La dificultad para conseguir una cita en la administración pública se ha convertido en una pesadilla para miles de personas en España. Lo que debería ser un trámite sencillo y gratuito se ha transformado en un auténtico laberinto digital donde los más rápidos no son los ciudadanos, sino los bots y sistemas automatizados que bloquean turnos y los revenden en un mercado negro. Ante esta situación, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha alzado la voz para exigir al Gobierno una respuesta urgente que garantice la igualdad de acceso a los servicios públicos.
Lejos de ser un problema menor, el sindicato advierte de que este fenómeno afecta de manera directa a la vida de miles de personas. Especialmente a colectivos vulnerables, como inmigrantes que necesitan gestionar trámites de extranjería, personas desempleadas que requieren acceder a prestaciones o ciudadanos que tienen que resolver gestiones en la Seguridad Social y en los servicios de salud. Para todos ellos, lo que debería ser un derecho básico se ha convertido en una carrera de obstáculos con un alto precio a pagar.
Un sistema secuestrado por la especulación
El diagnóstico de UGT es claro: redes organizadas y especuladores han encontrado en la administración digital un nuevo filón de negocio. Gracias a la automatización y al uso de programas que actúan con una velocidad imposible para cualquier persona, estas mafias bloquean masivamente las citas disponibles en las plataformas públicas. Después, ponen a la venta esos turnos en canales opacos, desde grupos en aplicaciones de mensajería hasta páginas web que operan como si se tratara de un servicio legítimo.
El resultado es un círculo vicioso de injusticia: quienes tienen prisa o no pueden esperar se ven obligados a pagar por un turno que debería ser gratuito, generando un mercado paralelo que mina la confianza en las instituciones. UGT denuncia que esta práctica no solo erosiona la igualdad de acceso, sino que convierte un derecho ciudadano en un privilegio condicionado por la capacidad económica de cada persona.
“Es intolerable que la ciudadanía tenga que rascarse el bolsillo para obtener algo que ya le pertenece”, apuntan desde el sindicato. La organización subraya que el Estado del Bienestar, basado en la universalidad de los servicios públicos, está siendo debilitado por la especulación y la falta de control.
Soluciones urgentes
Frente a esta situación, UGT no se limita a denunciar. El sindicato ha presentado una batería de propuestas para que el problema no se siga cronificando. La primera medida pasa por la realización de una auditoría que determine con precisión qué organismos están siendo afectados, cómo se producen las filtraciones y qué impacto tienen sobre el conjunto de la ciudadanía.
Además, UGT reclama una modernización integral de los sistemas de cita previa. Esto incluye la implementación de herramientas tecnológicas más seguras, como sistemas de verificación por SMS, mecanismos biométricos o el uso de CAPTCHA avanzados que sean capaces de frenar el accionar de los bots. El objetivo es asegurar que detrás de cada cita solicitada haya una persona real, y no un algoritmo con fines lucrativos.
El sindicato también advierte de que las reformas no pueden esperar meses ni años. Como solución inmediata, propone que las administraciones habiliten cupos diarios de atención sin cita previa en las oficinas físicas. De esta manera, se garantizaría que quienes necesitan realizar un trámite urgente puedan hacerlo sin caer en manos de mafias digitales.
La brecha digital como telón de fondo
Más allá de la especulación, el problema de las citas previas pone sobre la mesa un asunto más amplio: la brecha digital. UGT recuerda que no toda la ciudadanía cuenta con los mismos recursos tecnológicos ni con la misma habilidad para desenvolverse en sistemas en línea cada vez más complejos. Personas mayores, migrantes sin dominio del idioma o familias con menos acceso a internet sufren de manera más dura esta trampa administrativa.
Al obligar a toda la población a recurrir exclusivamente a plataformas digitales, la administración está dejando atrás a una parte importante de la sociedad. Esto no solo incrementa las desigualdades, sino que alimenta la frustración y el desapego hacia unas instituciones que deberían estar al servicio de todos y todas por igual.
UGT insiste en que la digitalización de los servicios públicos es necesaria y positiva, pero nunca debe convertirse en una barrera que excluya a quienes más necesitan apoyo. La accesibilidad, la seguridad y la transparencia deben ser los principios que guíen la modernización de la administración.
Un desafío para el Gobierno
La denuncia de UGT coloca al Ejecutivo en el centro de un dilema urgente. O se refuerza la seguridad y se garantiza el acceso igualitario a los servicios públicos, o se corre el riesgo de que el mercado negro siga creciendo y consolidándose como un negocio tan rentable como indignante.
El sindicato insiste en que lo que está en juego no es solo la comodidad de los usuarios, sino la credibilidad del propio sistema público. Si el acceso a prestaciones sociales, documentos oficiales o servicios de salud depende de pagar a una mafia digital, la esencia misma del Estado del Bienestar se ve gravemente comprometida.
La pelota está ahora en el tejado del Gobierno. Las medidas tecnológicas, la auditoría de los fallos y la habilitación de alternativas presenciales son pasos que, según UGT, deben implementarse de inmediato. De lo contrario, miles de personas seguirán atrapadas en un callejón sin salida, donde el derecho a ser atendido se convierte en un producto más dentro de un oscuro comercio clandestino.
Con este llamamiento, el sindicato busca no solo denunciar, sino abrir un debate público sobre cómo garantizar que la modernización digital no deje a nadie atrás. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿está España dispuesta a permitir que un servicio básico se convierta en un lujo al alcance de quienes puedan pagar?