La presidenta madrileña presentó el paquete completo de su “Plan de Choque 2026-2027” con un discurso más detallado que los anuncios previos. Incorpora objetivos numéricos y ajustes legales que, según el Gobierno regional, acelerarían obra y licencias. Con la letra completa ya sobre la mesa, cambian algunos matices, pero persiste el núcleo del modelo: liberalizar, atraer promotores y usar concesiones a largo plazo. Lo que no aparece es un compromiso verificable para aumentar de forma sustancial y permanente la vivienda pública en alquiler social.
Lo que añade el discurso en cifras
Ayuso puso números concretos:
-
Densidad y edificabilidad: +20% de viviendas y +10% de metros cuadrados edificables en parcelas de vivienda protegida, sin reabrir planeamiento.
-
15.000 hogares en 15 años, que se sumarían a los 140.000 ya previstos en nuevos desarrollos.
-
AVS: licitación de 500 viviendas adicionales (hasta 2.100 en la legislatura) en varios municipios.
-
Plan Vive: “cerca de 14.000 viviendas” entre final de esta legislatura y el arranque de la siguiente; afirma 5.000 entregadas y 1.032 a licitar en Madrid, Alcalá y Villanueva de la Cañada.
-
Mi Primera Vivienda: amplía el acceso a avales hasta los 50 años e incluye obra nueva.
-
Plan Alquila: versión intergeneracional para compartir piso entre mayores y jóvenes, y un sello “Madrid Alquila Seguro”.
-
Plan Territorial de Vivienda para localizar suelo y ordenar crecimientos ante 30.000 hogares nuevos al año.
-
Ley de Medidas Urgentes: una sola plaza de garaje por vivienda protegida; permitir el cambio de uso desde oficinas y hoteles a vivienda protegida; y habilitar el citado aumento de densidad y edificabilidad.
-
Ley del Suelo “LIDER”: simplificación, seguridad jurídica a inversores y reducción de plazos (de 8-10 años a 4-6) integrando la evaluación ambiental.
-
Aceleradora urbanística y Consorcio público-privado en Leganés para 4.300 viviendas (un millón de metros cuadrados).
-
Balance normativo: 3.700 licencias para convertir oficinas en viviendas protegidas en 2024 (29% de las calificaciones provisionales) y “entrada al mercado de 54.000 viviendas” por los cambios aprobados.
Qué cambia en el análisis con el discurso completo
-
Más precisión, mismo enfoque. Ahora hay metas y mecanismos mejor descritos. No obstante, el diseño sigue descansando en la colaboración público-privada y en desbloquear suelo y reglas para que la oferta privada aumente. Esto no equivale a crear parque público estructural de alquiler social.
-
Densidad y edificabilidad. Elevarlas puede abaratar costes por unidad, pero sin condiciones estrictas de precio, duración y adjudicación, el beneficio puede diluirse en promociones “protegidas” de renta media, no necesariamente asequibles para los salarios habituales.
-
Cambio de uso de oficinas y hoteles. Agiliza obra, sí; pero reconvertir no siempre produce viviendas con condiciones óptimas de luz, ventilación y habitabilidad. Además, sin topes de renta duraderos, el efecto en los precios finales es incierto.
-
Una plaza de garaje por vivienda. En zonas con transporte público potente puede reducir costes. Sin embargo, en municipios con peor conexión puede generar fricción (aparcamiento en superficie) o desplazar costes a las familias.
-
Plan Vive. La presidenta reivindica 5.000 ya entregadas y camino a 14.000. El punto clave no es la cantidad, sino la propiedad y la duración: en buena parte son concesiones privadas a décadas. No incrementan el parque público en titularidad y, al finalizar la concesión, el activo no siempre queda para la Administración. El discurso no aclara este extremo.
-
Mi Primera Vivienda hasta 50 años. Ampliar el rango y permitir obra nueva facilita hipotecas a quienes ya rozan la solvencia, pero no baja el precio de compra. Además, traslada riesgo público si hay impagos y puede tensar la demanda, empujando precios. Es una política de acceso al crédito, no de acceso asequible.
-
Plan intergeneracional. Compartir vivienda puede aliviar la soledad y abaratar parte del alquiler. Útil a escala micro, pero no sustituye políticas de parque público, movilización de viviendas vacías y regulación de precios.
-
LIDER y aceleradora. Simplificar planeamiento y licencias acelera la inversión. Sin embargo, la promesa de pasar de 8-10 años a 4-6 exige recursos técnicos reales (equipos, informes, participación y garantías ambientales). Si la “seguridad jurídica” se orienta sobre todo a promotores, falta equilibrio con los derechos de inquilinos y compradores.
-
“53% de la vivienda protegida de España”. Es una afirmación polémica que el discurso no documenta en detalle (definiciones, periodos, fuentes y tipos de vivienda). Sin ver la metodología, debe tomarse como un dato del Gobierno regional, pendiente de contraste estadístico.
Lo que sigue faltando
-
Parque público estable: no hay un plan con cifras, calendario y financiación para elevar el parque público en alquiler social a niveles europeos (5-15%). El objetivo de 500 AVS más (2.100 en la legislatura) es insuficiente frente a la demanda y los desahucios.
-
Asequibilidad verificable: no se definen rentas máximas vinculadas a ingresos del hogar ni duraciones mínimas (20-30 años) de protección en alquiler.
-
Movilización de vacíos: no hay una estrategia explícita (incentivos o desincentivos) para que viviendas vacías salgan al mercado con topes de precio.
-
Evaluación independiente: no se fija un sistema público, anual y auditable que publique costes, plazos, beneficiarios y precios reales de alquiler o venta por programa.
Términos claros, sin tecnicismos
-
Vivienda protegida: vivienda con condiciones de precio y acceso fijadas por la administración. Puede ser de compra o de alquiler. Si la gestiona una empresa durante décadas, no es parque público en propiedad.
-
Edificabilidad: metros cuadrados máximos que se pueden construir en una parcela. Subirla permite más pisos en el mismo suelo.
-
Densidad: número de viviendas por área. Más densidad abarata ciertos costes, pero exige servicios (colegios, centros de salud, transporte).
-
Colaboración público-privada: la administración cede o adjudica suelo o derechos a empresas que construyen y explotan la vivienda a cambio de condiciones. Si las condiciones no blindan precios y plazos largos, el beneficio social se reduce.
Un plan cojo en lo esencial
Con el discurso íntegro, el plan gana detalle operativo y coherencia interna: hay palancas urbanísticas, promesas de plazos más cortos y una narrativa de “más oferta”. Aun así, no cambia lo fundamental: sin parque público robusto, sin topes de renta ligados a ingresos y sin garantía de permanencia de la protección, el acceso seguirá siendo demasiado caro para buena parte de jóvenes y familias. La Comunidad impulsa más obra, pero no asegura más derecho.
Si la meta es que quien trabaja en Madrid pueda vivir en Madrid, el próximo paso debería ser comprometer —con números y fechas—:
-
Un plan plurianual para elevar el parque público en alquiler social.
-
Condiciones estrictas y a largo plazo en toda “protegida” que reciba suelo o ayudas.
-
Una evaluación independiente anual que permita comprobar, sin discursos, cuánto baja de verdad el precio que paga la gente.