La propietaria propone ahora incorporar el piso al programa ReViVa para que la mujer de 87 años pueda volver con un alquiler asequible, aunque todavía no existe un acuerdo con la EMVS, se desconocen las condiciones económicas y la representación de Maricarmen asegura que no había recibido la propuesta. El anuncio llega después de varios intentos de negociación y de que el lanzamiento terminara con la anciana saliendo de su casa en camilla.
Dos días después de que Maricarmen Abascal fuera desahuciada de la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda en la que había residido durante más de siete décadas, Urbagestión Desarrollo e Inversión, propietaria del inmueble, asegura haber presentado al Ayuntamiento de Madrid una propuesta «urgente» para que la mujer pueda regresar al mismo piso mediante un alquiler «estable y asequible». La fórmula elegida sería la incorporación de la vivienda al programa ReViVa de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), aunque el anuncio de la compañía está todavía lejos de equivaler a un regreso garantizado de Maricarmen.
Según la versión trasladada por Urbagestión a los medios, la empresa pondría el inmueble a disposición de la EMVS y de los Servicios Sociales municipales para estudiar su cesión temporal dentro de ReViVa o cualquier otra alternativa que las administraciones consideren viable. La compañía sostiene que su objetivo consiste en coordinar una solución que permita a Maricarmen regresar a la vivienda, pero por ahora no se han hecho públicas ni las condiciones económicas de ese eventual contrato ni el plazo de la cesión, tampoco consta un acuerdo cerrado con el Ayuntamiento y sigue pendiente determinar si el funcionamiento ordinario del programa permite garantizar que sea precisamente Maricarmen quien vuelva a ocupar ese piso.
La diferencia no es menor, porque una cosa es anunciar la voluntad de encontrar una solución y otra que esa solución exista jurídicamente, haya sido aceptada por las administraciones y cuente con el consentimiento de la mujer desahuciada y de su representación legal.
La solución que aparece después de ejecutar el desahucio
La propuesta llega después de que el miércoles 23 de septiembre una comisión judicial ejecutara finalmente el lanzamiento. Maricarmen, de 87 años, abandonó en camilla el piso en el que residía desde hacía unos 70 años mientras centenares de personas permanecían concentradas en la calle.
Precisamente por esa cronología, el anuncio de Urbagestión plantea una cuestión inevitable: si ahora resulta posible estudiar una fórmula que permita que Maricarmen viva en el mismo inmueble pagando una renta asequible, queda por explicar por qué una alternativa de esas características no pudo cerrarse antes de que se consumara el lanzamiento.
La empresa sostiene que había intentado alcanzar acuerdos durante los últimos años y niega algunas de las cantidades y circunstancias que se le han atribuido públicamente. Su versión, sin embargo, choca con la ofrecida por Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, quien aseguró después del desahucio que la propiedad «nunca ha querido negociar» pese a que se habían planteado distintas alternativas para mantener a la mujer en la vivienda, incluida la intervención de Casa 47. Esa afirmación pertenece a la defensa de Maricarmen y es discutida por Urbagestión, por lo que no puede presentarse como un hecho incontrovertido, pero demuestra que la historia de las negociaciones está lejos de tener una única versión.
Antes del desahucio hubo otras ofertas
Tampoco puede analizarse el anuncio de este viernes como si hasta ahora no hubiera existido ninguna posibilidad alternativa al lanzamiento. En los días anteriores se conocieron varios intentos de evitarlo, algunos procedentes de particulares y otros vinculados a las administraciones.
El pianista James Rhodes aseguró públicamente que se había ofrecido tanto a sufragar un alquiler a precio razonable como a comprar la vivienda y afirmó que la propiedad rechazó sus propuestas. Urbagestión ha reconocido posteriormente que recibió dos correos electrónicos relacionados con Rhodes, aunque sostiene que cuando llegaron el lanzamiento ya se había producido. La versión ofrecida por el músico es que trató de intervenir para impedir el desalojo.
