El caso Begoña Gómez se ha convertido en uno de los episodios judiciales y mediáticos más controvertidos de los últimos años en España. No ya por la excéntrica y polémica instrucción del juez Peinado, sino por todo lo que ha generado en la opinión pública, mayormente en las redes sociales. España está dividida entre quienes creen que la esposa del presidente es culpable de corrupción por haber organizado un máster para la Universidad Complutense de Madrid y quienes opinan que es inocente y todo obedece a una caza de brujas contra el sanchismo. La apertura de juicio oral contra la esposa del presidente por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida ha generado un intenso debate público.
Pero más allá de los hechos estrictamente procesales, cabe hacer una interpretación ampliamente extendida en sectores progresistas: este procedimiento no habría prosperado sin la luz verde –explícita o implícita– de una cúpula judicial de orientación conservadora. ¿Qué razones hay para sostener esta hipótesis? Dos principalmente: en primer lugar que, a lo largo de los más de dos años de instrucción, la Audiencia Provincial de Madrid ha ido corrigiendo los supuestos excesos del juez Peinado que aventaban el aroma a politización de la justicia, pero en ningún momento ha ordenado parar las pesquisas contra la familia de Moncloa; y en segundo término, que el Consejo General del Poder Judicial ha dejado hacer al instructor y pese a las denuncias sobre su juego al límite del reglamento nunca le ha expedientado.
Y no será porque no han surgido posibles anomalías para que al menos se abriera una investigación seria y rigurosa por parte de la cúpula judicial y del Promotor de la Acción Disciplinaria, cuestiones más que dudosas como las querellas de sindicatos fascistas basadas en recortes de prensa de la caverna; decisiones anuladas por falta de indicios; los informes de la UCO y de la Fiscalía que descartan cualquier delito de enriquecimiento patrimonial de Begoña Gómez; el espectáculo circense en la Moncloa (Peinado se trasladó allí para tomar declaración a Sánchez y al ministro Bolaños, una medida que aportó mucha foto y titulares a la prensa de derechas, pero poca luz al caso); la obsesión del instructor por reconducir el caso del máster hacia el rescate de Air Europa (en general la apertura de causas una tras otra que no llevaban a ninguna parte); los registros domiciliarios desproporcionados (“la verdad no se puede conseguir a cualquier precio”, le dijo el tribunal superior a Peinado); los interrogatorios en tono duro y inquisitivo que algunos comparecientes han calificado de humillantes; las opiniones personales plasmadas en resoluciones editorialistas (como cuando Peinado comparó al actual Gobierno con el régimen absolutista de Fernando VII); los errores de transcripción que han conferido al sumario un carácter más bien chapucero, como dar por muerta a la esposa del presidente o imputarla en delitos que no ha cometido (prevaricación y fraude a la UE); y la adopción de medidas cautelares absurdas y propias de un ensañamiento como la retirada del pasaporte a la primera dama y su obligación de presentarse cada quince días en el juzgado. Solo en este último caso, y cuando Peinado sugirió que la Policía Nacional podría ser cómplice de una hipotética fuga de la imputada, abrió el CGPJ un expediente, expediente que no llegará a nada porque el polémico juez se jubila en septiembre. No cabe duda de que las investigaciones cuestionables de Peinado no podrían haber tenido lugar sin el beneplácito, aval o luz verde del sector conservador de la judicatura española.
El caso se inició en abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias basada, según reconoció su propio secretario general, en recortes de prensa y no en pruebas directas. La Fiscalía pidió desde el primer momento el archivo por considerar que los hechos eran “erróneos e inverosímiles”. Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid decidió continuar adelante. El conjunto de decisiones extrañas ha alimentado la percepción de que la instrucción no se ha guiado únicamente por criterios estrictamente jurídicos, sino también por un clima político polarizado. Las acusaciones populares que han impulsado el caso –Manos Limpias y Hazte Oír– son organizaciones de perfil ideológico conservador o ultraconservador. Hazte Oír, que lidera las acusaciones en la fase de juicio, solicita penas de hasta 24 años de prisión para Gómez. Más pena por organizar un máster que para un asesinato. ¿Qué mejor prueba que esta de que estamos ante una venganza política?
El hecho de que estas organizaciones hayan actuado como motor del procedimiento, unido a la insistencia del juzgado en mantener vivas líneas de investigación que la Fiscalía consideraba infundadas, ha reforzado la idea de que el caso se ha sostenido gracias a un ecosistema judicial y mediático afín a posiciones conservadoras.
El Consejo General del Poder Judicial lleva años con una mayoría conservadora. Aunque el CGPJ no interviene directamente en cada caso, sí influye en nombramientos, ascensos y clima institucional. Además, la Audiencia Provincial ha sido un actor clave en toda esta historia. El tribunal ha corregido algunas decisiones del juez Peinado, pero también ha respaldado otras, incluida la apertura de juicio oral en su fase final. Para quienes sostienen la tesis crítica, este respaldo es interpretado como una señal de alineamiento institucional.