El Tribunal Supremo ha decidido remitir al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del 3 de octubre y la información facilitada por el PSOE relativa a posibles pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre. La decisión, adoptada por el magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, responde a que aunque existen indicios de presuntas irregularidades, la competencia para investigarlos no corresponde al alto tribunal.
El auto del magistrado señala que el informe de la UCO reflejaba comunicaciones que indicaban pagos en efectivo por parte del PSOE a Ábalos y García, que no constaban en la documentación oficial remitida por el partido. La investigación preliminar reveló que ninguno de los implicados ofreció explicaciones durante sus comparecencias ante el Supremo, dado que ambos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.
En paralelo, el magistrado citó al ex director gerente del PSOE y a una empleada del partido con el objetivo de aclarar los aspectos que permanecían oscuros, como la identidad de quienes recibían las compensaciones en metálico, los procedimientos internos de reembolso de gastos y el origen de los fondos disponibles en la sede del partido. El auto advierte que tampoco se había verificado si los pagos realizados eran realmente en efectivo por el beneficiario o a través de intermediación bancaria, lo que podría implicar, en caso de fondos de procedencia ilícita, la existencia de un supuesto blanqueo indirecto.
El texto judicial subraya que todas estas incógnitas requieren una investigación detallada para determinar si se han producido conductas irregulares o potencialmente delictivas. No obstante, el Supremo recalca que, independientemente del resultado, estas operaciones no están directamente vinculadas a los hechos que motivaron la causa especial bajo su competencia, reservada por la condición de aforado de José Luis Ábalos.
Con esta decisión, la Audiencia Nacional deberá esclarecer si existió financiación irregular en el PSOE y, de confirmarse, determinar responsabilidades individuales y organizativas. Entre los puntos pendientes, se encuentran la identificación de los beneficiarios de los pagos, la verificación documental de las facturas y tickets presentados, y la trazabilidad del dinero utilizado para las compensaciones.
La resolución del Supremo refleja, en definitiva, una línea de prudencia institucional: aunque hay indicios de presuntas irregularidades que afectan a figuras relevantes del PSOE, la investigación de fondo sobre la caja del partido y su funcionamiento financiero corresponderá ahora a la jurisdicción ordinaria, lejos del blindaje que otorga la condición de aforado.