Buscar trabajo ya no es gratis, opositar tampoco

Queda menos de un mes para que termine el verano y, mientras los más pequeños empiezan ya a pensar en la vuelta al colegio, millones de trabajadores y trabajadoras comienzan a mentalizarse para regresar a sus puestos en oficinas, bares, restaurantes, tiendas, fábricas y todo tipo de empresas. Pero las vacaciones también sirven para pensar. La tranquilidad de una tumbona en la playa, una tarde junto a la piscina del hotel, un paseo por la montaña o una excursión pueden convertirse en el momento perfecto para hacerse una pregunta que durante el resto del año queda muchas veces relegada por las prisas: ¿Quiero seguir haciendo lo mismo cuando vuelva a trabajar?

Para muchos, el verano es precisamente el momento en el que surge la idea de cambiar. Algunos buscan una empresa que ofrezca mejores condiciones laborales o salariales; otros quieren probar suerte en otro sector y también están quienes, después de muchos años haciendo prácticamente lo mismo, necesitan romper con la rutina y recuperar la motivación. En unos casos pesa más el sueldo, en otros las condiciones, el ambiente o las posibilidades de desarrollo profesional. Y en muchos, todo a la vez.

Pero una cosa es decidir que ha llegado el momento de cambiar de trabajo y otra muy distinta conseguirlo. Actualizar el currículum, localizar ofertas, enviar candidaturas y superar entrevistas parece, a primera vista, un proceso que no debería costar dinero. Sin embargo, la realidad es que buscar empleo se ha convertido también en una actividad con costes económicos, algunos muy visibles y otros que pasan completamente desapercibidos.

El primer gasto puede aparecer incluso antes de enviar una candidatura. Las plataformas profesionales ofrecen servicios de pago que prometen mejorar las posibilidades de los usuarios. LinkedIn, por ejemplo, cuenta con una modalidad Premium Career dirigida específicamente a quienes buscan empleo, con herramientas y prestaciones adicionales. Para determinadas personas puede resultar útil, pero también introduce una nueva cuestión: si dos candidatos tienen una experiencia y una formación similares, ¿puede tener ventaja quien dispone de más recursos para pagar herramientas que mejoren su candidatura?

Estudiar no es gratis

Pero quizá el coste más importante sea el de la formación, y este comienza mucho antes de que una persona se ponga a buscar trabajo. La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como Plan Bolonia, transformó el sistema universitario español y generalizó una estructura basada en Grado y Máster. Los antiguos títulos de licenciatura, diplomatura e ingeniería fueron sustituidos por grados, generalmente de cuatro años, seguidos de estudios de posgrado para quienes buscan una mayor especialización.

El cambio no significa que para trabajar sea necesario tener siempre un máster, pero sí que en determinados sectores y puestos esta formación se ha convertido en un elemento cada vez más valorado y, en algunos casos, solicitado. Lo que antes podía formar parte de una carrera universitaria más larga ahora puede requerir un año adicional de especialización. Y ese año tiene un coste. Los másteres universitarios públicos tienen precios regulados por las comunidades autónomas, mientras que los programas privados pueden alcanzar varios miles de euros. A esto se suman alojamiento, transporte, materiales y, sobre todo, el coste de oportunidad de dedicar un año más a estudiar antes de incorporarse plenamente al mercado laboral.

Después llegan los cursos, idiomas, certificaciones y nuevas especializaciones. Excel, Power BI, análisis de datos, inteligencia artificial, marketing digital o gestión de proyectos aparecen cada vez con mayor frecuencia entre las competencias demandadas. Para quien quiere cambiar de sector, la situación puede ser todavía más exigente: puede tener experiencia laboral, pero necesitar volver a formarse para que una empresa considere que está preparado para desempeñar una función diferente. De esta manera, hay que mejorar la empleabilidad para conseguir empleo, pero mejorar la empleabilidad suele requerir dinero.

El coste que nadie ve

Y hay un dato no menor: al gasto económico que conlleva mejorar la empleabilidad hay que sumarle el coste oculto del tiempo, que puede provocar renuncias a espacios de socialización con la familia, la pareja o los amigos. Así, buscar ofertas, leer requisitos, adaptar el currículum, completar formularios, preparar pruebas, acudir a entrevistas, hacer cursos de especialización o ir a una academia a preparar los exámenes de las oposiciones puede convertirse en una segunda jornada laboral. Para quien está desempleado, significa dedicar horas todos los días a una actividad que no genera ingresos. Para quien ya tiene trabajo y quiere cambiarlo, supone hacerlo después de salir de la fábrica, la oficina, la tienda, el bar, etc., incluso durante los fines de semana y sacrificando los días libres.

Y si bien muchos de los procesos de selección actualmente se desarrollan de forma telemática, no todas las entrevistas son virtuales. En determinadas fases del proceso, puede ser necesario que el candidato se desplace a otra localidad y tenga que pagar transporte, combustible, aparcamiento o incluso alojamiento. Para una persona con una nómina puede ser un gasto asumible; para alguien que lleva meses sin trabajar, puede convertirse en una razón para descartar una oportunidad de salir de esa situación.

