El debate sobre la equidad en el sistema de pensiones públicas en España ha regresado al primer plano institucional tras la iniciativa parlamentaria impulsada por Josep Maria Cervera i Pinart. A través de una batería de preguntas registradas en el Congreso, a las que ha tenido acceso Diario Sabemos, el diputado sitúa el foco en una cuestión largamente denunciada por colectivos de funcionarios: la posible existencia de una brecha estructural entre el Régimen de Clases Pasivas y el Régimen General de la Seguridad Social.
El núcleo del problema no es nuevo, pero sí lo es la forma en que comienza a documentarse y trasladarse a instancias nacionales y europeas. Tal y como se indica en el documento presentado por Junts, diversos grupos de funcionarios y pensionistas han presentado documentación técnico-jurídica en la que sostienen que el método de cálculo de las pensiones en el sistema de Clases Pasivas, basado en los denominados haberes reguladores fijados anualmente en la ley presupuestaria, genera diferencias significativas respecto al sistema contributivo general, donde la pensión se determina en función de las cotizaciones acumuladas.
Según estos estudios, la divergencia podría situarse entre un 11% y un 15% en determinados grupos funcionariales (A2, C1 y C2), mientras que en ámbitos específicos como la Administración de Justicia la desviación podría alcanzar cifras mucho más elevadas, en torno al 33%. Más allá del porcentaje, lo relevante es su efecto acumulativo: a lo largo de toda la vida de la pensión, estas diferencias pueden traducirse en una pérdida económica sustancial.
El planteamiento de Cervera introduce un elemento clave: la necesidad de disponer de datos oficiales desagregados y comparables. En sus preguntas, el diputado solicita al Gobierno información precisa sobre las diferencias entre ambos regímenes en términos de pensión inicial y pensión media, segmentadas por grupos profesionales y cohortes de acceso. Esta dimensión temporal resulta fundamental, ya que el sistema de Clases Pasivas se aplica en función de la fecha de ingreso al empleo público, lo que genera una coexistencia de reglas que, según los denunciantes, puede derivar en situaciones desiguales para carreras laborales similares.
El trasfondo jurídico de esta cuestión remite a la propia configuración dual del sistema español de pensiones públicas. Mientras que el Instituto Nacional de la Seguridad Social administra el Régimen General bajo una lógica contributiva, el sistema de Clases Pasivas responde a un modelo histórico vinculado a determinados cuerpos del Estado, donde la pensión no depende directamente de las cotizaciones, sino de parámetros normativos fijados por el legislador.
Esta diferencia estructural es precisamente la que, según los colectivos afectados, estaría generando una desproporcionalidad en los resultados finales. La pregunta que subyace es si ambos sistemas, concebidos en contextos distintos, siguen siendo compatibles en términos de equidad en un entorno donde la movilidad profesional y la convergencia normativa europea han alterado profundamente las condiciones originales.
El debate ha traspasado ya el ámbito nacional. Una denuncia presentada ante la Comisión Europea introduce el caso en el marco del derecho comunitario, sugiriendo que la diferencia de trato podría tener implicaciones en términos de igualdad y no discriminación. En este contexto, se plantean alternativas como una convergencia progresiva entre ambos sistemas o la introducción de mecanismos correctores que neutralicen la brecha.
La iniciativa parlamentaria no se limita a diagnosticar el problema, sino que avanza hacia el terreno más delicado: el coste de una eventual reforma. Cervera pregunta explícitamente si el Gobierno ha calculado el impacto presupuestario de medidas como la equiparación gradual de los haberes reguladores o la implantación de factores compensatorios. Esta cuestión es crucial, ya que cualquier ajuste en el sistema de pensiones tiene implicaciones directas sobre las cuentas públicas a medio y largo plazo.
En este sentido, el horizonte temporal de 10 a 20 años que plantea el diputado refleja una preocupación por la sostenibilidad financiera del sistema. La corrección de la brecha podría suponer un incremento significativo del gasto, lo que obligaría a equilibrar el principio de equidad con el de estabilidad presupuestaria. Este dilema no es exclusivo de España, pero adquiere una intensidad particular en un país donde el envejecimiento demográfico ya presiona el sistema de pensiones.
Otro aspecto relevante es la identificación de los colectivos más afectados. Según los indicios aportados, las trayectorias profesionales con promoción interna podrían generar distorsiones adicionales en el cálculo de la pensión dentro del sistema de Clases Pasivas. Esta circunstancia introduce un elemento de complejidad que dificulta la aplicación de soluciones uniformes.
La posible existencia de penalizaciones estructurales en determinados perfiles plantea interrogantes sobre la adecuación del sistema a la realidad actual del empleo público. Si las reglas de cálculo no reflejan adecuadamente las carreras profesionales contemporáneas, el resultado puede ser una pérdida de coherencia interna que erosiona la percepción de justicia del sistema.
En este contexto, la transparencia emerge como una demanda central. La solicitud de un informe oficial de brecha, con trazabilidad metodológica, apunta a la necesidad de establecer un diagnóstico compartido sobre la magnitud del problema. Sin una base empírica sólida, cualquier intento de reforma corre el riesgo de quedar atrapado en el terreno de las percepciones.
De igual modo, la propuesta de abrir una mesa técnica con representantes de los colectivos afectados sugiere un enfoque más participativo en la elaboración de soluciones. Este tipo de espacios podría facilitar la integración de perspectivas diversas y contribuir a diseñar medidas más ajustadas a la realidad de los afectados.
Todo esto conecta con una cuestión más amplia: la adaptación de los sistemas de protección social a un entorno cambiante. La coexistencia de regímenes distintos, con lógicas de cálculo diferentes, puede generar tensiones en términos de equidad, especialmente cuando las trayectorias laborales tienden a diversificarse.
La iniciativa de Josep Maria Cervera actúa como catalizador de un debate que sobrepasa el caso concreto de las Clases Pasivas. Plantea la necesidad de revisar los fundamentos de un sistema dual que, si bien responde a una evolución histórica específica, debe enfrentarse ahora a nuevas exigencias de transparencia, equidad y sostenibilidad. La respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez a estas preguntas no solo determinará el alcance de la posible reforma, sino que marcará el rumbo de una discusión que afecta directamente a miles de empleados públicos y pensionistas.