El Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid vuelve a presentar unos presupuestos que repiten un patrón ya demasiado conocido: una política fiscal que se disfraza de incentivo económico, pero que en realidad consolida los privilegios de una minoría. Una vez más, las bonificaciones fiscales están pensadas para un solo sector poblacional: el de las rentas altas y los grandes patrimonios.
Según el propio Gobierno Regional, su política fiscal busca “aumentar los recursos de inversión, ahorro y consumo de todos los madrileños”. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Lo que realmente hace es mantener una estructura tributaria profundamente desigual, que reduce los ingresos públicos y limita la capacidad de inversión en servicios esenciales como la sanidad, la educación o el transporte público.
Bonificaciones que perpetúan la desigualdad
El ejemplo más evidente de esta política regresiva es la bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos, y del 25% en las transmisiones entre hermanos, tíos y sobrinos, junto con la reducción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales al 6%. A simple vista, puede parecer un alivio para todos, pero en realidad solo beneficia a quienes disponen de patrimonio.
Las familias trabajadoras, que viven de su salario, no heredan grandes propiedades ni poseen inmuebles de alto valor. Son las clases altas las que se benefician de estas medidas, porque son quienes más tienen que heredar o donar. Esta política refuerza un modelo económico en el que el capital heredado pesa más que el esfuerzo personal, y donde la movilidad social se reduce a la mínima expresión.
Al bonificar de manera tan agresiva los impuestos sobre el patrimonio, el Gobierno Regional renuncia a recaudar recursos públicos esenciales para garantizar servicios de calidad. Lo que se presenta como una “rebaja fiscal” es, en realidad, una transferencia silenciosa de riqueza desde lo público hacia lo privado, desde lo común hacia lo exclusivo.
Una política al servicio de los especuladores
Estas bonificaciones también benefician directamente a quienes concentran la propiedad inmobiliaria en la región. Son los grandes tenedores de viviendas, los fondos que compran bloques enteros para especular, o quienes fijan alquileres imposibles para la mayoría de las familias madrileñas.
Mientras se bonifica a quienes acumulan propiedades, se ignora la situación crítica del mercado de la vivienda, donde los precios del alquiler superan ampliamente el salario mínimo interprofesional. Esos mismos propietarios, favorecidos fiscalmente, convierten locales comerciales en pisos turísticos, expulsando a los vecinos de sus barrios y reduciendo aún más la oferta de vivienda residencial.
Esta dinámica tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana: las personas trabajadoras no pueden vivir cerca de su lugar de trabajo, y se ven obligadas a recorrer decenas de kilómetros cada día. Aumenta el tiempo de desplazamiento, se reduce el tiempo personal y familiar, y se dificulta la conciliación. El resultado es un modelo urbano insostenible que penaliza la vida laboral y personal de quienes sostienen la economía madrileña.
Incentivos a las inversiones extranjeras… ¿y las madrileñas?
El Gobierno Regional anuncia un nuevo Proyecto de Ley para establecer deducciones por inversiones extranjeras en el IRPF, una medida que se presenta como una forma de atraer capital, pero que deja fuera a las inversiones nacionales y regionales. Es decir, se premia al capital foráneo mientras se ignora a las pequeñas empresas y autónomos madrileños que mantienen la economía real de nuestra comunidad.
Resulta incomprensible que se planteen ventajas fiscales para quienes llegan desde fuera mientras se desatiende a quienes ya están aquí, creando empleo, pagando impuestos y soportando los costes de la crisis. Una política económica responsable debería apostar por fortalecer el tejido productivo local, no por favorecer a los inversores que buscan rentabilidad rápida sin compromiso con el territorio.
Los pueblos se vacían y la desigualdad crece
Otro de los proyectos anunciados es una Ley para favorecer el acceso a la vivienda y el cambio de residencia a municipios en riesgo de despoblación. Aunque esta iniciativa podría ser positiva, llega tarde y con un enfoque parcial.
La despoblación no solo afecta a los pueblos pequeños, sino también a los centros urbanos, que pierden vecinos expulsados por los altos precios y la falta de vivienda asequible.
Durante años, los municipios rurales se han vaciado por la falta de infraestructuras, servicios sanitarios, transporte público o acceso digital. Sin carreteras seguras, sin internet de calidad, sin incentivos a los autónomos o emprendedores, es imposible mantener población. Y ahora, el Gobierno pretende revertir este abandono con deducciones fiscales insuficientes y sin un plan integral de inversión pública.
Un modelo agotado que exige cambio
El modelo fiscal del Gobierno de la Comunidad de Madrid no redistribuye la riqueza, sino que la concentra. Presenta como “libertad económica” lo que en realidad es una renuncia a la justicia fiscal. Porque la verdadera libertad no consiste en pagar menos impuestos, sino en tener acceso a servicios públicos de calidad, a una vivienda digna, a un transporte eficiente y a un empleo estable.
Desde UGT Madrid defendemos que una política fiscal justa debe ser progresiva, solidaria y equitativa. Los impuestos son la herramienta que permite sostener el Estado del bienestar y garantizar que nadie quede atrás. No se trata de castigar a quienes tienen más, sino de asegurar que todos contribuyan en función de su capacidad y reciban en función de sus necesidades.
Madrid necesita un modelo fiscal que mire al futuro, que invierta en innovación, en vivienda pública, en servicios y en empleo de calidad. No más privilegios fiscales para unos pocos. No más desigualdad disfrazada de libertad económica.
La justicia fiscal no es un obstáculo para el crecimiento: es su condición necesaria. Solo con equidad y responsabilidad podremos construir una Comunidad de Madrid más justa, más cohesionada y con oportunidades para todas las personas.