Los conflictos internos rara vez se expresan en voz alta en las democracias parlamentarias. Mucho menos por escrito. Y casi nunca con firma colectiva. Por eso, el artículo de opinión publicado en El País y rubricado por los cinco ministros de Sumar (Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy, Sira Rego y Mónica García) sobre la política de vivienda no es una simple discrepancia programática: es un desafío político directo al liderazgo de Pedro Sánchez y una advertencia explícita sobre los límites del actual equilibrio de la coalición.
Bajo un lenguaje de justicia social y referencias constitucionales, el texto encierra una enmienda a la totalidad a la estrategia del PSOE en uno de los asuntos más sensibles del ciclo político. Y lo hace desde dentro del Gobierno. No es habitual. Y no es inocuo.
Vivienda, campo de batalla político
El texto parte de una afirmación contundente: “La vivienda es hoy la gran máquina de producir desigualdad en nuestro país”. No es solo un diagnóstico social; es una acusación política implícita. Señala que, pese a los avances del Gobierno progresista en otros ámbitos, es precisamente por la vivienda “por donde se rompe mucho de lo que cosemos”.
La elección del verbo es reveladora. Romper. No retrasar, no matizar, no modular. Romper. El mensaje es claro: la política de vivienda amenaza con deshacer el relato social del sanchismo.
Más aún cuando los ministros recuerdan que “en los 50 años de nuestra democracia, ninguno de los dos grandes partidos ha sido capaz de abordar la vivienda”. En esa frase, el PSOE queda deliberadamente incluido en el problema histórico que el propio Sánchez asegura querer corregir.
Crítica frontal a la línea del PSOE
El punto de inflexión llega cuando el texto abandona el diagnóstico estructural y entra en el terreno de la decisión política inmediata. Los ministros denuncian sin ambages la política de “regalos fiscales” impulsada esta misma semana y subrayan que “el PSOE reconoce la necesidad de tomar medidas, pero se equivoca profundamente en la solución que plantea”.
La frase más dura no deja espacio a la ambigüedad: “Esta política es un error profundo y no vamos a aceptarla”.
En términos de poder, esto equivale a una impugnación pública de la línea marcada por el presidente del Gobierno. No se plantea una alternativa técnica dentro del Consejo de Ministros, sino una oposición política expresada ante la opinión pública. Es una forma de presión que rompe la disciplina no escrita de las coaliciones estables.
Advertencia sistémica
El texto eleva el tono hasta convertir la vivienda en una cuestión de estabilidad democrática. “Cuando millones de personas ven peligrar su vivienda mientras se protege a los rentistas, se rompe el pacto social y se abre la puerta al autoritarismo”, advierten los ministros.
La implicación es grave: no actuar, o actuar mal, no solo es injusto, sino políticamente peligroso. Y rematan con una sentencia que funciona como ultimátum moral: “En ese escenario siempre gana la extrema derecha y pierde la ciudadanía”.
El subtexto es inequívoco. Si el Gobierno falla en vivienda, el coste no será solo electoral para la izquierda, sino sistémico para la democracia. En ese marco, la responsabilidad recae sobre quien dirige el Ejecutivo.
Desafío al liderazgo de Sánchez
Pedro Sánchez ha construido su autoridad sobre el control del tempo político y la gestión quirúrgica de las coaliciones. Este artículo rompe esa lógica. No se trata de una filtración, ni de una crítica anónima, ni de un globo sonda. Es un posicionamiento colectivo, firmado y programático, que fija líneas rojas y propone medidas concretas: prórroga obligatoria de contratos, fin de la compra especulativa, fiscalidad reforzada a grandes tenedores y una inversión del 1% del PIB en vivienda pública.
Al hacerlo, los ministros de Sumar reducen el margen de maniobra del presidente. Cualquier decisión futura que no incorpore estas demandas podrá ser presentada como una cesión a los intereses inmobiliarios. Y cualquier concesión supondrá un reconocimiento implícito de que la presión ha funcionado.
Coalición en tensión permanente
El texto concluye con una frase que parece conciliadora, pero encierra una condición política clara: “El Gobierno progresista tiene sentido cuando sirve para luchar contra la desigualdad”. El condicional no es retórico. Es un aviso.
La vivienda se ha convertido así en la línea divisoria entre gestión y relato, entre estabilidad y conflicto, entre liderazgo presidencial absoluto y autonomía de los socios. El artículo de los cinco ministros no derriba el Gobierno. Pero sí debilita la centralidad de Pedro Sánchez y deja claro que, en la segunda mitad de la legislatura, la cohesión ya no se da por sentada.
En política, las palabras importan. Pero quién las firma importa aún más. Y esta vez, la firma colectiva pesa como una grieta en el corazón del poder.