También trascendió antes del lanzamiento la existencia de una persona dispuesta a completar económicamente la renta para que Maricarmen pudiera permanecer en la casa. La existencia de estas iniciativas no significa necesariamente que fueran jurídicamente viables en los términos planteados ni que la propiedad estuviera obligada a aceptarlas, pero sí impide presentar la propuesta de ReViVa como la primera posibilidad surgida para conservar a Maricarmen en la vivienda.
Urbagestión y Vivienda mantienen versiones enfrentadas
Uno de los puntos todavía sin aclarar afecta a las conversaciones con el Ministerio de Vivienda y con Casa 47. Urbagestión sostiene que ni el Ministerio ni la empresa pública estatal formularon una oferta formal de compra del piso y reconoce únicamente contactos relacionados con una posible solución de alquiler.
La versión trasladada por fuentes gubernamentales es distinta. Según esas fuentes, se plantearon a la propiedad distintas alternativas para evitar el lanzamiento, incluida la posibilidad de explorar la compra del inmueble, y algunas propuestas no obtuvieron respuesta o fueron rechazadas.
No existe, por tanto, base para presentar sin matices ninguna de las dos narraciones como definitivamente acreditada. Lo que sí aparece documentado públicamente es que hubo interlocución entre las partes y que las versiones divergen sobre el contenido, formalización y respuesta a aquellas propuestas.
Urbagestión también ha negado haber exigido a Maricarmen el pago de los 2.650 euros mensuales que se le han atribuido en diferentes informaciones. La compañía sostiene que llegó a hablar de una renta situada aproximadamente entre un 40% y un 50% por debajo del precio de mercado, mientras que la letrada de Maricarmen ha situado esa cantidad en torno a los 1.650 euros. De nuevo, estamos ante versiones que deben identificarse como tales y no mezclarse hasta convertirlas en una falsa certeza.
ReViVa no es una cesión gratuita de la vivienda
La propuesta de incorporar la casa al programa ReViVa merece además una explicación que resulta fundamental para valorar correctamente el anuncio de Urbagestión, porque el sistema no consiste en que el propietario entregue gratuitamente una vivienda al Ayuntamiento por razones sociales.
ReViVa es un programa municipal diseñado para movilizar pisos privados hacia el alquiler asequible mediante la cesión temporal del usufructo a la EMVS. El propietario mantiene la titularidad y recibe una renta mensual garantizada aunque la vivienda no tenga inquilino, mientras que la empresa pública se encarga de gestionar el arrendamiento. El Ayuntamiento señala expresamente que el sistema pretende ofrecer condiciones beneficiosas tanto al propietario como al arrendatario.
Las ventajas para el dueño son relevantes. La EMVS garantiza el pago mensual, asume la gestión administrativa y jurídica y se hace cargo de conceptos como el IBI, la cuota ordinaria de la comunidad, determinadas reparaciones y el seguro del hogar. Si el inmueble necesita obras, el programa permite adelantar hasta 45.000 euros sin intereses para su rehabilitación, cantidad que después se va descontando de las rentas que percibe el propietario. La cesión tiene además una duración mínima prevista y la administración garantiza la devolución del inmueble en determinadas condiciones de conservación.
Por eso, describir la propuesta exclusivamente como un gesto de Urbagestión para permitir el regreso de Maricarmen ofrecería una visión incompleta. Si la operación prospera, la mujer podría obtener un alquiler más asumible, pero la propiedad también accedería a un mecanismo público que le garantiza ingresos y reduce sustancialmente los riesgos y costes asociados al arrendamiento.
La gran incógnita: si Maricarmen podrá volver realmente a ese piso
Queda además por resolver una cuestión esencial. El funcionamiento ordinario de ReViVa implica que el propietario cede el uso de la vivienda a la EMVS y es la empresa municipal la que gestiona posteriormente el alquiler y selecciona a los inquilinos que cumplen los requisitos establecidos. El programa nació precisamente para recuperar viviendas privadas vacías e incorporarlas al parque asequible.
