La última convocatoria de becas para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados de la Comunidad de Madrid vuelve a colocar el foco en una decisión política sostenida en el tiempo: ampliar el perímetro de las ayudas públicas hasta rentas altas, aun cuando ello suponga relegar criterios sociales y tensionar la equidad del sistema. La concesión de becas a 128 familias que no obtuvieron ni un solo punto en el baremo revela con nitidez el modelo que se consolida bajo el Ejecutivo de Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso.
La renta como criterio suficiente
Los datos conocidos a través de la ley de transparencia dibujan un escenario preciso. Las familias beneficiarias sin puntuación acreditan una renta per cápita situada entre 25.033 y 29.988 euros. Traducido a ingresos totales, implica hogares que, salvo supuestos muy concretos, superan ampliamente los 75.000 euros anuales y pueden rebasar los 100.000 si cuentan con dos hijos. No se trata de casos marginales ni de un desajuste puntual del sistema: es el resultado directo de unas bases diseñadas para permitirlo.
La normativa vigente prioriza el cumplimiento formal de requisitos económicos amplios por encima de cualquier valoración de necesidad social. La eliminación del criterio que otorgaba puntos adicionales a menores en contextos de dificultad —respaldado en informes de servicios sociales— no es una anécdota administrativa. Supone retirar del baremo la única herramienta que permitía introducir una corrección social explícita en una etapa educativa no obligatoria, pero decisiva para la conciliación y el desarrollo temprano.
El argumento oficial insiste en la legalidad del procedimiento. Nadie lo discute. La cuestión es otra: qué se entiende por política pública cuando el presupuesto se agota subvencionando cuotas privadas a hogares que no presentan vulnerabilidad acreditada, mientras la red pública de 0 a 3 años sigue siendo insuficiente y territorialmente desigual.
Retrasos, anticipos y desigualdad silenciosa
La forma en que se ha resuelto la convocatoria añade una capa más al problema. Las becas se adjudicaron en diciembre, cuatro meses después del inicio del curso, obligando a las familias a adelantar las cuotas sin saber si recibirían la ayuda. Para los hogares con mayor capacidad económica, ese adelanto es un contratiempo; para los que viven al límite, es un obstáculo real. El sistema, de nuevo, penaliza a quienes menos margen tienen.
El presupuesto destinado —67,3 millones de euros— se ha consumido por completo. El dato, lejos de cerrar el debate, lo abre: ese volumen de recursos públicos podría haber tenido un impacto muy distinto si el diseño de la ayuda hubiera priorizado la renta baja, la monoparentalidad acreditada o situaciones sociales complejas. En cambio, el dinero ha fluido hacia un esquema que asume como normal que la beca funcione como un complemento general al consumo educativo privado.
No es una deriva improvisada. Desde 2022, la Comunidad de Madrid ha ido elevando de forma sostenida los umbrales de renta en Infantil, Bachillerato y Formación Profesional. En algunos casos, los límites se han multiplicado por más de dos respecto a convocatorias anteriores. El mensaje es coherente: la beca deja de ser un instrumento de compensación para convertirse en una política de apoyo transversal al sector privado.
Un modelo que no es neutral
El Ejecutivo regional subraya que todas las solicitudes con puntos y por debajo del umbral máximo han sido atendidas. Es cierto. Pero el dato no neutraliza el efecto de fondo: cuando se abre la puerta a rentas altas y se elimina la ponderación social, el sistema deja de discriminar positivamente a quienes más lo necesitan. La igualdad formal sustituye a la equidad material.
La rectificación introducida en Bachillerato —donde se han reintroducido criterios académicos y una graduación de renta— demuestra que había margen para otro enfoque. En Infantil, sin embargo, se ha optado por mantener un diseño que desdibuja la frontera entre ayuda pública y subvención indirecta a modelos educativos privados.
El resultado no es escandaloso ni abrupto. Es más eficaz: una normalización progresiva de un uso del dinero público que desplaza el centro de gravedad del sistema educativo sin necesidad de grandes reformas ni debates parlamentarios. Basta con cambiar los baremos.