Alberto Núñez Feijóo ha añadido una palabra particularmente delicada al debate sobre Ceuta: confinamiento. Después de semanas de discusión sobre inmigración, menores, devoluciones y capacidad de acogida, el presidente del Partido Popular ha pedido estudiar una medida excepcional por el supuesto riesgo sanitario derivado de enfermedades como la tuberculosis, la sarna, la varicela o la gastroenteritis. Habla de más de 450 casos de esta última y se apoya en las advertencias que asegura haber recibido de representantes de los colegios de Médicos y de Enfermería de la ciudad.
El asunto merece ser tomado en serio. También las denuncias de profesionales sanitarios que llevan días alertando de una presión extraordinaria sobre un sistema obligado a atender a miles de personas en muy poco tiempo.
Esa presión asistencial, por grave que sea, no demuestra por sí misma que existan razones epidemiológicas para confinar una ciudad de más de 80.000 habitantes.
Es precisamente en ese punto donde los diagnósticos empiezan a separarse. Mónica García rechaza la propuesta de Feijóo y la considera injustificada y desproporcionada. Sanidad recuerda algo bastante elemental, un confinamiento no se decide por la mera existencia de enfermedades transmisibles, sino por sus mecanismos de transmisión, el riesgo para la población y la eficacia de una medida de semejante alcance. Los datos disponibles dibujan una situación seria, pero bastante más compleja que la que cabe en una declaración política.
Sanidad habla de tres casos de tuberculosis, dos de ellos sin capacidad de contagio, dos posibles casos de varicela todavía sin confirmar y episodios de sarna que están siendo tratados. Buena parte de los problemas gastrointestinales y dermatológicos detectados aparecen, además, en un contexto marcado por el hacinamiento, la falta de higiene y las dificultades para acceder a agua segura.
Nadie discute a estas alturas que existe un problema sanitario. Falta, sin embargo, la evidencia que permitiría dar el salto hacia un confinamiento general de la población ceutí.
Los datos asistenciales ayudan a poner la situación en perspectiva. Entre el 31 de julio y el 14 de agosto, INGESA realizó 5.801 asistencias y el dispositivo de Cruz Roja en la playa del Trampolín superó las 2.500. El momento de mayor presión llegó el 31 de julio, con 1.149 atenciones en una sola jornada. El 14 de agosto fueron 322, un 72% menos.
El Hospital Universitario disponía entonces de 212 camas funcionantes, 111 de ellas libres. Según Sanidad, durante esas dos semanas no fue necesario suspender ni aplazar ninguna consulta ni intervención programada para la población ceutí. Eso no convierte la situación en normal.
Los propios profesionales han denunciado agotamiento, sobrecarga y dificultades para trabajar en determinadas áreas. El Colegio de Enfermería ha llegado a hablar de una situación de colapso y los sanitarios reclaman más recursos. Negar esa presión sería tan poco razonable como utilizarla para concluir que toda la ciudad se encuentra ante una amenaza sanitaria que exige encerrarla.
Ceuta tiene una emergencia humanitaria con consecuencias sanitarias. No son exactamente lo mismo.
La discusión adquiere otra dimensión cuando se observa el vocabulario utilizado durante las últimas semanas. El PP ha endurecido considerablemente su discurso sobre Ceuta. Feijóo ha hablado de «invasión» para referirse a la llegada masiva de migrantes y ha reclamado acelerar las devoluciones. Ahora aparecen en la misma conversación la tuberculosis, la sarna, la gastroenteritis y la posibilidad de un confinamiento.
Las palabras importan especialmente aquí. La asociación entre inmigración y enfermedad posee una historia demasiado larga como para manejarla sin prudencia. No hace falta negar un solo caso de tuberculosis ni ocultar un brote de gastroenteritis para advertir del riesgo de convertir una situación sanitaria concreta en una representación del extranjero como amenaza para la salud colectiva.
La Sociedad Española de Epidemiología ha señalado precisamente hacia otro lugar. Su presidenta ha advertido de que considerar que los migrantes traen enfermedades es sanitariamente erróneo y ha situado el problema principal en las condiciones en las que permanecen muchas de esas personas: hacinamiento, falta de higiene y ausencia de recursos básicos.
La condición de migrante no explica la enfermedad. Sí pueden hacerlo unas condiciones de vida que favorecen la aparición y transmisión de determinadas patologías.
Y eso conduce a respuestas bastante concretas: agua potable, alojamiento adecuado, saneamiento, vacunación, vigilancia epidemiológica, estudios de contactos, tratamiento y aislamiento individual cuando resulte necesario.
Son medidas bastante menos espectaculares que cerrar una ciudad, pero mucho más próximas a lo que están reclamando las autoridades sanitarias y los epidemiólogos.
Hay, además, una derivada política que Génova difícilmente puede ignorar. Las competencias de salud pública corresponden a la Ciudad Autónoma de Ceuta, presidida por Juan Jesús Vivas, del Partido Popular. La asistencia sanitaria depende de INGESA y, por tanto, del Estado. La situación obliga a ambas administraciones a cooperar y deja poco espacio razonable para convertir el reparto de competencias en otra batalla entre Gobierno y oposición.
Sanidad ha pedido espacios adecuados para alojar a las personas que continúan en condiciones precarias y ha convocado a las comunidades autónomas para coordinar el envío de vacunas. Feijóo plantea estudiar el confinamiento.
El presidente del PP puede cuestionar la gestión del Gobierno, reclamar más recursos para Ceuta y defender una política migratoria radicalmente diferente. Forma parte del debate democrático. Pero introducir la salud pública en esa disputa obliga a una exigencia adicional: una medida excepcional necesita razones epidemiológicas que justifiquen su excepcionalidad.
El problema existe. Los profesionales que llevan semanas trabajando bajo una presión extraordinaria lo conocen mejor que nadie. Precisamente por eso merece un debate algo más riguroso que una competición de alarmas.
Sanidad habla de vacunas, agua potable, alojamiento, vigilancia epidemiológica y aislamiento de los casos que lo requieran. Feijóo habla de confinamiento. La distancia entre ambos diagnósticos explica buena parte de la discusión política que acaba de abrirse en Ceuta.
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