La reforma del Reglamento del Senado impulsada por el Partido Popular no se queda en el terreno político. Ha dado el salto al Constitucional.
El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso presentado por el PSOE, lo que no implica un pronunciamiento de fondo, pero sí abre la puerta a examinar una reforma que ya nació envuelta en polémica. No es un gesto menor. Supone que la corte considera que hay base suficiente para estudiar si lo aprobado se ajusta —o no— a los límites constitucionales.
El núcleo de la impugnación socialista no está solo en el contenido, sino en cómo se hizo. El PSOE sostiene que parte de la reforma se introdujo a través de lo que se denominaron “correcciones técnicas”, sin debate ni votación en el Pleno. Es decir, cambios que, en su opinión, iban más allá de lo formal y acabaron alterando elementos sustanciales del reglamento.
La cuestión de fondo es si se utilizó una vía secundaria para modificar reglas que exigían un procedimiento mucho más garantista.
Entre los puntos más controvertidos está la posibilidad de que una comisión del Senado pueda dar por aprobadas leyes procedentes del Congreso sin pasar por el Pleno. Un mecanismo que, según los socialistas, reduce el debate parlamentario y altera el equilibrio habitual en la tramitación legislativa.
A eso se suma la introducción del llamado “veto presunto”, una figura que equipara el rechazo de un texto por mayoría absoluta a la aprobación formal de un veto. Una interpretación que, para el PSOE, desborda lo previsto en la Constitución y reconfigura de facto el papel de la Cámara Alta. Pero hay más.
La reforma también habilita al Senado a acudir al Tribunal Constitucional en caso de considerar que el Congreso retrasa de forma injustificada la tramitación de sus iniciativas. Un cambio que introduce una nueva vía de conflicto institucional y que, en la práctica, traslada tensiones políticas al terreno judicial. No es solo una reforma reglamentaria. Es una redefinición del papel del Senado dentro del sistema.
El recurso socialista encaja, además, en una secuencia que ya viene de atrás. No es la primera vez que el Constitucional tiene que pronunciarse sobre modificaciones impulsadas por el PP en esta materia. De hecho, los socialistas recuerdan que ya hay una sentencia reciente que anuló una reforma anterior. Ese precedente pesa.
Porque sitúa el debate en un contexto más amplio: el uso de mayorías absolutas para modificar reglas de funcionamiento interno que afectan al equilibrio institucional. Un terreno delicado, donde la frontera entre la legalidad formal y el respeto al espíritu de las normas no siempre es evidente. Ahora será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra.
De momento, lo único claro es que la reforma no queda cerrada. Pasa a estar bajo revisión. Y con ella, también la forma en la que se ha utilizado el Senado en esta etapa política.