La fiscalización de la sanidad madrileña ha entrado en una fase crítica tras la decisión del Tribunal de Cuentas de investigar la gestión de los hospitales públicos concesionados a gigantes del sector como Grupo Quirón y Ribera Salud. Este movimiento judicial, que nace de una denuncia interpuesta por el PSOE, pone bajo la lupa un modelo de colaboración público-privada que ha definido la política asistencial de la región durante la última década. El núcleo del conflicto reside en un presunto menoscabo de fondos públicos que cuestiona no solo la transparencia administrativa, sino la eficacia de los mecanismos de control sobre las facturaciones cruzadas entre los centros de gestión directa y las concesionarias privadas.
La apertura de esta pieza de acción pública por parte del órgano fiscalizador responde a la alerta sobre un posible trato de favor que habría derivado en que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso perdonase, presuntamente, una deuda de 71 millones de euros. Esta cifra, según la documentación que ha trascendido, se habría generado por el tratamiento de pacientes derivados desde la red de gestión privada hacia la sanidad pública, un fenómeno intrínseco al sistema de libre elección de centro que rige en la Comunidad de Madrid. La controversia jurídica y política se centra en si la administración autonómica ejerció un seguimiento real de estos flujos económicos o si, por el contrario, existió una negligencia que favoreció los balances de resultados de las empresas sanitarias a costa del erario público.
El procedimiento iniciado obliga ahora a los denunciantes a personarse en un plazo de nueve días para individualizar los supuestos de responsabilidad contable, lo que traslada la batalla del terreno dialéctico al rigor de las pruebas periciales. El informe interno que sirve de base a la denuncia sugiere que la falta de fiscalización en la facturación interhospitalaria permitió que los costes asumidos por los hospitales de gestión pública no fueran debidamente repercutidos a las entidades privadas obligadas a cubrirlos. Este escenario plantea un debate de fondo sobre si el modelo de concesiones en la sanidad madrileña cuenta con los contrapesos necesarios para garantizar que el beneficio empresarial no colisione con la integridad de los recursos colectivos.
La investigación del Tribunal de Cuentas se produce en un contexto de máxima tensión política, donde la gestión sanitaria es el principal campo de batalla ideológico. Al investigar a firmas de la relevancia de Quirón y Ribera Salud, el tribunal no solo audita facturas, sino que evalúa la solvencia de un sistema que delega servicios esenciales en manos privadas bajo la promesa de una mayor eficiencia. Si se confirma que hubo una condonación irregular de deudas, el impacto trascendería lo económico para convertirse en una crisis de confianza sobre el modelo de colaboración público-privada y la capacidad de supervisión de la Consejería de Sanidad frente a los grandes grupos del sector.