Desde UGT Madrid observan con preocupación el proyecto anunciado por el Gobierno regional para implantar una fecha de caducidad en determinadas leyes autonómicas y establecer procedimientos legislativos exprés. Aunque se presenta como una reforma técnica orientada a la modernización y la eficiencia, consideramos imprescindible explicar con claridad qué significan estos cambios y a quién benefician realmente.
Cuando se habla de fecha de caducidad de las leyes, se está introduciendo un mecanismo por el cual determinadas normas, especialmente las de carácter organizativo de la Administración, dejarán de estar vigentes si no se renuevan en un plazo determinado. Este tipo de legislación no es menor: regula cómo funciona la Administración, cómo se toman decisiones y cómo se garantizan los controles internos. Su caducidad automática puede facilitar reordenaciones administrativas sin un debate político profundo ni un control parlamentario suficiente.
El Gobierno regional también plantea la obligatoriedad de revisar el resto de la normativa cada cuatro años, mediante lo que denomina una evaluación ex post. En términos sencillos, se trata de analizar una ley una vez aplicada para comprobar si ha cumplido sus objetivos. Desde UGT Madrid quieren subrayar que esta evaluación no será parlamentaria ni vinculante, sino un informe elaborado por la propia consejería competente. Es decir, quien impulsa la norma es quien valora su eficacia, lo que limita seriamente la independencia del análisis y reduce el control democrático.
Otro de los elementos clave del proyecto es el procedimiento legislativo exprés para normas consideradas “sencillas”. Este trámite abreviado reduce los plazos de debate y la capacidad de presentar enmiendas. El problema no es la agilización en sí, sino la indefinición de qué se considera una norma simple. Muchas leyes con impacto en derechos laborales, servicios públicos o condiciones de vida se presentan como técnicas cuando tienen consecuencias sociales muy relevantes. Acortar los tiempos parlamentarios debilita la participación de la oposición, de los sindicatos y de la sociedad civil.
Desde UGT Madrid advierten de que este modelo puede generar inseguridad jurídica. Para la ciudadanía y para las personas trabajadoras es esencial contar con un marco normativo estable, previsible y sobre todo, que aporte seguridad jurídica. Sin embargo, la revisión periódica acelerada y la caducidad de las normas favorecen un escenario de cambio constante. Este contexto suele beneficiar a quienes tienen más capacidad de influencia y recursos técnicos —grandes empresas y grupos de presión— frente a la ciudadanía a la que se debería proteger, sin olvidar a organizaciones sociales o sindicales.
En el ámbito europeo, las evaluaciones normativas existen, pero están acompañadas de criterios claros, participación independiente y control político efectivo. En este caso, el modelo propuesto por el Gobierno regional se aleja de ese estándar, ya que concentra el poder de revisión y decisión en el propio Ejecutivo autonómico, siendo juez y parte de la normativa afectada.
Desde el sindicato consideran que no estamos ante una simple reforma administrativa, sino ante un cambio profundo en el equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo. Bajo el discurso de la eficacia y la modernización, se corre el riesgo de normalizar la reducción de controles democráticos y la participación ciudadana.
Por todo ello, reclaman transparencia, debate parlamentario real y garantías de participación social. Las leyes no son un trámite técnico: son la base de los derechos, de los servicios públicos y de la cohesión social. Cualquier reforma que afecte a su vigencia y a su tramitación debe situar el interés general y el control democrático en el centro.