Feijóo ha exigido una auditoría para llegar hasta el final en el escándalo del Hospital de Torrejón. Las grabaciones y audios del hasta hace solo unos días consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, han sacudido la vida política nacional hasta el punto de que hasta el propio líder del Partido Popular ha entendido la gravedad de la situación. Sin embargo, más allá de las palabras del líder del PP, hay miedo en Puerta del Sol (Ayuso está paralizada y si siquiera ha sido capaz de articular una de sus habituales mentiras para salir del paso).
También hay una profunda inquietud en Génova 13 ante lo que pueda salir de esa auditoría o análisis económico sobre la gestión de la empresa Ribera Salud, la encargada del día a día en el centro sanitario. Lo que sabemos hasta ahora es espeluznante. Engordar listas de espera para obtener más beneficios, reutilizar material sanitario desechable y de un solo uso (poniendo en grave riesgo la salud de los pacientes), falta de transparencia del hospital, represalias contra el personal médico que denuncia las prácticas contrarias al código deontológico… Un horror de consecuencias hasta hoy imprevisibles. Pero la cuestión de las cuentas y los balances no es menor. Ahí se sabrá si los responsables del hospital han tratado de hacer negocio con la vida y la salud de los pacientes. La contabilidad hablará por sí sola, ya que en los libros y archivos queda reflejado si se ha ahorrado en parcelas sanitarias donde escatimar un solo euro supone la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.
Sobre la mesa, la posibilidad de que se hayan cometido cinco delitos como prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, lesiones imprudentes, coacciones y represalias contra el personal trabajador. Médicos de reconocido prestigio han alertado ya de que se ha puesto en peligro la salud de los pacientes. Quién sabe cuántas enfermedades se han podido transmitir por esa falta de higiene para ahorrar costes. Pero una auditoria podría ser letal para los actuales dirigentes del centro sanitario y también para el propio Gobierno de Ayuso. Todo esto, sin duda, es consecuencia del modelo sanitario público-privado (en realidad privatizador) que lleva aplicando la lideresa madrileña desde hace años.
Una auditoría al Hospital de Torrejón podría destapar prácticas irregulares en la gestión privada del centro, como el rechazo de pacientes, el alargamiento de listas de espera o la reutilización de material sanitario, además de abrir la puerta a cambios en su modelo de gestión. Han trascendido instrucciones internas de directivos que ordenaron reutilizar catéteres desechables hasta 10 veces, pese a que la normativa europea y española lo prohíbe. Esa práctica supone aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades, infecciones graves, fallos en el procedimiento y riesgos para la vida del paciente. El Real Decreto 1591/2009 califica como infracción grave la reutilización de productos marcados como de un solo uso. Ribera Salud, la empresa gestora, niega que estas prácticas se hayan realizado, aunque la documentación y denuncias internas apuntan a lo contrario.
El Hospital Universitario de Torrejón es de titularidad pública, pero gestionado por la empresa privada Ribera Salud desde 2011 bajo un modelo de concesión. La filtración de audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en los que ordena rechazar pacientes y aumentar listas de espera para incrementar beneficios económicos, puede ser una prueba letal en Fiscalía. Tras el escándalo, Gallart dimitió y la Comunidad de Madrid anunció una auditoría interna y externa para esclarecer los hechos. De momento se han detectado prácticas contrarias a la ética sanitaria: instrucciones para descartar pacientes no rentables o retrasar intervenciones con fines económicos; manipulación de listas de espera: audios revelan que se buscaba alargarlas para mejorar indicadores financieros; y reutilización de material sanitario: sospechas de ahorro en costes a costa de la seguridad de los pacientes. El impacto económico es directo: se podría demostrar que estas prácticas buscaban generar entre 4 y 5 millones de euros adicionales de beneficio.
Las responsabilidades se deben depurar en el ámbito político y legal. La auditoría puede derivar en sanciones, rescisión de contratos o incluso en la reversión del modelo de gestión privada. El propio Gobierno regional de Ayuso ha advertido de que “cualquier mala práctica será erradicada con contundencia” y no descarta revisar el modelo de concesión. Sin embargo, la propia presidenta tiene su responsabilidad. Fue ella la que diseñó el nefasto modelo público-privado que ha llevado a poner en riesgo la salud de cientos de miles de madrileños.
Por otra parte, la oposición (PSOE, Más Madrid), exige la reversión a la gestión cien por cien pública de hospitales como el de Torrejón. En cuanto a los profesionales sanitarios, los jefes de servicio del hospital han defendido su ética y compromiso con los pacientes, distanciándose de las órdenes de la dirección. El escándalo ha generado desconfianza en la gestión privada de la sanidad pública madrileña. Ya se preparan manifestaciones multitudinarias en Madrid.