Las lluvias torrenciales que descargan en este momento sobre Tarragona, Castellón y Valencia y se desplazan hasta Baleares son otro aviso de la grave situación de crisis climática que vivimos, señala Greenpeace. Los peores impactos del cambio climático son ya habituales en España. Este verano, el país ha vuelto a ser golpeado por eventos extremos cuya intensidad y frecuencia se está agravando por la crisis climática: 33 días de olas de calor con unas 2.800 muertes evitables, más de 400.000 hectáreas arrasadas y 9 personas fallecidas por incendios forestales y ahora las primeras lluvias torrenciales del otoño, que se cobraron dos vidas en Cataluña la semana pasada. Algunos municipios que se vieron afectados por las llamas en verano, como Pauls (Tarragona), ahora se enfrentan al riesgo de lluvias extremas, lo que puede agravar los impactos postincendio (contaminación de aguas por cenizas, procesos erosivos, deslizamientos y derrumbes).
Greenpeace recuerda que la concatenación de fenómenos extremos no es casualidad: es la consecuencia directa de un modelo socioeconómico basado en carbón, petróleo y gas que sigue alimentando la emergencia climática. Mientras la ciudadanía sufre los impactos, las grandes empresas de combustibles fósiles planean extraer más y seguir enriqueciéndose sin que los daños materiales y humanos parezcan afectarles.
«No hay duda: estamos viendo impactos cada vez más frecuentes y destructivos. La adaptación es ya inaplazable, pero sin reducir drásticamente las emisiones será imposible protegernos”, ha declarado Pedro Zorrilla, responsable de cambio climático en Greenpeace.
Desde la organización consideran que el Pacto de Estado por la emergencia climática es una urgencia social que necesita del acuerdo político porque tiene que ver con la vida de las personas e implica a las generaciones futuras. Un acuerdo que se apoye en la ciencia y en la participación ciudadana para conseguir un compromiso real con objetivos mucho más ambiciosos que aborden tanto la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como la adaptación. Medidas que salven vidas, que impongan una mayor presión fiscal sobre la industria de los combustibles fósiles y que tengan en cuenta la biodiversidad y los mares y océanos.
En este sentido, reclaman al Gobierno y a la Unión Europea medidas urgentes y ambiciosas:
- Plan de abandono de los combustibles fósiles: Fin de las subvenciones públicas a las petroleras y gasistas, nuevos impuestos a la industria fósil y un plan de cierre ordenado de todas las centrales fósiles antes de 2035.
- 100 % renovables y justas: Aceleración de la transición hacia un sistema energético 100 % renovable y garantizar que la transición sea inclusiva y no deje a nadie atrás.
- Soluciones basadas en la naturaleza como medida urgente de adaptación: transformar las ciudades para reducir el impacto del calor extremo y las inundaciones, proteger el litoral con sistemas dunares y humedales.
- Prevención frente a incendios y lluvias torrenciales: prevención deincendios forestales a través de la adecuada gestión de las masas forestales e inversión en resiliencia natural para frenar el avance del fuego y mitigar riadas. Las medidas post incendios son vitales para que las lluvias torrenciales no agraven la situación.
- Comenzar la transición agroecológica con una visión integral del sistema alimentario que reduzca progresivamente la ganadería industrial.
“La crisis climática no es inevitable. Sabemos qué hacer: reducir emisiones, proteger los ecosistemas y poner la vida por delante del beneficio de las petroleras. Las medidas necesarias, aplicadas con justicia social, benefician claramente al conjunto de la ciudadanía. El Gobierno debe elegir de qué lado está”, concluye Greenpeace.