Durante décadas, el trabajo autónomo en España ha vivido instalado en una contradicción difícil de sostener. Se le exige como a una gran empresa, pero se le protege bastante menos. Y aunque el emprendimiento ocupa desde hace años un lugar destacado en el discurso económico, la realidad cotidiana de muchos autónomos sigue marcada por una vulnerabilidad que rara vez aparece en las grandes cifras.
En la sede de la CEOE, rodeada de empresarios, representantes del trabajo autónomo y dirigentes económicos, Yolanda Díaz volvió a colocar sobre la mesa un debate que suele aparecer de forma fragmentada, casi siempre reducido a cuotas o trámites administrativos, pero que en realidad afecta a algo mucho más profundo, el modelo del trabajo autónomo en España hace tiempo que necesita algo más que retoques técnicos.
La vicepresidenta lo expresó con una mezcla de prudencia política y claridad poco habitual. Recordó que no tiene competencias directas sobre la Seguridad Social, aunque dejó inmediatamente después una frase que resumía bastante bien el sentido de toda su intervención, “sé muy bien lo que habría que hacer”.
Más allá del mensaje político, lo que planteó parte de una realidad bastante evidente. Una parte enorme del tejido económico español se sostiene sobre pequeños negocios, profesionales independientes y microempresas que mantienen actividad, empleo y servicios en miles de municipios. Sin embargo, muchas de esas actividades llevan años funcionando con márgenes mínimos y una sensación constante de incertidumbre.
Durante mucho tiempo, el trabajo autónomo ha ocupado un lugar extraño en España, muy reivindicado en el discurso público, pero bastante menos protegido en la práctica.
Díaz puso el foco en uno de los asuntos más sensiblesa, la desigualdad fiscal. Mientras grandes corporaciones consiguen reducir de forma significativa su tributación efectiva, muchos pequeños trabajadores por cuenta propia soportan cargas muy superiores en proporción a sus ingresos reales. La cuestión no es únicamente técnica. En el fondo, abre también una discusión bastante incómoda sobre qué tipo de actividad económica recibe más protección y cuál queda obligada a sobrevivir prácticamente sola.
Pero probablemente lo más relevante de su intervención apareció en otro punto, redefinir qué significa proteger a quienes trabajan solos. La propuesta de crear una especie de fondo de cobertura para bajas médicas, vacaciones o cuidados intenta responder a un problema que durante demasiado tiempo se ha tratado como una cuestión puramente individual.
Porque en España, para muchos autónomos, enfermar, cuidar a un familiar o simplemente parar unos días sigue teniendo consecuencias económicas inmediatas. Y ahí es donde el planteamiento de Díaz introduce algo distinto. La idea va más allá de ampliar ayudas concretas. Lo que propone, en realidad, es acercarse a modelos europeos donde el trabajo autónomo no se entiende como una forma precaria de resistencia, sino como una modalidad de empleo que también necesita estabilidad y derechos básicos.
Hubo además otro elemento especialmente significativo en su discurso. Mientras buena parte del debate económico continúa concentrado en las grandes cifras macroeconómicas, Díaz quiso detenerse en algo mucho más concreto y bastante más visible fuera de Madrid, el relevo generacional de miles de pequeños negocios que están cerca de desaparecer.
Seiscientos mil autónomos se jubilarán en los próximos años. Y detrás de esa cifra hay mucho más que balances económicos. Hay talleres, explotaciones agrícolas, comercios, bares de pueblo y pequeños negocios que sostienen la vida cotidiana de muchos territorios y que, cuando cierran, dejan algo más que una persiana bajada.
Por eso, su propuesta de incentivar el relevo generacional, especialmente entre mujeres y en municipios pequeños, tiene un alcance que va más allá del empleo. Habla también de cohesión territorial, de igualdad de oportunidades y de la supervivencia económica de muchos lugares que llevan tiempo perdiendo actividad y población.
Tampoco parecía casual el escenario elegido para lanzar ese mensaje. Hablar de fiscalidad diferenciada para pequeñas empresas desde la propia sede de la CEOE tenía cierta carga simbólica. Sobre todo porque parte del empresariado sigue tratando como homogéneo un mundo empresarial que hace tiempo dejó de serlo.
No compite en las mismas condiciones quien factura millones desde estructuras globales y quien intenta sostener un pequeño negocio con márgenes mínimos y jornadas interminables. Y probablemente ahí está una parte importante del debate que Díaz intentó abrir.
La economía española atraviesa un momento relativamente sólido en términos de crecimiento y empleo. Pero debajo de esa estabilidad continúan existiendo desequilibrios bastante antiguos que afectan, precisamente, a quienes tienen menos capacidad para absorberlos.
Quizá por eso la intervención de Díaz dejó una sensación poco frecuente en este tipo de foros, la de alguien que intentaba sacar la discusión del terreno exclusivamente técnico para hablar también de estabilidad, protección y dignidad laboral.
Porque detrás de cada debate sobre cuotas, IVA o cotizaciones sigue existiendo una pregunta mucho más simple, y bastante más decisiva de lo que parece, ¿qué tipo de país quiere ser uno en el que millones de personas trabajan por cuenta propia y, aun así, viven demasiado cerca de la incertidumbre?