La Asamblea de Madrid ha aprobado definitivamente la nueva Carta Básica de Radio Televisión Madrid, el documento que, junto a la Ley de Radio Televisión Madrid, define la misión, los objetivos, los mecanismos de financiación y las obligaciones de servicio público de Telemadrid y Onda Madrid durante los próximos años.
La aprobación se produjo después de que una primera votación no alcanzara la mayoría reforzada de dos tercios exigida inicialmente. La reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid aprobada en 2022 permitió una segunda votación en la que bastaba una mayoría simple, requisito que finalmente permitió sacar adelante el texto impulsado por la dirección general del ente público y respaldado por el Partido Popular.
La nueva Carta Básica ha generado una fuerte controversia política y profesional porque incorpora cambios sustanciales respecto al documento actualmente vigente. Los grupos de la oposición presentaron diversas enmiendas durante la tramitación parlamentaria, pero ninguna de ellas fue incorporada al texto definitivo.
Desaparecen los órganos de participación
Uno de los cambios más relevantes es la supresión de varios mecanismos de participación y control interno que figuraban en la Carta Básica anterior.
La preocupación también ha sido expresada por la Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT), que en una nota pública difundida tras la aprobación del texto advirtió de que la desaparición del Consejo de Redacción, de la Oficina de Participación del Espectador y del Consejo Asesor supone "un retroceso en materia de pluralismo, transparencia y control democrático". Para la organización profesional, estos mecanismos constituían herramientas fundamentales para garantizar la participación de la ciudadanía y de los profesionales en el funcionamiento de un medio financiado con fondos públicos.
La nueva redacción tampoco incluye referencias explícitas a la participación de los trabajadores y trabajadoras en la toma de decisiones estratégicas de la corporación. Mientras la Carta Básica vigente recogía distintos mecanismos de intervención de la plantilla en aspectos relacionados con la actividad del servicio público, esas menciones desaparecen completamente del nuevo texto.
Para numerosos profesionales del sector, esta modificación supone una reducción de los espacios de interlocución y participación interna precisamente en un medio financiado con recursos públicos y cuya misión principal es garantizar el derecho ciudadano a una información plural y veraz.
Menos obligaciones de transparencia
Otro de los aspectos más discutidos afecta al Contrato Programa, el instrumento que desarrolla de forma concreta los compromisos de servicio público asumidos por Radio Televisión Madrid.
La AGP-UGT también ha mostrado su inquietud por la eliminación de varias obligaciones expresas vinculadas al Contrato Programa. En su comunicado, la organización señala que se trata de "un instrumento esencial para conocer el destino de los fondos públicos y evaluar el cumplimiento efectivo de las funciones de servicio público". La desaparición de referencias a la identificación de contenidos de servicio público o a la contabilidad analítica, sostienen, reduce los mecanismos de rendición de cuentas y dificulta el seguimiento de la gestión económica de RTVM.
La nueva Carta Básica elimina estas exigencias específicas.
Aunque ello no implica necesariamente la desaparición de toda obligación de transparencia, sí supone una rebaja significativa de las garantías expresamente recogidas hasta ahora en el documento rector de la radiotelevisión pública madrileña.
Diversos expertos en gobernanza de medios públicos consideran que la contabilidad analítica constituye una herramienta fundamental para conocer cómo se distribuyen los recursos públicos y para evitar zonas opacas en la gestión económica.
La supresión de estas referencias también dificulta que ciudadanos, grupos parlamentarios y organizaciones profesionales puedan evaluar con detalle si los fondos públicos se destinan efectivamente al cumplimiento de las obligaciones de servicio público.
Informativos: un cambio aparentemente pequeño con consecuencias importantes
Otro de los cambios que más preocupación ha despertado afecta directamente a los servicios informativos.
La Carta Básica vigente establece que “los servicios informativos sean conformados por profesionales de la información”.
Sin embargo, el nuevo texto introduce una modificación aparentemente menor pero jurídicamente relevante. El artículo 19 señala que “los servicios informativos serán conformados preferentemente por profesionales de la información”.
La incorporación del término “preferentemente” cambia el alcance de la obligación.
El cambio introducido en relación con los servicios informativos ha sido otro de los aspectos destacados por la Agrupación de Periodistas de UGT. La organización considera que sustituir la obligación de que los informativos estén conformados por profesionales de la información por una fórmula que establece que lo serán "preferentemente" supone "debilitar una garantía profesional básica para la independencia periodística". En opinión de la AGP-UGT, los medios públicos deben preservar el papel de los periodistas como principal salvaguarda frente a la desinformación, la propaganda y las posibles injerencias políticas.
Mientras la redacción anterior establecía un criterio claro y categórico, la nueva fórmula abre la puerta a que personas que no cuenten con una formación o trayectoria profesional específicamente vinculada al periodismo puedan participar en tareas relacionadas con la elaboración de contenidos informativos.
Las organizaciones profesionales llevan años defendiendo que los espacios informativos de los medios públicos deben estar elaborados por periodistas y profesionales especializados, precisamente porque constituyen una garantía adicional frente a la desinformación, la propaganda y las posibles injerencias políticas.
Un debate sobre el modelo de radiotelevisión pública
El debate generado por la nueva Carta Básica va más allá de cuestiones técnicas o jurídicas. En realidad afecta al modelo de radiotelevisión pública que se pretende consolidar en la Comunidad de Madrid.
Los defensores del texto sostienen que la nueva regulación moderniza el funcionamiento de RTVM y adapta el ente a las nuevas plataformas y formas de consumo audiovisual.
Sin embargo, los críticos consideran que la eliminación de órganos de participación, la reducción de las exigencias de transparencia económica y la flexibilización de los requisitos profesionales en los servicios informativos pueden debilitar los mecanismos de control democrático existentes hasta ahora.
La preocupación resulta especialmente intensa en un contexto en el que la independencia de los medios públicos constituye uno de los principales indicadores utilizados por las instituciones europeas para evaluar la calidad democrática de los Estados y regiones.
La nueva Carta Básica entrará previsiblemente en vigor a finales de año y marcará el funcionamiento de Telemadrid durante los próximos ejercicios. Su aplicación práctica permitirá comprobar hasta qué punto los temores expresados por trabajadores, organizaciones profesionales y grupos de la oposición terminan materializándose o si, por el contrario, las garantías previstas en otras normas logran compensar la desaparición de los mecanismos ahora eliminados.
El cambio introducido en relación con los servicios informativos ha sido otro de los aspectos destacados por la Agrupación de Periodistas de UGT. La organización considera que sustituir la obligación de que los informativos estén conformados por profesionales de la información por una fórmula que establece que lo serán "preferentemente" supone "debilitar una garantía profesional básica para la independencia periodística". En opinión de la AGP-UGT, los medios públicos deben preservar el papel de los periodistas como principal salvaguarda frente a la desinformación, la propaganda y las posibles injerencias políticas.
Para la AGP-UGT, "los medios públicos no pertenecen a los gobiernos de turno, pertenecen a la ciudadanía". La organización recuerda que la calidad democrática también se mide por la fortaleza de sus medios públicos y advierte de que cualquier reforma futura debería orientarse a reforzar la independencia profesional, la transparencia en la gestión de los recursos públicos y el derecho de la ciudadanía a recibir una información plural y veraz.