UGT Madrid exige a Ribera y Quirón Salud que garanticen la subrogación de la plantilla del Laboratorio Clínico

247 personas trabajadoras afrontan la incertidumbre tras la adjudicación del servicio a Quirón Salud, mientras UGT Madrid reclama un acuerdo inmediato para proteger el empleo y evitar el deterioro del servicio público

15 de Abril de 2026
Actualizado a las 10:55h
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Isabel Díaz Ayuso durante su visita al centro de salud de Parla Este. / Comunidad de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso durante su visita al centro de salud de Parla Este. / Comunidad de Madrid.

UGT Servicios Públicos Madrid ha reclamado a Ribera Salud y Quirón Salud que alcancen de forma urgente un acuerdo que garantice la subrogación de la plantilla actual del Laboratorio Clínico Central que presta servicio a los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Sureste, Tajo y Henares. El sindicato advierte de que 247 personas trabajadoras se enfrentan a una situación de incertidumbre laboral tras el cambio de adjudicataria de un servicio esencial para la sanidad pública madrileña.

La Comunidad de Madrid ha adjudicado a Quirón Salud, a través de Health Diagnostic, un contrato superior a los 120 millones de euros para gestionar durante los próximos años el Laboratorio Clínico Central, que atiende a cerca de 1,4 millones de usuarios de seis hospitales públicos madrileños. Hasta ahora, el servicio estaba gestionado por Ribera Salud.

Para UGT Madrid, el cambio de empresa adjudicataria no puede convertirse en una amenaza para quienes llevan años sosteniendo el funcionamiento diario del laboratorio. La organización sindical recuerda que la plantilla conoce los circuitos, los protocolos, los tiempos de respuesta, la coordinación con los hospitales y la complejidad técnica de un servicio que no admite improvisaciones.

La responsable de Sanidad Privada de UGT Servicios Públicos Madrid, Mª Teresa Benavides Sanjuán, ha defendido que “la plantilla actual debe ser subrogada porque estamos ante una sucesión de empresas”. En este sentido, UGT recuerda que el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores establece que el cambio de titularidad de una empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma no extingue por sí mismo la relación laboral y que la nueva empresa queda subrogada en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social.

Desde el sindicato se insiste en que no se trata solo de una cuestión laboral, sino también asistencial. Sustituir de golpe a toda la plantilla de los seis laboratorios podría provocar retrasos, desorganización y fallos en un servicio especialmente sensible. El Laboratorio Clínico Central no es una actividad menor: procesa pruebas diagnósticas fundamentales para miles de pacientes y forma parte de la estructura sanitaria que sostiene la atención hospitalaria y de Atención Primaria.

UGT denuncia que la licitación no ha protegido de forma suficiente a las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio. Esa omisión ha abierto una incertidumbre injustificable sobre el futuro de profesionales con experiencia acumulada durante años. “No se puede tratar a la plantilla como si fuera un elemento prescindible de un contrato público. Las empresas cambian, pero los derechos laborales permanecen”, sostienen desde la organización.

El sindicato insta a Ribera Salud, como empresa saliente, y a Quirón Salud, como nueva adjudicataria, a sentarse de inmediato con la representación legal de las personas trabajadoras para pactar una salida que garantice la continuidad del empleo, respete las condiciones laborales y evite un conflicto judicial innecesario.

UGT advierte de que, si no hay acuerdo, se abriría la puerta a demandas y procedimientos que podrían haberse evitado con responsabilidad empresarial. “Las dos compañías son grandes grupos sanitarios con amplia experiencia en concesiones públicas y servicios privatizados. Precisamente por eso no pueden mirar hacia otro lado ni descargar sobre la plantilla las consecuencias de una adjudicación”, señala el sindicato.

La organización reclama también a la Comunidad de Madrid que no se desentienda de las consecuencias laborales y asistenciales de sus propias licitaciones. Aunque la Administración defienda que la subrogación corresponde a las empresas, UGT considera que un contrato público de esta dimensión debe garantizar estabilidad, calidad y continuidad en el servicio.

Para UGT Madrid, la solución es clara: subrogación de las 247 personas trabajadoras, mantenimiento de derechos y acuerdo inmediato entre Ribera Salud y Quirón Salud. Cualquier otra vía supondría poner en riesgo empleos, experiencia profesional y el correcto funcionamiento de un laboratorio que atiende a seis hospitales públicos y a una parte muy importante de la población madrileña.

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