La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebrará entre el 3 y el 13 de noviembre el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. Se trata de un proceso sin precedentes en la democracia española: nunca antes había sido juzgado el máximo representante del Ministerio Fiscal.
Pero más allá del carácter histórico, muchos juristas advierten que la causa presenta claros indicios de instrumentalización política. García Ortiz lo ha expresado en varias ocasiones: “La mentira no puede derrotar a un fiscal general”. Su mensaje es firme: defenderá su inocencia hasta el final.
Una acusación basada en un correo
El núcleo de la acusación es la supuesta filtración de un correo electrónico enviado en 2024 por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que reconocía delitos fiscales y proponía un pacto con la Fiscalía.
Las acusaciones sostienen que ese documento se hizo público a través del fiscal general. Sin embargo, durante la instrucción ya se acreditó que medios de comunicación habían accedido a su contenido horas antes de que llegara a García Ortiz. La defensa insiste en que no existe prueba directa que relacione al fiscal general con la filtración.
Una lista de testigos extensa
El tribunal ha citado a 40 testigos: ocho fiscales, dos responsables de prensa de la Fiscalía, once agentes de la UCO, doce periodistas, cuatro políticos y dos abogados. Entre ellos, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, señalado por el propio García Ortiz como artífice de una campaña para desviar la atención de los problemas judiciales que afectan al entorno de la presidenta madrileña.
También declararán periodistas de la Cadena SER, El País, El Mundo o La Sexta, que confirmaron haber accedido al contenido del correo antes de que este fuera remitido a la Fiscalía General. Este punto es crucial: si la información ya circulaba previamente, resulta difícil sostener que el fiscal general sea el origen de la filtración.
La defensa: un caso político
La Abogacía del Estado asumirá la defensa de García Ortiz. Una de sus principales líneas argumentales es que el caso no responde a hechos probados, sino a una estrategia política para apartarle del cargo. La Fiscalía ya denunció que el procedimiento estaba impulsado por “intereses espurios” vinculados al entorno de Ayuso.
Además, el tribunal ha admitido pruebas que favorecen a la defensa, como la grabación íntegra del programa Hora 25 de la Cadena SER del 13 de marzo de 2024. En él se difundió la existencia del correo antes de que el fiscal general pudiera haber intervenido, lo que refuerza la tesis de que la filtración no salió de su despacho.
Ladillo: una causa llena de sombras
Diversos expertos en derecho penal señalan que el caso presenta lagunas. En primer lugar, la acusación no ha aportado evidencias técnicas —como trazas informáticas o registros internos— que prueben que García Ortiz entregó el documento a los medios.
En segundo lugar, la propia Sala de lo Penal rechazó testificales propuestas por las acusaciones al considerar que no tenían relación directa con los hechos. Entre ellas, las del ministro Óscar López o la periodista Angélica Rubio. Esto muestra que, incluso dentro del Supremo, existe cautela a la hora de ampliar la investigación sin garantías.
Por último, la falta de precedentes agrava las dudas. Nunca antes un fiscal general había sido llevado a juicio por una supuesta filtración sin pruebas materiales concluyentes.
La estrategia del fiscal general
García Ortiz ha optado por resistir en el cargo, pese a las presiones políticas y mediáticas para que dimitiera. “Si estoy aquí es porque creo en la Justicia”, afirmó recientemente en público. Su decisión tiene un valor simbólico: transmitir la idea de que la Fiscalía no puede ceder ante campañas de descrédito orquestadas desde fuera.
La Abogacía del Estado solicitará que la declaración del fiscal se produzca al final del juicio, de modo que pueda responder a todas las pruebas ya practicadas. Esta estrategia busca que quede claro que no hay contradicciones ni lagunas en su defensa.
La vista oral no solo decidirá el futuro de García Ortiz. También pondrá a prueba la confianza en las instituciones. Si se confirmara su inocencia, quedaría demostrado que la justicia española no se deja instrumentalizar por campañas políticas y que la Fiscalía mantiene su independencia.
En cambio, si la condena llegara sin pruebas sólidas, muchos temen que se sentaría un peligroso precedente: que un fiscal general pueda ser derribado por presiones mediáticas y acusaciones débiles.
La opinión pública
El caso ha generado una enorme expectación social. Para algunos, simboliza el deterioro institucional y la judicialización de la política. Para otros, es una oportunidad para demostrar que nadie está por encima de la ley.
Lo cierto es que, del 3 al 13 de noviembre, el país entero observará el desarrollo de un juicio histórico. Y en él, más que el destino personal de García Ortiz, lo que se decidirá será la fortaleza de la justicia frente a la manipulación política.