Al final han sido los criterios de reparto los que han prevalecido a la hora de formar el tribunal que juzgará al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, según las conclusiones del instructor, Ángel Huerta, y de prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos, a juicio de las acusaciones personadas en la causa. Pero ha habido presiones para escoger unos miembros que no estuviesen tan significados. No ha podido ser. La norma es la norma y dice que deberán juzgar los cinco miembros de la sala de Admisión más los dos jueces más antiguos de la sala de Lo Penal, el presidente, Andrés Martínez Arrieta, y la jueza progresista, Ana María Ferrer. De los cinco miembros de la sala de Admisión, una es de corte progresista, Susana Polo, que fue la ponente del auto mediante el cual se admitió la querella presentada por Alberto González Amador, otra es la antigua jueza instructora de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, y los tres restantes son el ultraconservador Manuel Marchena expresidente de la sala, Antonio del Moral, y Juan Ramón Berdugo. Son los mismos cinco magistrados que en octubre del año pasado rechazaron dos querellas contra la vicepresidenta, María Jesús Montero, por hablar del caso de González Amador en los pasillos del Parlamento. La complejidad de la causa cuyos hechos tienen muchos matices que deberán aclararse en la vista oral, hace muy difícil ni siquiera predecir el sentido de la decisión que vayan a tomar estos jueces, aunque deberíamos recordar su dureza a la hora de dictar sentencias. Y si no, sólo hay que recordar que todos ellos formaron parte del tribunal que sentenció a los líderes independentistas catalanes y muchos mantienen un enfrentamiento con el ejecutivo a propósito de la ley de amnistía.
Esos siete jueces deberán decidir, en primer lugar, los testigos que pasarán por el estrado. Y aquí viene la primera gran incógnita. El instructor, Ángel Huerta, se negó a tomar en consideración la petición de comparecencia de siete periodistas que aseguran tener en su poder el famoso correo por lo menos una semana antes que García Ortiz. El juez Hurtado consideró “irrelevantes” estos testimonios y ahora el tribunal deberá ratificar la decisión del instructor o revocarla y ordenar el interrogatorio de los testigos. Además, se supone que llamarán a declarar a Carlos Neira, el abogado que deberá aclarar si en el momento en el que envió el correo al fiscal anticorrupción representaba legalmente a González Amador, un extremo que no ha quedado aclarado en el proceso de instrucción.
Otro relevante testimonio será el del jefe del gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien deberá aclarar si fue el autor de la filtración a El Mundo de la información en la que se aseguraba que el fiscal Julián Salto había efectuado una oferta de conformidad a González Amador que posteriormente había sido retirada “por ordenes de arriba”. Esa información produjo una reacción de la fiscalía general desmintiéndola en una nota y publicándose, posteriormente, el contenido del correo, cuya autoría el juez instructor y las acusaciones personadas atribuyen a García Ortiz. Otros testigos que serán convocados casi con toda seguridad serán el primer fiscal, el ya mencionado Julián Salto, la fiscala provincial, Pilar Rodríguez imputada en un principio y separada de la causa por orden de la sala de Apelaciones, y Almudena Lastra, la fiscala superior de Madrid que puede ser impugnada por la defensa debido a su animadversión personal hacia García Ortiz. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la APIF, personada en la causa, seguramente pedirá interrogar a su presidente, el fiscal Salvador Viada, quien asegura haber visto el día del registro de la UCO de las dependencias de la FGE de la calle Fortuny al fiscal y a su segunda, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde manipulando unos teléfonos. Hay que recordar que la principal prueba de cargo es la destrucción de todos los datos de los soportes digitales corporativos por parte de García Ortiz.
Pero la primera batalla, que van a dar tanto la fiscalía que se opone a la celebración del juicio como la defensa de García Ortiz, se va a dar en las cuestiones previas. Estas partes creen que hay que reconsiderar la presencia de algunas acusaciones populares personadas en la causa, sobre todo la de Vox que fue admitida casi al final de la instrucción. La querella fue presentada por González Amador ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se inhibió en favor del Supremo por el aforamiento del fiscal general del Estado. A esta querella se sumaron las clásicas asociaciones de extrema derecha, Manos Limpias, Hazte Oír, el Colegio de la Abogacía de Madrid, y, finalmente, Vox, quien comparte acusación con la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que lideran el ultraderechista anterior propietario de Intereconomía, Julio Ariza, y Aleix Vidal-Quadras. Un conglomerado de entidades vinculadas a la extrema derecha a la que se suma una, la APIF, que cuenta con un vocal en el seno del Consejo Fiscal, su presidente que probablemente comparecerá como testigo de cargo Salvador Viadas, es el fiscal de sala del Supremo, y enemigo de lo que se llama “el clan de Dolores Delgado” del que forma parte García Ortiz, es decir, los miembros de la carrera que apoyaron a la exministra que se enfrentó, en su momento, a la derecha reaccionaria del ministerio público.
Este grupo ha decidido hacer del juicio a García Ortiz su primera “acción ejemplar” contra el gobierno progresista. Lo lograron con el TSJM, con el instructor que se hizo cargo de las diligencias y, ahora, con el tribunal que va a juzgar al fiscal general del Estado. De ahí que desde este medio se haya especulado con la posibilidad de que García Ortiz acabe por ser condenado a muchos más años de cárcel de los que, como mal menor, le podrían caer por revelación de secretos. Alguna acusación particular pide hasta diez años de prisión porque amplia al delito de revelación de secretos los de prevaricación y negligencia en la custodia de documentos. Con este tribunal puede pasar de todo.