UGT Madrid reclama al Gobierno regional la firma inmediata de los convenios del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

El sindicato reclama agilizar su adhesión para que la Comunidad pueda acceder cuanto antes a los primeros fondos destinados a ampliar el parque público, rehabilitar edificios y facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible

17 de Julio de 2026
Actualizado a la 13:42h
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Esther Chaves Alonso, secretaria de Igualdad y responsable de Políticas de Vivienda de UGT Madrid, foto Agustín Millán
Esther Chaves Alonso, secretaria de Igualdad y responsable de Políticas de Vivienda de UGT Madrid, foto Agustín Millán

UGT Madrid exige al Gobierno madrileño  que formalice sin demora los convenios del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 remitidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, un trámite imprescindible para que la región pueda acceder a la primera anualidad del programa, dotada con 800 millones de euros.

El sindicato valora positivamente que el Gobierno de España haya trasladado ya toda la documentación necesaria a las comunidades autónomas para poner en marcha el nuevo Plan Estatal de Vivienda y considera que ahora corresponde al Gobierno regional actuar con la máxima diligencia para evitar retrasos en la llegada de unos recursos imprescindibles para responder a la grave crisis de acceso a la vivienda que afecta a miles de familias trabajadoras madrileñas.

Para Esther Chaves Alonso, secretaria de Igualdad y responsable de Políticas de Vivienda de UGT Madrid: "La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la clase trabajadora. No hay ninguna razón para retrasar la firma de unos convenios que permitirán movilizar recursos públicos esenciales para ampliar la oferta de vivienda asequible y reforzar el parque público".

Los convenios deben firmarse sin demora

Para el sindicato, el Plan Estatal de Vivienda representa una oportunidad para impulsar políticas públicas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada mediante una importante inversión pública compartida entre el Estado y las comunidades autónomas.

El programa establece un sistema de financiación en el que el Estado aporta el 60 % de la inversión y las comunidades autónomas el 40 % restante, una fórmula que permitirá desarrollar nuevas promociones de vivienda protegida, ampliar el parque público y mejorar las condiciones de acceso a la vivienda para miles de personas.

No obstante, el sindicato considera que estos recursos solo podrán desplegar todos sus efectos si las administraciones actúan con rapidez y responsabilidad institucional.

"El acceso a estos fondos depende ahora de la firma de los convenios. Retrasar este procedimiento significaría retrasar también soluciones para miles de personas que hoy encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda", señala Esther Chaves Alonso.

Un parque público permanente al servicio de la ciudadanía

UGT Madrid destaca especialmente que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorpora garantías para que las viviendas financiadas con recursos públicos mantengan de forma permanente su función social, impidiendo que puedan ser privatizadas o utilizadas con fines especulativos.

El sindicato considera que esta medida responde a una reivindicación histórica del movimiento sindical: garantizar que las inversiones realizadas con dinero público generen patrimonio público estable y permanezcan siempre al servicio de la ciudadanía.

Además de la promoción de nuevas viviendas protegidas, el Plan contempla actuaciones de rehabilitación residencial, mejora de la eficiencia energética, accesibilidad, eliminación de barreras arquitectónicas, adaptación de viviendas para personas mayores o con discapacidad, recuperación de inmuebles en municipios y cascos históricos, así como programas destinados a incrementar la oferta de alquiler asequible.

Para UGT Madrid, todas estas actuaciones son imprescindibles para desarrollar una política integral de vivienda capaz de responder a las necesidades reales de la población.

Medidas estructurales frente a la crisis residencial

A pesar del esfuerzo inversor previsto en el Plan Estatal de Vivienda, el sindicato considera que la actual situación del mercado residencial exige también medidas estructurales que permitan actuar sobre la evolución de los precios y garantizar el acceso efectivo a la vivienda.

UGT Madrid reclama la aplicación plena de la Ley por el Derecho a la Vivienda, incluida la declaración de zonas de mercado residencial tensionado allí donde los precios hayan alcanzado niveles incompatibles con la capacidad económica de la mayoría social.

Asimismo, reitera que ninguna familia debería verse obligada a destinar más del 30 % de sus ingresos al pago de la vivienda, ya sea mediante alquiler o hipoteca, y defiende la puesta en marcha de mecanismos eficaces que permitan contener la escalada de precios y garantizar un acceso digno a trabajadores y trabajadoras, jóvenes y familias con rentas medias y bajas.

El sindicato considera igualmente prioritario impulsar la rehabilitación de barrios, mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad del parque residencial, movilizar viviendas vacías hacia el alquiler asequible y reforzar la protección de las familias vulnerables frente a los desahucios, garantizando siempre alternativas habitacionales adecuadas.

La vivienda debe seguir siendo un derecho

El sindicato insiste en que la solución a la crisis residencial pasa por incrementar de manera sostenida el parque público de vivienda, asegurando que tanto la titularidad como la gestión de las promociones financiadas con recursos públicos permanezcan bajo control público y orientadas exclusivamente al interés general.

"La vivienda no puede tratarse como un activo financiero. Las administraciones deben garantizar que las inversiones públicas sirvan para consolidar un parque público permanente que permita responder a las necesidades de la ciudadanía hoy y también de las generaciones futuras", reclama Esther Chaves Alonso.

UGT Madrid hace un llamamiento al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que firme cuanto antes los convenios del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y permita que la región cceda sin demora a unos recursos fundamentales para ampliar el parque público, impulsar la rehabilitación, mejorar la accesibilidad, favorecer la eficiencia energética y garantizar el derecho efectivo a una vivienda digna y asequible.

La vivienda es un derecho. Las políticas públicas deben estar al servicio de las personas y no de la especulación.

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