Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a hacerlo. La presidenta de la Comunidad de Madrid convirtió el acto de celebración de sus tres años de Gobierno en un discurso de confrontación total, plagado de acusaciones gravísimas, referencias conspirativas, ataques a la democracia parlamentaria y afirmaciones que mezclan hechos reales con interpretaciones interesadas o directamente falsas.
Lejos de un balance de gestión, Ayuso construyó un relato político basado en una idea central: España estaría siendo entregada por Pedro Sánchez a “narcodictaduras”, “socialismos bolivarianos” y un supuesto proyecto autoritario destinado a destruir Madrid y acabar con la democracia liberal. Todo ello mientras elevaba a categoría política expresiones como “caraduras”, “podredumbre”, “mafia”, “liberticidas” o “narcoestados”.
El problema es que muchas de sus afirmaciones no resisten un análisis serio.
De las investigaciones judiciales a las condenas convertidas en propaganda
Uno de los ejemplos más graves del discurso fue cuando Ayuso aseguró que España tiene “al primer fiscal general del Estado condenado”. La dirigente del PP madrileño presentó esa afirmación como prueba de una supuesta degradación total del Estado.
Sin embargo, aunque el ex fiscal general Álvaro García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, el caso sigue rodeado de una enorme controversia jurídica y mediática. Diversos juristas han cuestionado la valoración probatoria realizada por el Supremo y la propia interpretación de las filtraciones periodísticas.
Ayuso tampoco explicó que buena parte de las informaciones judiciales que utiliza políticamente siguen siendo investigaciones abiertas, no sentencias firmes. En el caso de Begoña Gómez, por ejemplo, la esposa del presidente ha sido procesada, pero su defensa mantiene que no existe delito alguno y reclama la absolución.
La presidenta madrileña convirtió imputaciones y procedimientos en verdades absolutas, eliminando cualquier referencia a la presunción de inocencia. Paradójicamente, algo que el PP ha exigido durante años para sus propios dirigentes.
Zapatero, Venezuela y el salto al delirio político
El núcleo más agresivo del discurso fue el dedicado a José Luis Rodríguez Zapatero. Ayuso llegó a afirmar que el expresidente “es el padrino del sanchismo”, que “está detrás de todo” y que España está siendo arrastrada a “narcodictaduras” y “narcoestados”.
Sí existe una investigación judicial sobre Zapatero vinculada al caso Plus Ultra. Pero Ayuso fue mucho más allá de los hechos conocidos y presentó como certezas afirmaciones políticas y morales imposibles de demostrar judicialmente.
Hablar de que España va camino de una “narcodictadura” no es una descripción política razonable: es una estrategia deliberada de agitación emocional. La presidenta madrileña no aportó una sola prueba de que el Gobierno español funcione como una dictadura, ni de que España haya dejado de ser una democracia homologable a las europeas.
De hecho, el propio hecho de que existan investigaciones judiciales abiertas contra personas cercanas al Gobierno desmonta parte de su tesis conspirativa. Los jueces investigan, los medios publican y la oposición utiliza políticamente esos casos. Eso ocurre precisamente porque España sigue siendo un Estado de derecho.
Ayuso miente sobre ETA y reescribe la historia
Uno de los momentos más graves del discurso fue cuando Ayuso afirmó que Zapatero “no acabó con ETA” y trató de borrar deliberadamente el papel histórico que tuvo el Gobierno socialista en el final de la banda terrorista.
“Todavía nos dice que él ha acabado con ETA. Lo que hay que oír.”
“No acabó con ETA él.”
“Pero qué cara más dura.”
Eso es sencillamente falso.
ETA anunció el cese definitivo de la violencia el 20 de octubre de 2011 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese es un hecho histórico incontestable. Y aunque la derrota de ETA fue consecuencia del trabajo acumulado durante décadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la cooperación internacional y la presión judicial, fue durante el mandato de Zapatero cuando la organización terrorista abandonó definitivamente las armas.
Negar eso es manipular la historia por interés partidista.
Ayuso intentó convertir un hecho histórico complejo en un arma política contra el PSOE, utilizando además un tono extremadamente agresivo al hablar de Bildu y de personas “con las manos bañadas de sangre”. La presidenta madrileña sabe perfectamente que Bildu es una formación legal avalada por el Tribunal Constitucional y que ETA dejó de matar hace más de una década.
