Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y también los de Israel llevaban meses apuntando a España. Ni a Trump ni a Netanyahu les interesaba un Gobierno socialista en España tan incómodo como el de Pedro Sánchez. Así que el espionaje yanqui/sionista se empeñó a la tarea de acumular información sensible sobre personajes de relevancia de la vida política de nuestro país. Zapatero era uno de ellos por su papel de mediador en el conflicto de Venezuela, y finalmente un dosier elaborado por la Homeland Security Investigations (HSI) ha terminado en la Audiencia Nacional, donde el juez Pedraz busca pruebas de que el expresidente socialista dirigía una red de corrupción internacional con cobro de comisiones por el rescate de la aerolínea Plus Ultra en tiempos de pandemia. Washington y Tel Aviv han puesto en el radar al Gobierno español. Ahora bien, ¿contaron los servicios de inteligencia extranjeros con ayuda sobre el terreno, incluso del CNI? El 26 de noviembre 2024 El Mundo publicaba que Víctor de Aldama, el empresario español conocido por su implicación en asuntos de corrupción del PSOE como el caso Ábalos/Koldo (mascarillas) o la trama de los hidrocarburos, “llevó de cacería a la élite de la CIA y el FBI en España con el guardia civil que le condecoró”. La información firmada por el periodista de investigación Esteban Urreiztieta aseguraba que “el empresario agasajó a los agregados en la embajada de EEUU con una montería en 2023”, e iba acompañada por una foto del industrial con miembros del FBI y la CIA en Ciudad Real.
Las fechas del puzle empiezan a encajar. Según publica hoy El Confidencial, la Administración Trump mandó en marzo el móvil clave del caso Zapatero y el juez pide usarlo como prueba. “El juez Calama precisa que el Homeland Security Investigations (HSI) remitió a la UDEF el volcado del teléfono del accionista de Plus Ultra en un oficio del 18 de marzo de 2026. Estados Unidos empezó en 2018 una investigación por blanqueo de capitales que afectaba a empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas. Una de las líneas de investigación afectaba a Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra. Las autoridades norteamericanas tuvieron acceso a su teléfono en 2021 y su contenido ha sido clave para la investigación de la Policía Nacional en la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero”.
Según la información de El Mundo de 2024, “destacados miembros de la Inteligencia americana cazaron en una finca de Ciudad Real invitados por el empresario Víctor de Aldama. La montería tuvo lugar el 6 de febrero de 2023 y se celebró a petición de los responsables de la unidad especializada UCE-2 del Instituto Armado con la que colaboraba el investigado en el denominado caso Koldo. En ese momento ya se encontraba en marcha la investigación que desembocaría un año después en la detención de Aldama y del principal asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, y que está coordinada desde el principio por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil”. Según informó El Mundo, la unidad antiterrorista de la Benemérita “se puso en contacto con Aldama para trasladarle que quería agasajar a dos integrantes del FBI y de la CIA. Le explicó que quería mantener una buena relación con ellos y le pidieron llevarlos a cazar”. “Para este cometido, la unidad especializada en la lucha contra el yihadismo recurrió al empresario, aficionado a esta actividad cinegética, y con quien mantenía una estrecha relación en su doble condición de confidente y benefactor”, añadía El Mundo.
De hecho, tal como desveló el propio Aldama en su reciente declaración ante la Audiencia Nacional, realizaba contribuciones económicas para sufragar, entre otras cosas, la compra de un dron para la unidad o servicios operativos. Estas aportaciones las realizó porque el empresario quería prestar una ayuda “altruista” al Cuerpo. La Benemérita lo ha negado.
Tanto la organización del evento como la logística de la montería corrieron a cargo del empresario, que se fotografió, tal como demuestra la imagen del citado periódico, junto al “agregado del FBI en la embajada americana en España, y un integrante de la CIA que también realiza labores operativas en nuestro país y cuya identidad real se mantiene en secreto por motivos de seguridad”. La imagen fue incautada en los dispositivos electrónicos de Aldama por la Audiencia Nacional. El Mundo se puso en contacto con la Embajada de Estados Unidos, que siempre según este periódico “rechazó realizar aclaración alguna sobre la asistencia de los miembros de la élite de la Inteligencia americana a la referida jornada en una finca ubicada en Castilla-La Mancha”. Durante su confesión ante el Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Aldama puso en valor su estrecha relación con las Fuerzas de Seguridad tanto españolas como americanas. La conexión de la embajada de Estados Unidos en Madrid con casos que afectan al PSOE se ha vuelto a poner encima de la mesa estos días, después del auto contra Zapatero dictado por el juez Pedraz. A este respecto, el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, encuadrado en Sumar, denunció que “deben explicar qué hacían todos la semana pasada en la Embajada de Estados Unidos”, en referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; al presidente de Vox, Santiago Abascal; y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según sostuvo, las reuniones podrían estar relacionadas con una supuesta coordinación política o judicial en torno a las investigaciones que afectan al entorno socialista y al propio Zapatero.
Según publicó la agencia Efe, Víctor de Aldama afirmó en su declaración ante el juez del caso Koldo que había colaborado aportando información a la UCE2, unidad de información antiterrorista de la Guardia Civil, y que tiene relación con la CIA y con el FBI. En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, De Aldama aseguró haber pagado comisiones al exministro José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García, además de al dirigente socialista Santos Cerdán.
En su declaración, el supuesto cabecilla de la trama indicó que pagó 10.000 euros al mes a Koldo para repartir con Ábalos y que vio cómo el primero entregaba dinero al segundo en el ministerio, siempre según Efe. Cuando se le preguntó si la anotación “Rubén 2k” suponía un pago “recurrente” al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en la causa, matizó que no era un pago por sus servicios, sino por teléfonos encriptados necesarios para su colaboración con la Guardia Civil.
“Yo, por mis viajes a México y a Venezuela y por una serie de cosas, yo actúo con la UCE2 para dar información, es una unidad de antiterrorismo, y no voy a decir nada más porque hablamos de un asunto de seguridad nacional”, explicó. De Aldama agregó que pagaba 2.000 euros al mes a Villalba para obtener “dispositivos telefónicos encriptados” para poder hablar de forma segura con él y con la UCE2 y garantizar la seguridad de todos y la de la unidad, aparatos que cambiaba una vez al mes. Explicó que él pagaba los teléfonos porque Interior no da “medios suficientes a la Policía y la Guardia Civil y recurren a gente como yo”.
“Yo he comprado un dron a la UCE2, yo he estado en Logroño disparando con el GAR, tengo una medalla de la UCE2 que está en el BOE, igual que tengo relación con la CIA y el FBI a través de la UCE2”, continuó De Aldama, quien aseguró que no pidió nada a Villalba al margen de su colaboración con la UCE.