Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a recurrir a un conflicto internacional de enorme complejidad para hacer política doméstica. Sus declaraciones sobre Venezuela no buscan aclarar la situación del país latinoamericano ni defender con rigor los derechos humanos, sino construir un relato agresivo contra Pedro Sánchez, aunque para ello sea necesario retorcer datos, mezclar conceptos jurídicos y lanzar acusaciones de extrema gravedad sin sustento probado.
El punto de partida ya es problemático. Ayuso niega cualquier debate serio sobre el derecho internacional alegando que Venezuela es un “Estado criminal funcional”, expresión que repite como un mantra para justificar cualquier tipo de actuación, incluso aquellas que vulnerarían principios básicos del orden jurídico internacional. Aquí conviene detenerse: el derecho internacional no funciona por simpatías políticas, ni se suspende porque un gobierno sea autoritario o corrupto. Precisamente existe para limitar la arbitrariedad, también frente a regímenes represivos.
José Manuel García-Margallo: "la captura o intervención contra un jefe de Estado sin mandato internacional constituye una violación del derecho internacional, con independencia del juicio moral que merezca ese gobernante"
Cuando Ayuso desprecia este marco legal, está cuestionando un pilar esencial del sistema internacional que España dice defender. Y lo hace, además, contradiciendo a voces autorizadas del propio espacio conservador, como José Manuel García-Margallo, que recordó algo elemental: la captura o intervención contra un jefe de Estado sin mandato internacional constituye una violación del derecho internacional, con independencia del juicio moral que merezca ese gobernante.
Informes reales, conclusiones falsas
Ayuso invoca de forma reiterada informes de la ONU, de Amnistía Internacional o del Alto Comisionado de Derechos Humanos para sostener su discurso. Es cierto que existen informes muy graves sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas o detenciones arbitrarias. Nadie serio lo niega.
Pero ninguno de esos informes avala las conclusiones que Ayuso extrae. Ninguno legitima detenciones unilaterales, operaciones encubiertas extranjeras ni la suspensión del derecho internacional. Confundir la denuncia de crímenes con una patente de corso para intervenir es un salto argumental inaceptable, más propio de la propaganda que del análisis político riguroso.
Ayuso termina defendiendo una lógica peligrosa: que la ley solo vale cuando conviene
Más aún: Ayuso mezcla informes de derechos humanos con acusaciones penales y tramas de narcotráfico que están bajo investigación en distintos países, presentándolas como hechos probados y cerrados. Llega incluso a mencionar cifras de toneladas de droga y a señalar a decenas de personas investigadas, entre ellas a un expresidente del Gobierno español, sin distinguir entre imputación, investigación o mera insinuación mediática. Eso no es información: es difamación envuelta en retórica moral.
El ataque a Sánchez: el verdadero objetivo
Venezuela es, en realidad, el pretexto. El objetivo real es el Gobierno de España y, en particular, Pedro Sánchez. Ayuso acusa al Ejecutivo de “mirar hacia otro lado”, de “abandonar” al pueblo venezolano y de actuar por intereses ideológicos. Sin embargo, omite deliberadamente hechos incómodos: la posición de España ha estado alineada con la Unión Europea, con sanciones, con desconocimiento de procesos electorales sin garantías y con apoyo a soluciones negociadas.
La fijación con José Luis Rodríguez Zapatero alcanza tintes obsesivos
La alternativa que sugiere Ayuso —una suerte de intervención moralmente justificada pero jurídicamente difusa— no solo es inviable, sino profundamente irresponsable. España no puede actuar al margen de la UE ni del sistema multilateral sin convertirse en un actor arbitrario. Defender lo contrario es dinamitar la política exterior española para ganar titulares.
Simplificaciones interesadas y silencios clamorosos
Otro de los ejes del discurso de Ayuso es la idea de que Rusia, China e Irán se han lucrado del sufrimiento venezolano con total impunidad. Es una afirmación parcialmente cierta, pero deliberadamente incompleta. Ayuso calla que el aislamiento internacional, las sanciones indiscriminadas y la ruptura de canales diplomáticos también han tenido impactos directos sobre la población civil, algo ampliamente documentado por organismos humanitarios.
Tampoco explica por qué apoya sin matices a María Corina Machado mientras desprecia cualquier otro intento de mediación o salida pactada. La realidad venezolana no es un relato de buenos y malos, sino un conflicto político, social y económico de enorme complejidad. Reducirlo a una épica personal es una falta de respeto a millones de personas.
Zapatero como chivo expiatorio
La fijación con José Luis Rodríguez Zapatero alcanza tintes obsesivos. Ayuso lo acusa de blanquear al régimen, de hacer negocios, de hablar en nombre de España sin legitimidad. Son acusaciones gravísimas que exigirían pruebas claras, no insinuaciones ni montajes difundidos por juventudes partidistas en redes sociales.
Convertir a un expresidente en enemigo interno permanente no aclara nada sobre Venezuela, pero sí revela una estrategia: personalizar, polarizar y crispar. Es el mismo patrón que Ayuso aplica en política nacional, trasladado ahora al escenario internacional.
Una utilización cínica del sufrimiento ajeno
El drama venezolano es real: millones de personas han emigrado, la pobreza es extrema y las libertades están severamente restringidas. Precisamente por eso resulta especialmente cínico utilizar ese sufrimiento como arma arrojadiza contra adversarios políticos en España.
Ayuso no propone soluciones viables, no plantea estrategias multilaterales, no explica cómo garantizar elecciones libres ni cómo aliviar la crisis humanitaria. Se limita a señalar culpables, a repartir certificados de legitimidad y a deslegitimar cualquier enfoque que no encaje con su marco ideológico.
En nombre de los derechos humanos, Ayuso termina defendiendo una lógica peligrosa: que la ley solo vale cuando conviene. Y esa idea, aplicada al ámbito internacional, no solo no ayuda a Venezuela: pone en riesgo los principios que protegen a todos los pueblos frente al abuso del poder.