El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un paquete de 15 nuevas iniciativas que se suman al llamado Plan de Choque para la Vivienda 2026-2027. El acto, celebrado en la Real Casa de Correos, se presentó como un refuerzo a las diez medidas iniciales, de las cuales el Ejecutivo regional asegura haber cumplido el 90%. Sin embargo, más allá del discurso optimista, el plan plantea serias dudas sobre su eficacia real para garantizar el acceso a la vivienda a precios asequibles en la Comunidad de Madrid.
Las propuestas más destacadas incluyen el aumento de la densidad y edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida, la flexibilización de los requisitos de aparcamiento, la conversión de suelo hotelero en residencial, la creación de nuevos organismos administrativos y la ampliación del Plan Vive y de Mi Primera Vivienda. Pero la letra pequeña y la experiencia previa invitan a desconfiar de que estas medidas se traduzcan en una mejora tangible para la ciudadanía.
Más suelo, pero no más vivienda asequible
Uno de los ejes del plan es el incremento de la densidad (20%) y de la edificabilidad (10%) en parcelas destinadas a vivienda protegida, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico. En teoría, esto permitiría construir más viviendas en menos espacio, lo que podría parecer positivo. En la práctica, sin embargo, no existe garantía alguna de que esas nuevas viviendas sean realmente asequibles o de acceso público.
El Ejecutivo madrileño no ha aclarado si esas parcelas se mantendrán en régimen público o si serán cedidas a promotores privados, como ocurre con el Plan Vive, basado en concesiones de hasta 50 años a grandes fondos de inversión. Es decir, el suelo sigue siendo público, pero el beneficio y la gestión recaen en el sector privado.
Del mismo modo, el “uso alternativo” de suelos dotacionales privados para levantar vivienda protegida abre una puerta peligrosa: que el concepto de “protegida” se desvirtúe al permitir promociones que, bajo ese nombre, acaben siendo viviendas de mercado medio-alto con leves bonificaciones fiscales.
Una “vivienda protegida” que no protege
Ayuso anunció que el nuevo Plan Territorial de Vivienda “planificará y ordenará la creación de vivienda”. No obstante, Madrid ya cuenta con instrumentos urbanísticos para hacerlo: lo que falta es voluntad de reservar suelo realmente público y asequible. En lugar de apostar por un parque estable de vivienda social, el Gobierno regional insiste en un modelo que delega en el mercado la responsabilidad de resolver un problema estructural.
El ejemplo más claro es la ampliación del Plan Vive, que promete llegar a 14.000 viviendas en alquiler “a precios asequibles”. Pero estas rentas, fijadas en torno al 40% por debajo del precio medio del mercado, siguen siendo demasiado altas para muchos jóvenes y familias trabajadoras. Además, la propiedad final de los inmuebles pertenece a empresas privadas durante décadas. Es decir, no se incrementa el parque público, sino que se refuerza la dependencia del capital privado.
La ampliación del Plan Vive Solución Joven —con 1.000 viviendas más para menores de 35 años— suena bien, pero representa una gota en el océano frente a los más de 300.000 jóvenes madrileños que no pueden emanciparse.
La “nueva burocracia” de las ayudas
Entre las medidas más llamativas figura la creación de una nueva Dirección General de Ayudas y Acceso a la Vivienda, con la promesa de “agilizar trámites y ofrecer acompañamiento”. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha sido históricamente lenta y opaca en la gestión de ayudas al alquiler y a la rehabilitación. Crear más estructuras administrativas no garantiza que los procesos sean más rápidos ni accesibles, especialmente si no se refuerzan los equipos técnicos y se simplifican los requisitos.
La ampliación del programa Mi Primera Vivienda, que eleva hasta los 50 años el límite de edad para acceder a avales públicos, parece más una medida de marketing que una solución real. Avalar hipotecas a personas de esa edad no resuelve el problema del precio del suelo ni del acceso a financiación; simplemente traslada el riesgo a la Administración y, en última instancia, a los contribuyentes.
La “verdad” del plan: más liberalización y menos derecho a la vivienda
La presidenta Ayuso defendió que la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) “facilitará la disponibilidad de terrenos” y “ofrecerá mayor seguridad jurídica a inversores y ayuntamientos”. Traducido: una norma que busca agilizar recalificaciones de suelo y dar más garantías a los promotores, no a los inquilinos o compradores.
En la misma línea, el primer Consorcio Urbanístico Público-Privado, con sede en Leganés, prevé construir 4.300 viviendas. Pero nuevamente, no hay compromiso firme de que sean viviendas públicas o de alquiler social permanente.
Por último, el Plan Comparte Intergeneracional, que propone que mayores y jóvenes compartan vivienda, puede ser una buena idea en términos sociales, pero no sustituye políticas estructurales. Convertir la solidaridad entre generaciones en política de vivienda es, en el fondo, admitir que el mercado ha fracasado y que el Estado se retira de su papel de garante del derecho a un techo digno.
Madrid sigue sin un parque público estable
Mientras Ayuso presenta nuevas medidas, la Comunidad de Madrid sigue siendo la región con menos vivienda pública de toda España: apenas un 1% del total, frente al 15% de media europea. La Agencia de Vivienda Social gestiona unos 23.000 inmuebles, muchos en mal estado, y con listas de espera que superan los 30.000 solicitantes.
El anuncio de 500 nuevos pisos para familias vulnerables —hasta alcanzar los 2.100— es insuficiente para paliar la emergencia habitacional que vive la región. En contraste, cada año se ejecutan miles de desahucios y los precios del alquiler han subido un 45% desde 2019.
Propaganda frente a realidad
El Plan de Choque para la Vivienda de Isabel Díaz Ayuso es, en apariencia, ambicioso. Pero su contenido reproduce el mismo esquema que ha caracterizado la política de vivienda madrileña durante años: liberalización del suelo, concesiones a grandes promotores, anuncios con cifras vistosas y escasos resultados para la población.
La verdadera “solución” pasa por aumentar de manera decidida el parque público, limitar los precios del alquiler abusivo, movilizar las viviendas vacías y priorizar el derecho a la vivienda sobre el beneficio privado. Mientras eso no ocurra, cada nuevo plan será solo otro anuncio más en una crisis que no deja de crecer.