepancia ideológica ni una diferencia de modelo político: implica que las estructuras de un país están penetradas o dominadas por el narcotráfico. Es, por tanto, una imputación política y moral demoledora. Y Ayuso la lanza sin pruebas, sin informes, sin base diplomática y sin ninguna competencia institucional para hacerlo.
España no es una comunidad autónoma en política exterior
Ese es uno de los aspectos más graves del episodio. La política exterior corresponde al Estado, no a una comunidad autónoma. La presidenta madrileña no habla en nombre de España en foros diplomáticos, no fija la posición exterior del país y no debería dinamitar las relaciones con gobiernos extranjeros a golpe de consigna partidista. Pero eso es exactamente lo que hace cuando desde Bruselas decide presentar como “narcoestados” a países con los que España mantiene relaciones estratégicas, económicas, culturales y multilaterales de primer orden.
Basta ver quiénes están realmente en Barcelona para medir la magnitud del disparate. La cita ha reunido o movilizado a líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Yamandú Orsi, junto a dirigentes europeos, sindicales y sociales, dentro de una agenda que gira en torno a la democracia, la cooperación internacional, la tecnología, la desigualdad y el freno al nacionalismo autoritario. Presentar ese encuentro como una concentración de “narcoestados” no es análisis político: es propaganda zafia, impropia de una representante pública.
El eco del trumpismo en Madrid
Además, la acusación de Ayuso golpea de forma especialmente obscena a México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ya había tenido que responder hace apenas unas semanas a otra ofensiva verbal de la dirigente madrileña. Su contestación fue inequívoca: “Es absolutamente falso lo que dice”. Sheinbaum denunció así unas declaraciones previas de Ayuso en las que equiparaba a México con regímenes autoritarios, dejando en evidencia que la presidenta madrileña reincide en un patrón de descalificación sin sustento real.
Y resulta todavía más revelador que, en vísperas de la reunión de Barcelona, Sheinbaum haya querido subrayar que “no es una reunión antiTrump”, sino una cita orientada a la cooperación internacional y a la paz. Es decir, mientras una jefa de Estado rebaja el tono, busca encajar diplomáticamente el encuentro y evita convertirlo en una provocación, Ayuso hace exactamente lo contrario: incendia, caricaturiza e insulta.
Con Brasil ocurre algo parecido. Lula y Sánchez han impulsado en Barcelona la primera cumbre bilateral España-Brasil, con una agenda de acuerdos económicos, tecnológicos y sociales, además de una voluntad política expresa de reforzar el multilateralismo y la cooperación entre ambos países. Llamar “narcoestado” al entorno diplomático en el que se produce ese acercamiento no solo es ofensivo para Brasil: es una patada contra los propios intereses internacionales de España.
¿Por qué en Madrid “no pasa nada”?
Lo que subyace en estas palabras es algo ya muy reconocible: la importación a Madrid del lenguaje político trumpista. Ayuso vuelve a utilizar la retórica de bloques absolutos, del “mundo libre” frente a una supuesta conjura de enemigos, de la simplificación brutal que divide el planeta entre los buenos que ella bendice y los malos que ella demoniza. No hay diplomacia, no hay prudencia, no hay respeto institucional. Solo hay polarización, bronca y un uso irresponsable de la tribuna pública.
Y ahí aparece otra pregunta incómoda: ¿por qué una parte de la sociedad madrileña parece haberse vuelto inmune a estos excesos? Probablemente porque el escándalo permanente anestesia. Cuando cada declaración busca ser más estridente que la anterior, el insulto se normaliza. Pero que una barbaridad se repita no la convierte en aceptable. Que Ayuso haya hecho del agravio una forma de comunicación no significa que el resto del país, ni mucho menos los países aludidos, tengan obligación alguna de soportarlo.
De hecho, conviene plantear con seriedad qué respuesta diplomática deberían estudiar los Estados insultados. México, Brasil y cualquier otro país que se considere aludido tienen motivos más que suficientes para exigir explicaciones. Podrían hacerlo mediante protestas formales, notas verbales a la embajada de España, solicitudes públicas de rectificación o peticiones al Gobierno español para que se desmarque de esas palabras. Nada de eso sería exagerado. Exagerado fue llamar “narcoestados” a países soberanos sin aportar una sola prueba.
Y aquí la pelota también está en el tejado del Estado. Porque si una presidenta autonómica injuria a socios internacionales de España y no ocurre nada, el mensaje exterior es desastroso. La sensación que se transmite es que cualquier cargo institucional puede deteriorar relaciones diplomáticas por interés partidista sin pagar ningún precio político. Eso erosiona la imagen de España como socio serio, previsible y respetuoso.
Meloni
La comparación con Giorgia Meloni resulta, además, muy elocuente. Incluso una dirigente europea situada en la derecha dura y considerada durante mucho tiempo una de las más cercanas a Donald Trump ha marcado distancias en los últimos meses. Reuters ha informado de críticas de Meloni a decisiones de Trump, calificando de “error” algunos de sus movimientos, y también de su condena por “inaceptables” a determinados ataques verbales del líder estadounidense. Es decir, incluso quienes habían cultivado esa cercanía empiezan a entender que el coste político y diplomático del trumpismo puede resultar insoportable. (Reuters)
En Madrid, sin embargo, el PP de Ayuso parece optar por el camino inverso: cuanto más desquiciado es Trump, más se copia su método. Más hipérbole, más insulto, más enemigo absoluto, más degradación del lenguaje público. El resultado no es fortaleza política, sino degradación institucional.
Porque conviene decirlo claro: Ayuso no ha insultado solo a Sánchez. Ha insultado a países enteros. Ha faltado al respeto a gobiernos legítimos. Ha proyectado una imagen frívola y agresiva de una institución española. Y ha vuelto a demostrar que para una parte de la derecha madrileña la política exterior no es una cuestión de Estado, sino una sucursal de la agitación ultra.
La pregunta final, por tanto, no es solo qué pretende ganar Ayuso con esta escalada verbal. La cuestión de verdad importante es otra: ¿hasta cuándo van a tolerar México, Brasil y el resto de países agraviados que una dirigente autonómica española los difame como si fueran caricaturas al servicio de su guerra partidista? Y junto a esa, otra todavía más incómoda para España: ¿cuánto bochorno diplomático está dispuesto a asumir el país antes de exigir que alguien ponga freno a esta deriva?
La pregunta clave: ¿qué deberían hacer los países afectados?
Si se toma en serio el contenido de las declaraciones, la cuestión no es retórica. Es jurídica y diplomática.
Los países aludidos —México, Brasil y otros que puedan sentirse incluidos— tienen varias vías de respuesta:
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Solicitud formal de aclaraciones al Gobierno español
No a la Comunidad de Madrid, sino al Estado, que es el responsable de la política exterior. -
Protesta diplomática
A través de sus embajadas, exigiendo una rectificación o desmarque oficial. -
Revisión del tono en relaciones bilaterales
Sin romper vínculos, pero marcando límites claros. -
Pronunciamientos públicos
Como ya ha hecho México, desmontando la acusación y evidenciando su falta de rigor.
Estas acciones no serían desproporcionadas. Serían proporcionales a la gravedad del insulto.