La opción de opositar

La diferencia se hace todavía más evidente cuando se trata de opositar. Conseguir una plaza pública exige superar un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero preparar una oposición puede suponer una inversión considerable. Aunque es posible estudiar por cuenta propia, muchos aspirantes recurren a academias o preparadores para disponer de temarios actualizados, organizar el estudio, realizar simulacros y contar con seguimiento.

Las academias pueden cobrar aproximadamente entre 90 y 140 euros mensuales en modalidades online y entre 100 y 220 euros en las presenciales, aunque existen importantes diferencias según la oposición y el servicio contratado. Si una persona paga 120 euros al mes durante 18 meses, habrá desembolsado 2.160 euros únicamente por la preparación, sin contar temarios, tasas de examen, desplazamientos o materiales. La oposición puede ser, por tanto, una puerta de acceso al empleo público, pero llegar hasta ella en condiciones competitivas requiere no solo tiempo, sino también dinero.

En muchas ocasiones, un parado puede «hacer de la necesidad, virtud» y aprovechar su situación de desempleo para preparar el temario y las pruebas teóricas y prácticas, con la tranquilidad económica de recibir su prestación. Diferentes son las circunstancias de un trabajador en activo: más allá de su esfuerzo intelectual después de cumplir con su jornada, generalmente de ocho horas, tiene que quitar tiempo de ocio con la pareja, familiares y amigos para dedicarlo a la preparación de los contenidos que abren la puerta a un empleo público. Y en algunos casos ya no se trata solo de tiempo, sino que también implica una renuncia económica: la solicitud de una excedencia o de un permiso temporal contemplado en algunos convenios colectivos puede plantearse como la única alternativa.

Tener carné de conducir como requisito

Algo parecido sucede con el carné de conducir. Para determinados puestos relacionados con reparto, asistencia técnica, ventas, desplazamientos o trabajo en diferentes centros, disponer del permiso puede ser imprescindible. Y obtenerlo supone otro desembolso antes de poder acceder al puesto.

El coste de obtener el carné de conducir tampoco es menor. Según una estimación publicada por el RACE en junio de este año , sacarse actualmente el permiso B suele costar entre 700 y 1.500 euros, aunque la cantidad puede ser superior dependiendo del número de clases prácticas necesarias y de si el alumno tiene que repetir los exámenes.

Por su parte, en un estudio publicado en enero de 2025, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya destacaba que disponer del carné tiene una importancia especialmente elevada en las zonas menos pobladas y peor conectadas, donde puede resultar determinante para acceder a determinadas oportunidades laborales. El organismo proponía, entre otras medidas, flexibilizar el aprendizaje y permitir la conducción acompañada por tutores no profesionales, con el objetivo de reducir costes y facilitar el acceso a la formación.

En resumen, lo paradójico de la situación es difícil de ignorar: una persona puede necesitar un empleo para poder pagar el carné de conducir y, al mismo tiempo, necesitar el carné para conseguir ese empleo.

El coste de querer trabajar

Al final, no existe una cifra concreta que permita decir cuánto cuesta encontrar trabajo. Para algunas personas puede ser prácticamente gratis. Para otras, la suma de formación, másteres, cursos, suscripciones, herramientas digitales, desplazamientos, academias o permisos puede alcanzar fácilmente varios miles de euros.

Hoy buscar trabajo ya no consiste únicamente en encontrar una oferta y enviar un currículum. Para muchos candidatos, empieza mucho antes: pagando por estar en condiciones de conseguirlo. Y el problema al que se enfrentan muchos es que no cuentan con recursos para hacerlo, bien por estar en paro, bien por tener recursos limitados, bien porque la política de acceso a becas públicas es engorrosa, poco transparente e incluso limitada.

Sin duda, esta realidad refleja una desigualdad que no suele aparecer en las estadísticas laborales: dos personas pueden estar buscando exactamente el mismo empleo, tener una experiencia parecida y cumplir los mismos requisitos, pero no partir desde el mismo lugar. Una puede disponer de ahorros para seguir formándose, pagar una academia, desplazarse a una entrevista o sacarse el carné. Otra puede necesitar conseguir primero un sueldo para poder permitirse todo aquello que le están pidiendo para conseguirlo.

Sin ayudas públicas, mayor desigualdad

En los últimos años, medios de comunicación, diferentes administraciones públicas y agentes sociales —patronal, sindicatos, ayuntamientos, comunidades autónomas, etc.— han insistido constantemente en la importancia de la formación, la especialización, la adaptación tecnológica y la movilidad. También se ha destacado el concepto de “meritocracia” para acceder a los mejores puestos.

Sin embargo, poca referencia, o nula, han hecho a quién paga la factura de estar preparado para competir. Y, de hecho, paradójicamente, los mismos que restringen ayudas y becas a la formación profesional, recortan presupuestos a las universidades públicas, aumentan sus tasas y permiten la privatización de la educación superior han sido y son los impulsores de discursos que se centran en el mérito y en la valía de los candidatos. Y para muestra, basta un botón: las políticas educativas del Partido Popular y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, evidencian que no ayudan a que ese “mérito” y esa “valía” estén al alcance de sus aspirantes en igualdad de condiciones.