El Gobierno logró sacar adelante ayer, con la abstención de Junts, el rechazo a la prórroga de las centrales nucleares en España. El PP había introducido una enmienda para alargar la vida útil de las plantas de producción de energía atómica en este país, pero no prosperó. Esta vez su idea del capitalismo salvaje por encima de la seguridad y la salud de las personas, y su concepción de la política supeditada al único principio de no hacer nada que suponga perder elecciones, quedó frenada en seco por la abstención de los parlamentarios de Carles Puigdemont. Salvados por la campana indepe.
El anuncio de la suspensión de la prórroga afecta también a la central nuclear de Almaraz, una instalación obsoleta por mucho que se empeñen el PP y sus terminales mediáticas. Y ya ha comenzado la batalla, no solo entre socialistas y populares, sino dentro del propio PSOE, ya que el líder socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo, inmerso en un proceso electoral, ha prometido por escrito mantener abierta esta central. Y es que hay 4.000 empleos en riesgo, con sus correspondientes familias, y muchos más votos que pueden perderse en las urnas.
El populismo de Gallardo, temeroso del descalabro en los comicios, choca con las órdenes de Sánchez, que ha dado instrucciones precisas a su Consejo de Ministros para ir cerrando las plantas nucleares en los plazos establecidos. El presidente es un convencido de la agenda verde y de las energías renovables, pero por lo visto choca con la resistencia de algunos barones socialistas.
La cuestión de la energía nuclear debería abordarse con arreglo a criterios estrictamente técnicos porque hay demasiado en juego. Tanto como que un accidente como el ocurrido en Chernóbil en 1986 arrasaría la Península Ibérica, de norte a sur, con una radiactividad suspendida en atmósfera que perduraría durante décadas. Quienes desde posiciones conservadoras aseguran que la energía nuclear es limpia y segura no están diciendo la verdad. Y menos en España, donde las centrales se han quedado obsoletas. Este año, comenzó a intensificarse el debate en torno al calendario de cierre de Almaraz. En octubre de 2025 se presentó ante las autoridades competentes una solicitud para ampliar la vida útil de la central hasta 2030, superando el calendario de cierre previsto para 2027-2028. La decisión quedó sujeta a los criterios regulatorios y de seguridad fijados por el Gobierno (cumplimiento de estándares radiológicos, ausencia de sobrecostes para los consumidores y viabilidad técnica). El Ejecutivo de Sánchez, consciente del disparate, finalmente ha dicho que no.
Almaraz se construyó entre 1973 y 1981 y comenzó a operar en 1983. Es decir, ha superado ya su vida útil. Según un comunicado de Greenpeace, las cinco principales organizaciones ecologistas españolas –Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF– expresan su rechazo frontal a cualquier prórroga del plan de cierre de las centrales nucleares españolas y advierten de que la prolongación de Almaraz hasta 2030 sería el prólogo del alargamiento de vida de todo el parque nuclear. Además, solicitan al Gobierno de España que no inicie un nuevo procedimiento de autorización para los reactores de Almaraz, especialmente ante los recientes intentos de algunos partidos por frenar el calendario de cierre, como la enmienda presentada por el PP en el Senado la semana pasada, dentro de la Ley de Movilidad Sostenible, para mantener operativos los reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.
“La energía nuclear implica costes crecientes y fuertes inversiones para garantizar su continuidad. El alargamiento del funcionamiento más allá de los cuarenta años supone aceptar un riesgo creciente que exige inversiones millonarias. La prolongación por 10 años de dos reactores belgas de potencia equiparable a Almaraz costará hasta 2.500 millones de euros. La renovación de Garoña, menos de la mitad de potente que Almaraz, implicaba más de 200 millones de euros”, añaden los ecologistas. Las organizaciones denuncian que el sector nuclear lleva meses presionando para evitar pagar por las consecuencias de su negocio, buscando rebajas o la desaparición de tasas destinadas a alimentar un fondo que ya es insuficiente para la gestión durante siglos de los residuos nucleares. Las organizaciones también alertan del legado radiactivo: cada año adicional de operación añade más contenedores con combustible gastado y aumenta el coste de gestionarlos.
Las organizaciones señalan que, desde que se alcanzó el acuerdo voluntario de cierre ordenado en 2019, los datos muestran con claridad que la energía nuclear es incapaz de competir con los bajos costes de operación de la eólica y la solar. Cuando el precio mayorista se desploma en las horas centrales del día debido a la producción renovable, la energía nuclear no puede cubrir ni siquiera los costes de su combustible. Por eso, en 2024, Almaraz I paró 16 días y Cofrentes 26 días por razones puramente económicas, una situación que se ha agudizado en 2025.
“El sector nuclear necesita condiciones ventajosas al operar de forma constante y con pocos cambios de potencia, lo que provoca que expulse de la red parte de la producción renovable, al no poder reducir con rapidez y seguridad su potencia. Además, la continuidad de los reactores establece un marco de planificación energética inconsistente que dibuja un horizonte de inseguridad jurídica y un bloqueo renovable que pone en riesgo grave las nuevas inversiones tanto de almacenamiento como de renovables y redes, imprescindibles para descarbonizar el sistema. Durante el reciente apagón, las centrales nucleares no aportaron ni resiliencia ni capacidad para una recuperación temprana, sino todo lo contrario”.
Por tanto, denuncian que el incumplimiento del calendario de cierre convertiría en papel mojado el Séptimo Plan Nacional de Residuos Radiactivos, porque en 2030 habría cuatro reactores de 1.000 megavatios para desmantelar, lo que supondría un gran esfuerzo industrial y económico, además de ser lo contrario a un cambio ordenado de tecnología de generación.