El mercado de trabajo en España acaba de encender las luces de emergencia tras el periodo estival, una estación tradicionalmente propicia para el alza del empleo impulsado por el turismo y los servicios. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirman que la inercia expansiva que venía exhibiendo la economía española ha chocado contra un muro de desaceleración. Durante el tercer trimestre, la tasa de paro ha escalado del 9,87% hasta el 10,18%, arrastrada por un incremento de 95.900 desempleados. Se trata de la peor cifra de destrucción o estancamiento laboral registrada en un tercer trimestre desde los años más oscuros de la Gran Recesión.
Este frenazo contrasta con la propaganda oficial de solidez macroeconómica. Si bien el sistema productivo ha logrado anotar un nuevo techo histórico de ocupación situándose en 22,85 millones de trabajadores gracias al impulso acumulado en los últimos doce meses, el comportamiento trimestral del empleo revela una clara pérdida de aliento. La economía apenas fue capaz de generar 73.600 ocupados entre julio y septiembre. Es el registro más débil para esta época del año desde 2019 y un resultado que queda a años luz de las cifras alcanzadas en los ejercicios precedentes, cuando la creación de puestos de trabajo superaba con holgura los cien mil efectivos.
A la cola de Europa
Para entender cómo es posible que el volumen total de ocupados crezca al mismo tiempo que el paro se dispara, hay que mirar a la dinámica de la población activa. Durante el verano, el mercado laboral español incorporó a 169.500 personas dispuestas a trabajar. Elevó la masa laboral hasta rozar los 25,45 millones de ciudadanos. El tejido empresarial fue incapaz de absorber esta oleada de demandantes de empleo. Provocó que más de la mitad de los nuevos incorporados terminaran directamente en las listas del desempleo.
Este deterioro de los indicadores laborales vuelve a situar a España en una posición de extrema vulnerabilidad dentro del mapa comunitario, a pesar de que, según el relato del Moncloa, España es el presunto motor económico de la UE. Las cifras coinciden con la reactivación de las alertas de Eurostat. España ha vuelto a coronarse como el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, superando nuevamente a Finlandia, conon una media comunitaria situada en el 6,1%, la brecha española roza los cuatro puntos porcentuales y demuestra así un problema estructural de inserción laboral que resiste a las reformas legislativas y al ciclo económico.
España supera los 22,8 millones de personas ocupadas, pero no podemos conformarnos con el dato global cuando al mismo tiempo aumenta el número de personas desempleadas. La calidad del empleo, la estabilidad laboral y las oportunidades para los colectivos más vulnerables continúan siendo asignaturas pendientes.
La brecha de género y la fragilidad del empleo extranjero
El análisis detallado del informe demoscópico del INE expone con crudeza las brechas de vulnerabilidad que persisten en la estructura productiva. La peor cara del repunte del desempleo ha castigado con mayor severidad al colectivo femenino. La tasa de paro femenina se ha elevado hasta el 11,28%, consolidando una distancia de más de dos puntos respecto a la masculina, que se situó en el 9,20%. Esta brecha de género vuelve a ensancharse en un trimestre donde la contratación en sectores feminizados no ha logrado amortiguar la destrucción de puestos de trabajo.
Por procedencia, la destrucción o no absorción del empleo ha golpeado tanto a la población nacional como a la inmigrante. Entre los trabajadores con nacionalidad española, incluyendo aquellos con doble nacionalidad, el volumen de desempleados creció en 71.400 personas. Entre la población extranjera, el desempleo se incrementó en 24.500 ciudadanos. La estacionalidad de las campañas veraniegas y la menor duración de las peonadas han dejado desprotegidos a los sectores de menor cualificación, donde la población migrante concentra una presencia sustancial.
La efímera vida de los nuevos empleos
Más allá del volumen bruto de trabajadores registrados, el aspecto más inquietante del diagnóstico que arroja la Encuesta de Población Activa radica en la calidad intrínseca del empleo generado. Aunque en el análisis trimestral la ocupación a tiempo completo experimentó un trasvase positivo de 244.400 personas frente a la destrucción de 170.800 empleos a tiempo parcial, la radiografía de la contratación revela la persistencia de una profunda precariedad contractual. Las estadísticas de afiliación indefinida no logran enmascararla.
Bajo la envoltura de la contratación fija se esconde un fenómeno de elevada rotación. Pese al descenso nominal de la temporalidad, la duración media de los contratos temporales que se siguen firmando se ha reducido a una cifra escandalosa. Apenas 45,8 días de vida media. Y un tercio de las relaciones laborales ni siquiera alcanza el mes de duración.
A ello se suma la denominada "mortalidad" del empleo formal. Numerosas empresas han sustituido la antigua contratación temporal por el uso sistemático de las rescisiones de contrato durante el periodo de prueba. La interrupción masiva de la relación laboral en los primeros 40 días de contrato se ha convertido en una vía de escape para ajustar plantillas con bajo coste. Despoja de estabilidad real a miles de asalariados que computan como fijos en las estadísticas, pero sufren la misma volatilidad que en las etapas de mayor desregulación.
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