El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido su error, pero se niega a votar en contra del protocolo aprobado en el pleno anterior, una posición que deja desprotegidas a las mujeres madrileñas. Aun así, ha anunciado que no aplicará la iniciativa que pretendía obligar a informar sobre un supuesto “síndrome posaborto” sin ningún aval científico. Bien, pero no lo deroga.
Era una medida injusta, dañina y contraria a la práctica profesional. Sin embargo, no hay que engañarse: esta rectificación no resuelve el problema de fondo. En Madrid se sigue teniendo un derecho reconocido por la ley que, en la práctica, se obstaculiza hasta el límite.
Hay que repetirlo de forma clara: abortar es un derecho sanitario. Se ejerce sin coacciones, sin tutelas morales y con información veraz, basada en evidencias. Y ese derecho debe prestarse en la red pública, con recursos, plantillas suficientes y circuitos ágiles. “No vamos a permitir que se culpabilice a las mujeres ni que se utilicen los servicios municipales para difundir bulos.” Como sindicato, UGT Madrid defiende a las trabajadoras y trabajadores que se negaron a ser correa de transmisión de una pseudociencia.
Lo que cambia (y lo que no)
La rectificación municipal evita que Madrid Salud y otros servicios municipales se vean forzados a repetir una mentira.
Protege, en parte, a quienes atienden cada día a mujeres en situaciones delicadas. Pero no corrige la raíz del problema: el acceso real al aborto en la sanidad pública madrileña sigue siendo mínimo. Los datos son tozudos. En esta Comunidad, la inmensa mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo se derivan a clínicas privadas. En los hospitales públicos casi no se practica. Eso no es una casualidad: es el resultado de años de desmantelar la planificación familiar y de mirar hacia otro lado ante la objeción de conciencia cuando se convierte en bloqueo estructural.
La objeción de conciencia es un derecho individual, no un salvoconducto para que un servicio entero deje de prestar una prestación obligatoria. Se precisan registros de objetores, anónimos y operativos, para planificar recursos y garantizar que siempre haya profesionales disponibles. “Exigimos que la Comunidad de Madrid cumpla la ley y remita la información que el Ministerio de Sanidad necesita para asegurar la atención.” Resistirse a ello, como promueven el Gobierno madrileño y Vox, no es “libertad”, es opacidad, y la opacidad siempre se traduce en desigualdad y en desplazamientos forzosos de mujeres a otras provincias o a la privada.
La negativa de la Comunidad de Madrid de cumplir la ley, en cuanto al registro de objetores, limita los derechos de las ciudadanas al verse forzadas a acudir a la sanidad privada que es el único sitio donde se les oferta el servicio. En ocasiones lejos de sus domicilios y en un ambiente desconocido y poco amable en las circunstancias en las que acuden.
Las carteras de los hospitales públicos directamente no ofertan este servicio por imposición de la Comunidad de Madrid. Y para que esto pueda ser así es obvio que se necesita y utilizan la opacidad de la falta de registros.
Lenguaje claro, atención digna
Hay algo que no hay que perder de vista: para muchas mujeres, este proceso es un laberinto de trámites, citas, esperas y silencios. Si, además, la Administración introduce mensajes culpabilizadores o información engañosa, la angustia se multiplica. Por eso se insiste en lo básico:
• Información comprensible, veraz y suficiente, solo si la mujer la solicita, tal y como marca la ley.
• Circuitos claros en centros de salud y hospitales: quién atiende, dónde se pide cita, plazos y opciones (farmacológica o instrumental).
• Acompañamiento psicosocial para quien lo necesite, sin estigma y sin juicios.
“Las mujeres no necesitan tutelas ni sermones. Necesitan certezas, respeto y plazos razonables.”
Proteger a quienes cuidan
El intento de imponer el falso “síndrome posaborto” podría suponer el colocar bajo presión a profesionales de Madrid Salud, servicios sociales y dispositivos de emergencia social, sin motivo, al no tener base científica en la que basarse. No es aceptable.
La posición de UGT Madrid es nítida: Ningún trabajador o trabajadora pública debe ser obligado a difundir contenidos que no tienen base científica. Eso vulnera su deontología y deteriora la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos.
Igualmente, el sindicato reclama formación actualizada en salud sexual y reproductiva para todo el personal que atiende estos procesos. La formación no adoctrina, profesionaliza. Y cuando se profesionaliza la atención, se reducen las derivaciones innecesarias, las demoras y los desplazamientos.
Lo que UGT Madrid reclama, con urgencia
1. Plan de garantía pública del aborto en la Comunidad de Madrid, con objetivos medibles: incremento progresivo del porcentaje de IVEs realizadas en hospitales públicos, distribución geográfica equilibrada y reducción de tiempos de espera.
2. Registro efectivo de objeción de conciencia, anónimo, actualizado y operativo, que permita organizar turnos y derivaciones internas. No es un capricho, es gestión sanitaria responsable.
3. Reapertura y refuerzo de la red de planificación familiar: equipos multidisciplinares, educación sexual integral y prevención. Menos ruido ideológico y más salud pública.
4. Protección explícita a los equipos frente a coacciones y presiones internas: la dirección de un servicio no puede convertir su opinión personal en un veto colectivo.
5. Transparencia: publicación periódica de datos de acceso, tiempos y lugares de realización. Sin datos no hay rendición de cuentas.
Madrid no puede seguir expulsando a sus mujeres
Cuando la sanidad pública no responde, quien tiene recursos paga; quien no los tiene, espera, viaja o desiste. Eso es injusticia pura. No es un problema “cultural”, es un problema de gestión y de voluntad política. La marcha atrás del Ayuntamiento demuestra que, cuando se alzan las voces, se rectifica. Ahora falta la parte difícil: cambiar inercias, reorganizar servicios y priorizar.
“Decidir sobre el propio cuerpo no es una consigna; es un derecho que se ejerce en un mostrador, en una consulta y en un quirófano.” Y ese ejercicio debe ser seguro, gratuito y cercano. No hay neutralidad posible: o se garantiza el derecho o se dificulta. Los discursos sobre “libertad” que niegan datos y procedimientos son humo.
La Comunidad de Madrid debe cumplir la ley
UGT Madrid rechaza la estrategia de enfrentar derechos: no se protege la conciencia de nadie negando el derecho de todas. Cumplir la ley implica organizar el servicio para que funcione. Implica registrar la objeción para poder cubrirla. Implica coordinarse con el Ministerio de Sanidad y con los hospitales. Implica, en suma, gobernar para toda la ciudadanía, no para un bloque ideológico.
El sindicato lo deja claro, "seguiremos ahí: defendiendo a las trabajadoras y trabajadores, exigiendo recursos y denunciando cualquier retroceso. No vamos a permitir que se vacíe de contenido un derecho conquistado.” Se aplaude la rectificación municipal, sí; pero el aplauso será completo cuando ninguna mujer madrileña tenga que coger un tren para ejercer un derecho que le corresponde en su propio sistema sanitario.
Porque de eso va lo público: de estar cuando hace falta, con rigor, humanidad y sin mentiras. Y ya vamos tarde.