Pero el objetivo no era explicar la realidad, sino reactivar emocionalmente el miedo, el resentimiento y la polarización.
La estrategia es evidente: mantener viva permanentemente la herida de ETA para convertir cualquier acuerdo parlamentario en una supuesta traición a España. Y eso supone una utilización política profundamente irresponsable del terrorismo.
“Madrid es segura”: la otra cara que Ayuso ocultó
Ayuso construyó durante todo el discurso la idea de un Madrid ejemplar frente a una España supuestamente en decadencia. “Madrid es segura”, “Madrid es alegre”, “Madrid es libertad”, repitió una y otra vez.
Sin embargo, evitó hablar de los problemas estructurales que sufre la región: el colapso de la atención primaria, las listas de espera sanitarias, la precariedad laboral juvenil, la crisis de vivienda o la enorme desigualdad territorial entre el norte y el sur de la comunidad.
Madrid lidera indicadores económicos, sí, pero también presenta graves desequilibrios sociales y una creciente dificultad para acceder a la vivienda. Mientras Ayuso hablaba de “libertad”, miles de jóvenes madrileños siguen sin poder emanciparse.
Tampoco mencionó las polémicas vinculadas a las residencias de mayores durante la pandemia, uno de los episodios más oscuros de su gestión y que sigue marcando políticamente a su Gobierno.
El ataque constante a las instituciones
Uno de los elementos más preocupantes del discurso fue el ataque continuo a instituciones democráticas y contrapoderes.
Ayuso habló de “lawfare”, de medios públicos utilizados para perseguir al PP y de una supuesta estrategia para destruir Madrid. Al mismo tiempo, acusó al Gobierno de querer acabar con la alternancia política y deslizó que España camina hacia un modelo autoritario comparable al venezolano.
Es una contradicción evidente: si España fuera realmente una “narcodictadura”, Ayuso no podría pronunciar discursos así diariamente, ni los jueces podrían investigar al entorno del Gobierno, ni los medios conservadores podrían publicar filtraciones judiciales constantes contra el PSOE.
La presidenta madrileña utiliza el lenguaje de la excepción democrática mientras participa plenamente en un sistema democrático que le permite gobernar, atacar al Ejecutivo y amplificar su discurso desde las instituciones.
Inmigración, censos y el peligro del discurso ultra
Otro de los momentos más delicados del discurso llegó cuando Ayuso sugirió que Sánchez pretende “transformar socialmente” Madrid ampliando censos y trayendo población inmigrante para modificar electoralmente la región.
Ese tipo de mensajes conecta directamente con los marcos discursivos de la extrema derecha europea y estadounidense, especialmente con la teoría conspirativa del “gran reemplazo”, utilizada por movimientos ultra para sembrar miedo contra la inmigración.
Ayuso intentó suavizarlo diciendo que Madrid es abierta e internacional, pero inmediatamente vinculó inmigración con inseguridad, disturbios y deterioro social.
Es un juego político extremadamente peligroso porque legitima discursos xenófobos desde el corazón institucional del PP madrileño.
Una estrategia de polarización total
El discurso de Ayuso no fue un discurso de gestión. Fue una declaración de guerra política y cultural. Una construcción emocional basada en enemigos absolutos: Sánchez, Zapatero, Bildu, Venezuela, el feminismo, el ecologismo, la izquierda, los nacionalistas, la inmigración y hasta los medios de comunicación.
La presidenta madrileña ha decidido ocupar definitivamente el espacio de la confrontación permanente. Ya no habla como una dirigente autonómica. Habla como la líder de una oposición ideológica radicalizada que necesita mantener a su electorado en estado de movilización continua.
El problema para el PP es que esa estrategia puede darle rédito electoral inmediato, pero también erosiona gravemente el debate público y normaliza un lenguaje político cada vez más extremo.
Porque cuando una presidenta autonómica habla de “narcodictaduras”, “podredumbre”, “mafia”, “liberticidas” y gobiernos que quieren “destruir España”, ya no estamos ante un simple mitin. Estamos ante una escalada política que empuja el debate democrático español hacia un terreno cada vez más tóxico y peligroso.