UGT Madrid manifiesta su desacuerdo con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha estimado la medida cautelar solicitada en la demanda interpuesta por el Ministerio de Sanidad contra la Comunidad de Madrid, instando al Gobierno regional únicamente a iniciar los trámites para la creación del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, sin entrar todavía en el fondo del asunto.
Para UGT Madrid, esta decisión resulta claramente insuficiente para garantizar de manera inmediata el derecho efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública. La situación actual continúa dejando a miles de mujeres en una situación de vulnerabilidad y desprotección.
Derecho legal al aborto
Las mujeres madrileñas tienen reconocido legalmente el derecho al aborto, pero siguen sin contar con un acceso real a esta prestación dentro de la sanidad pública madrileña.
En la Comunidad de Madrid, menos del 1% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en hospitales públicos, lo que evidencia que el sistema sanitario madrileño no está garantizando de forma efectiva un derecho reconocido por la legislación estatal.
En la práctica, casi la totalidad de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en clínicas privadas acreditadas, a las que las mujeres son derivadas desde el sistema público de salud.
Esta externalización de una prestación sanitaria que debería formar parte de la cartera ordinaria del sistema público genera múltiples problemas:
• Retrasos y dificultades en el acceso a la prestación sanitaria.
• Desvinculación de la atención del sistema sanitario público.
• Situaciones de presión social y hostigamiento hacia las mujeres.
• Mujeres expuestas al acoso en las puertas de las clínicas.
Grupos antiabortistas
UGT Madrid denuncia que muchas de las mujeres que acuden a estas clínicas deben atravesar concentraciones de grupos antiabortistas que las increpan, las señalan o intentan disuadirlas, generando situaciones de presión y acoso mientras ejercen un derecho reconocido por la ley.
Este escenario supone una vulneración del derecho a recibir atención sanitaria en condiciones de seguridad, privacidad y dignidad, condiciones que deberían estar plenamente garantizadas dentro de los hospitales públicos.
La legislación estatal en materia de salud sexual y reproductiva obliga a las comunidades autónomas a crear un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia. Este instrumento tiene como finalidad permitir que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar que siempre existan profesionales disponibles para practicar interrupciones voluntarias del embarazo.
Un registro confidencial
Sin embargo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha negado reiteradamente a poner en marcha este registro, alegando que podría suponer un estigma para los profesionales sanitarios.
UGT Madrid recuerda que este registro es confidencial, no es público y tiene exclusivamente un carácter organizativo. Su objetivo es asegurar que el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo esté garantizado dentro del sistema sanitario público.
La ausencia de este registro y la falta de planificación de los servicios sanitarios han provocado que la práctica totalidad de las interrupciones voluntarias del embarazo se realicen fuera de los hospitales públicos madrileños, trasladando esta responsabilidad a centros privados y dejando a las mujeres expuestas a situaciones de presión social.
En la práctica, esta política expulsa la interrupción voluntaria del embarazo de la sanidad pública madrileña.
Exigencias de UGT Madrid
Ante esta situación, UGT Madrid reclama:
• La creación inmediata del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia.
• La garantía de que la interrupción voluntaria del embarazo se practique también en hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
• La protección efectiva de las mujeres frente al acoso de grupos antiabortistas.
• La integración plena de la salud sexual y reproductiva dentro de la sanidad pública madrileña.
UGT Madrid considera que el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad no puede depender de la voluntad política de una administración ni quedar relegado a la externalización del servicio sanitario.
Garantizar el acceso al aborto en condiciones de seguridad, dignidad y dentro del sistema sanitario público no es una opción política: es una obligación legal y democrática que la Comunidad de Madrid debe cumplir.