En los últimos años el juez Peinado se ha situado en el centro de la polémica no solo por el caso Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sino por asuntos que se cerraron en falso por errores en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Según publica El País, “un nuevo error del juez Peinado deja en el aire otro caso de supuestas irregularidades en un megaparque solar en Cáceres”. Tal como asegura el rotativo, “la Fiscalía, pese a apreciar indicios de delito, ha pedido el sobreseimiento de la causa porque el magistrado no prorrogó la instrucción a tiempo”. Entre los investigados hay un exalto cargo del Gobierno.
“El caso de presunta corrupción vinculado a proyectos renovables de la empresa Forestalia en Teruel, por el que han sido detenidas seis personas esta semana, no es el único en el que está implicado un exalto funcionario del Ministerio de Transición Ecológica, al que la Guardia Civil acusa de haber recibido supuestas mordidas por ayudar a que parques eólicos y solares tuvieran el aval ambiental. El investigado está implicado en otro caso relativo al permiso ambiental en Alcántara (Cáceres)”, añade El País.
Pero la instrucción del caso, a pesar de que la Fiscalía aprecia indicios de delito de prevaricación, está en el aire “por errores de procedimiento del juez que lleva la investigación. Se trata del magistrado Juan Carlos Peinado, instructor también de la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y autor de otros errores procesales que han lastrado u obligado a cerrar investigaciones, como la abierta contra la supuesta secta de los ‘criptobros’ de IM Academy o la que supuso la imputación de un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid”, añade El País.
En el caso centrado en el parque solar de Extremadura, el fiscal de Madrid especializado en medio ambiente que se encarga de esta causa solicitó al juez el pasado 22 de septiembre “el sobreseimiento provisional” porque Peinado había incumplido los plazos para poder prorrogar la investigación seis meses más. Este fiscal, César Estirado, le había advertido meses antes de que debía hacerlo porque el plazo de prórroga cumplía en julio de 2025, pero su requerimiento fue ignorado, siempre según El País. Por eso, en septiembre, se dirigió al juez para comunicarle el cambio obligado de posición de la Fiscalía. En un escrito, el fiscal señala que “solo cabe acordar el sobreseimiento provisional de la causa” porque todavía no había “declarado ningún investigado” y, al no haberse prorrogado la instrucción, ya no se les podía citar.
“La respuesta del juez Peinado a la petición de archivo de la Fiscalía fue decretar la prórroga el 17 de octubre, tres meses fuera de plazo, según la información facilitada a este periódico por fuentes del caso que señalan que, además, esa prórroga extemporánea no se notificó ni a las acusaciones ni a las defensas. Las partes no tuvieron más noticias del juzgado hasta que, el pasado 6 de febrero, desoyendo la advertencia del fiscal, el juez dictó una providencia en la que citaba a declarar como investigados por prevaricación para el 20 de febrero”, añade el citado medio.