El Gobierno ultima la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una de las medidas más relevantes del nuevo ciclo político y económico. El texto, que se aprobará mediante Real Decreto, permitirá desplegar una política pública sin necesidad de recabar el aval del Congreso. En términos políticos, es una operación de precisión: ofrece una respuesta inmediata a la principal preocupación social y evita a la vez el desgaste parlamentario propio de una ley orgánica.
El contexto no puede ser más delicado. En España, la vivienda se ha convertido en un bien escaso y, en algunos territorios, en un factor de exclusión social. Con este plan, el Ejecutivo busca consolidar una estrategia estructural que combine inversión pública, colaboración privada y regulación de precios, sin renunciar a las competencias autonómicas ni provocar una guerra institucional con los gobiernos regionales.
Fuentes del Ministerio de Vivienda citadas por Demócrata aseguran que, a diferencia de lo que reclamaban algunos socios parlamentarios y de gobierno, como Sumar, el reparto de fondos entre las comunidades no estará condicionado a la aplicación estricta de la Ley de Vivienda. No habrá sanciones contra los gobiernos autonómicos que no declaren zonas tensionadas ni penalizaciones presupuestarias por mantener un modelo propio de regulación. La intención, explican, es mantener el consenso técnico en el seno de la conferencia sectorial, donde ya se han pactado los criterios de distribución.
Sin embargo, el plan sí incluye incentivos. Las comunidades que apliquen la ley y declaren zonas tensionadas recibirán fondos adicionales. El Gobierno opta así por un mecanismo de “cooperación incentivada”, que favorece la alineación con los objetivos nacionales sin vulnerar el reparto competencial. Se trata de una fórmula política que evita el castigo y privilegia el estímulo, en línea con la estrategia económica de premiar el cumplimiento antes que sancionar la disidencia.
Uno de los ejes centrales del plan es el blindaje del parque de vivienda pública, considerado por el Gobierno una “línea roja”. La preocupación es que la enorme inversión prevista para ampliar ese parque pierda su carácter social en los próximos años por la desclasificación o venta al mercado privado. La Ley de Vivienda intentó impedirlo mediante la prohibición de vender vivienda protegida, pero el Tribunal Constitucional anuló ese artículo al considerar que la materia pertenece al ámbito competencial de las comunidades autónomas.
Ante ese límite legal, el Ejecutivo ha optado por un rodeo jurídico: toda vivienda financiada con fondos estatales deberá mantener un carácter público innegociable. Para ello se establecerá una cláusula registral específica, una anotación obligatoria en el Registro de la Propiedad que garantice su permanencia en el parque público hasta el final de su vida útil. De ese modo, el Estado no se arroga competencias nuevas, pero condiciona el destino de sus inversiones a requisitos de interés general.
Pese al clima político enrarecido, en el Ministerio destacan el cambio de tono entre las administraciones autonómicas, incluso entre las gobernadas por el Partido Popular. Existe una voluntad compartida de preservar el carácter público de la vivienda financiada con recursos estatales. Es un consenso frágil, pero inédito en una cuestión históricamente sometida a disputa.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 movilizará 7.000 millones de euros, una cifra sin precedentes que se orientará principalmente a incrementar el parque de vivienda asequible y rehabilitar el existente. Buena parte de los recursos se concentrará en la construcción y adquisición de inmuebles, con una estrategia que combina la movilización de vivienda vacía, la participación de promotores sociales y la colaboración con el sector privado. El Gobierno ya ha destinado cien millones de euros a la compra de viviendas destinadas a Casa 47, la nueva sociedad pública que actuará como operador central de vivienda asequible.
El plan también contempla ayudas directas a promotores de vivienda social, con subvenciones por metro cuadrado que podrán incrementarse en función de la tecnología constructiva o del nivel de tensión del mercado local. La rehabilitación absorberá alrededor de un tercio de los fondos, dirigida a mejorar edificios, viviendas y entornos urbanos, con incentivos adicionales si las reformas se orientan a alquiler asequible o se sitúan en zonas patrimoniales.
Uno de los ejes sociales más ambiciosos se centra en los jóvenes. El Gobierno prevé un paquete de ayudas integrales que incluye subvenciones al alquiler, a la compra y al alquiler con opción a compra, con importes de hasta treinta mil euros. Además, se extenderán los avales públicos a propietarios que alquilen a menores de 35 años y se abrirán líneas específicas para la España vaciada, donde la política de vivienda se combina con la estrategia de repoblación rural.
El principio rector, sin embargo, será la garantía de asequibilidad: ningún alquiler podrá superar el 30% de los ingresos del hogar. En el caso de las viviendas gestionadas por Casa 47, el precio máximo estará vinculado al 30% de la renta media del territorio. Los contratos, de larga duración, podrán abarcar hasta 75 años, con prórrogas periódicas que aseguren tanto la estabilidad residencial como la conservación del parque público.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 no es una mera actualización presupuestaria, sino una reforma estructural de la política de vivienda en España. Representa el intento más ambicioso de transformar un sistema históricamente orientado a la propiedad en uno basado en el acceso seguro, asequible y duradero. Si la arquitectura institucional resiste y los mecanismos de cooperación territorial funcionan, el país podría estar ante el inicio de una nueva etapa: una en la que la vivienda deje de ser un bien especulativo y se consolide como un pilar del Estado de bienestar y de la cohesión territorial a lo largo de la próxima década.