UGT Servicios Públicos Madrid y UGT Madrid denuncian el grave deterioro de los servicios públicos esenciales en la Comunidad de Madrid como consecuencia de las decisiones del gobierno regional, que prioriza el pago a grandes operadores privados sanitarios mientras detrae recursos de ámbitos tan sensibles como la atención social y las residencias públicas.
Esta estrategia tiene efectos directos y verificables en la sanidad madrileña. Uno de los ejemplos más claros es la situación del laboratorio central de la Comunidad de Madrid, gestionado de forma privatizada, que presta servicio a seis hospitales públicos del denominado anillo hospitalario: Hospital Infanta Sofía, Hospital del Henares, Hospital Infanta Cristina, Hospital del Sureste, Hospital Infanta Leonor y Hospital del Tajo. En total, 1,4 millones de personas dependen cada año de este servicio esencial.
UGT Servicios Públicos Madrid denuncia años de mala gestión por parte de la empresa concesionaria Ribera Salud, una gestión basada exclusivamente en el beneficio económico y el recorte de costes que ha generado un exceso brutal de trabajo, una falta estructural de personal y un deterioro continuo de la calidad asistencial.
Plantillas al límite y profesionales que se marchan
Desde 2008, pese al incremento sostenido de la población y del volumen de muestras, la plantilla no ha sido reforzada, lo que ha provocado una sobrecarga permanente de trabajo. Esta situación ha llevado a que profesionales con décadas de experiencia abandonen la empresa ante unas condiciones laborales insostenibles.
El personal sanitario sufre jornadas extenuantes, imposibilidad de descansar los fines de semana, serias dificultades para elegir vacaciones en periodos estivales y ausencia de sustituciones. Todo ello genera retrasos continuos, problemas en la gestión de muestras y un entorno laboral incompatible con una atención sanitaria de calidad. En palabras de UGT, “es imposible sacar el trabajo de rutina con las garantías necesarias de seguridad y precisión”.
Un modelo que se repite: menos recursos sociales, más negocio privado
Esta denuncia se produce en un contexto especialmente grave. El gobierno regional ha sido señalado recientemente por utilizar fondos procedentes de la atención social y de las residencias públicas para hacer frente a pagos derivados del sistema sanitario privatizado.
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid acaba de publicar su informe anual en el que fiscaliza los gastos e ingresos de la Comunidad de Madrid a año vencido y revela en el mismo que el Consejo de Gobierno ordenó en 2024 destinar 61,5 millones de euros procedentes de la AMAS hacia el SERMAS para abonar la deuda contraída con la Fundación Jiménez Díaz (Grupo Quirón) por la actividad correspondiente a la libre elección para la prestación sanitaria del año 2021.
UGT Servicios Públicos de Madrid denuncia que la AMAS no puede consentir prescindir de 61,5 millones de euros de su presupuesto y por otro lado hurtar cantidades económicas a sus propios trabajadores y trabajadoras, porque lo que están haciendo es condenar a la miseria a los centenares de trabajadores y trabajadoras que deben hacer frente a los gastos de su vida personal con retribuciones mensuales en las que la AMAS les está dejando de ingresar en nómina mensual cuantías que oscilan entre los 300 y 400 EUROS de media, correspondientes a su complemento de antigüedad.
Para UGT, estos hechos evidencian un patrón claro: se detraen recursos de los servicios públicos sociales mientras se garantiza el flujo de dinero hacia grandes grupos privados de la sanidad.
UGT Madrid subraya que las residencias públicas y los servicios sanitarios no son compartimentos estancos. Ambos forman parte del mismo sistema de protección social y su debilitamiento tiene consecuencias directas sobre las personas mayores, dependientes y sobre el conjunto de la ciudadanía.
La reversión a lo público, única solución
UGT Servicios Públicos Madrid exige que el laboratorio central de la Comunidad de Madrid vuelva al sistema público de salud, al tratarse de un servicio estratégico que nunca debió ser privatizado. La organización sindical defiende que la única garantía de un funcionamiento correcto, seguro y eficiente pasa por una gestión cien por cien pública, con plantillas estables, dimensionadas adecuadamente y con profesionales debidamente cualificados.
El sindicato advierte de que la privatización no solo no mejora la eficiencia, sino que deteriora el servicio año tras año, precariza el empleo y pone en riesgo la seguridad de pacientes y profesionales. Frente a este modelo, UGT Madrid reclama una apuesta decidida por la sanidad pública, por la inversión en personal y por la recuperación de servicios esenciales para el interés general.
UGT Servicios Públicos Madrid y UGT Madrid reiteran su compromiso con la defensa de unos servicios públicos fuertes, transparentes y orientados al cuidado de las personas, y anuncian que seguirán denunciando cualquier decisión del gobierno regional que suponga desviar recursos públicos hacia el negocio privado en detrimento de la salud y el bienestar de la ciudadanía.