Una mujer solicitó asistencia jurídica gratuita para iniciar un procedimiento de segunda oportunidad y la Comisión se la denegó porque sus ingresos superaban, por apenas 25 euros, el límite establecido. El expediente era impecable; su economía, no. La brecha entre el IPREM —que sigue congelado— y la inflación acumulada deja a muchas personas en tierra de nadie: demasiado pobres para pagar, demasiado “ricas” para recibir ayuda.
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), base para acceder a la justicia gratuita o a la mayoría de ayudas públicas, permanece en 7.200 euros anuales en 12 pagas o 8.400 euros en 14, igual que en 2023 y 2024. Para ser beneficiario, los ingresos no pueden superar dos veces ese indicador, unos 14.400 euros al año. Un umbral fijo en un país con precios que suben sin tregua. Si te quedas un euro por debajo, accedes; si te pasas por unos pocos, quedas fuera. No hay margen. No hay proporcionalidad.
La parálisis política tiene responsables
La congelación del IPREM es consecuencia directa de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Sin nuevas cuentas, no hay actualización de indicadores ni capacidad de ajuste a la realidad económica. Pero esta parálisis no es neutra: los grupos políticos que bloquean los presupuestos —especialmente los de la derecha y la ultraderecha— están actuando contra los derechos materiales de millones de personas.
Cada presupuesto prorrogado congela derechos: las becas, la justicia gratuita, las ayudas a la vivienda. La inflación sube, el IPC se recalcula cada mes, pero los umbrales de acceso permanecen congelados. La vida se encarece; la ley, no se mueve.
Esa inmovilidad tiene efectos concretos. Miles de familias trabajadoras quedan fuera de la protección pública por diferencias mínimas. Lo que en 2004 era un criterio razonable hoy funciona como un filtro excluyente que penaliza a quien cumple, declara sus ingresos y sostiene hogares con salarios fragmentados. La derecha debería replantearse el coste social de su estrategia de bloqueo: mantener congelado el IPREM no es una cuestión contable, sino una forma de desigualdad institucional.
El laberinto de la segunda oportunidad
El procedimiento de segunda oportunidad es complejo y costoso. Requiere abogado, procurador, mediación concursal y publicaciones oficiales. Para quien vive al límite, la única forma de acceder a él es con justicia gratuita. Sin ella, el itinerario se vuelve imposible, y la promesa de rehacer la vida económica se convierte en un privilegio de quienes pueden permitirse pagar por liberarse de sus deudas.
El diseño actual castiga la regularidad. Quien trabaja a tiempo parcial o encadena empleos precarios queda fuera por unos euros; quien opera en la economía sumergida ni siquiera computa. El sistema recompensa la opacidad y penaliza la transparencia.
Mujeres y exclusión silenciosa
La historia tiene rostro y género. La solicitante de este caso es una mujer, y no es casual. Las trayectorias laborales interrumpidas por cuidados —muchas veces invisibles— derivan en salarios más bajos y cotizaciones insuficientes. Cuando sobreviene la insolvencia, el umbral rígido del IPREM ignora los gastos reales, la crianza o la vivienda en alquiler.
La brecha económica se transforma en una brecha de acceso a derechos. A igualdad de deuda, quien cuida pierde. Quien pierde, renuncia.
Del acantilado a la rampa
Corregir esta distorsión no exige un giro radical. Bastaría con tres ajustes:
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Actualizar automáticamente los umbrales de justicia gratuita al IPC y a la mediana salarial, no solo al IPREM.
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Sustituir el “todo o nada” por tramos proporcionales, que permitan coberturas parciales en función del exceso de ingresos.
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Introducir una cláusula social en los procesos de segunda oportunidad para rentas bajas, hogares monoparentales o personas con cargas de cuidados.
Medidas simples que devolverían sentido a un sistema pensado para proteger, no para excluir.
Cuando la legalidad se vuelve injusta
La denegación por 25 euros no es un error técnico: es el reflejo de un marco normativo desconectado de la vida cotidiana. La solicitante no pedía privilegios; pedía defensa.
Si la ley se mide con cifras antiguas, produce injusticias nuevas. Si el índice se quedó corto, se actualiza. Si el umbral se volvió un acantilado, se construye una rampa. Porque los derechos no pueden depender de 25 euros.