Eso obliga a aclarar cómo se articularía jurídicamente una operación diseñada específicamente para que Maricarmen regresara a la misma vivienda. El anuncio de la empresa habla de ese objetivo, pero todavía no se ha explicado públicamente qué instrumento permitiría reservar el piso para ella, cuál sería la renta final, qué parte correspondería pagar a Maricarmen, cuánto cobraría la propiedad o durante cuántos años quedaría vinculado el inmueble al sistema público.
Hasta que esos extremos no estén resueltos, sería precipitado afirmar que Maricarmen «va a volver a su casa». Lo que existe por ahora es una propuesta de la propiedad para que las administraciones estudien cómo hacerlo.
Una empresa inmobiliaria que rechaza la etiqueta de «fondo buitre»
Urbagestión también ha tratado estos días de disputar el relato construido alrededor del caso y rechaza que se la describa como un «fondo buitre». Desde un punto de vista jurídico, se trata de una sociedad mercantil y no de uno de los grandes fondos internacionales de inversión que habitualmente se identifican con esa expresión, por lo que conviene distinguir entre la naturaleza jurídica de la compañía y el calificativo político o social utilizado por organizaciones de vivienda.
La empresa ha anunciado además acciones contra el Sindicato de Inquilinas por el empleo de esa denominación y por otras acusaciones formuladas durante el conflicto. La existencia de esas acciones no resuelve por sí misma si el término resulta legítimo como crítica política, cuestión que en último término dependerá del procedimiento correspondiente, pero sí explica por qué debe utilizarse con atribución cuando se informa sobre el caso.
Al mismo tiempo, el debate sobre la denominación no modifica la cuestión fundamental: Urbagestión es una empresa que opera en el sector inmobiliario y la controversia actual gira alrededor de las decisiones adoptadas como propietaria del piso de Maricarmen, no alrededor de si encaja o no en la definición técnica de un determinado vehículo financiero.
Del lanzamiento a pedir la intervención de la EMVS
La verdadera dimensión del anuncio de este viernes está, por tanto, en la secuencia de acontecimientos. La sociedad propietaria defendió judicialmente la extinción de la relación arrendaticia, el procedimiento concluyó con la recuperación de la posesión del inmueble y, apenas dos días después, esa misma sociedad plantea que una empresa pública municipal intervenga para hacer posible que Maricarmen regrese mediante un nuevo alquiler.
La propuesta puede convertirse en una salida real y, si termina devolviendo a Maricarmen a la vivienda en condiciones compatibles con sus ingresos, supondrá una solución al menos parcial a una situación que ha generado una enorme repercusión social. Sin embargo, que esa posibilidad exista ahora no borra las preguntas sobre todo lo sucedido antes del desahucio ni convierte automáticamente el comunicado de Urbagestión en una demostración de que las versiones defendidas por la empresa durante estos días sean correctas.
Quedan por aclarar las negociaciones anteriores, la naturaleza de las propuestas que llegaron desde Vivienda y Casa 47, las ofertas planteadas por particulares, la renta que realmente se discutió y las razones por las que ninguna alternativa consiguió impedir que una mujer de 87 años abandonara en camilla la casa en la que había pasado prácticamente toda su vida.
Y existe una última contradicción que difícilmente puede separarse de la noticia: la solución que Urbagestión propone ahora pasa por conseguir, con la participación y las garantías de una empresa pública municipal, que Maricarmen vuelva precisamente a la vivienda de la que la propiedad acababa de recuperar la posesión mediante un desahucio judicial. Esa es la cuestión que el comunicado no resuelve por sí solo y la que deberá aclararse si finalmente Ayuntamiento, EMVS, propiedad y Maricarmen consiguen transformar el anuncio en un acuerdo efectivo.
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