La crisis de la vivienda no se toma vacaciones, pero la política sí ha vuelto a tropezar con sus propias limitaciones. El Gobierno ha decidido posponer hasta septiembre la aprobación del real decreto que pretendía reforzar la protección de los inquilinos y movilizar vivienda asequible, al constatar que todavía no dispone de una mayoría suficiente para garantizar su convalidación en el Congreso. La decisión evita una derrota parlamentaria, aunque deja también una imagen difícil de ignorar. La principal preocupación social del país continúa esperando un acuerdo que la política sigue siendo incapaz de construir.
El decreto incluía algunas de las medidas más relevantes anunciadas por el Ejecutivo en los últimos meses, entre ellas la prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler hasta 2028, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, el incremento del IVA de las viviendas de uso turístico y nuevos incentivos para ampliar el parque de alquiler asequible. Se trataba de un paquete amplio, negociado durante semanas entre PSOE y Sumar y enriquecido con propuestas formuladas por distintas fuerzas parlamentarias a lo largo de la legislatura.
Sin embargo, la complejidad del texto terminó reproduciendo el mismo escenario que ha acompañado buena parte de esta legislatura. Junts mantiene objeciones relacionadas con la Ley del Suelo y otros aspectos del decreto, Podemos rechaza determinadas reformas urbanísticas que considera incompatibles con la protección del derecho a la vivienda y el PNV también reclama modificaciones antes de comprometer su respaldo. El resultado es conocido. Una norma concebida para responder a una emergencia social deberá esperar, al menos, hasta el regreso de la actividad parlamentaria tras el verano.
La decisión del Ejecutivo puede discutirse desde el punto de vista político, pero resulta difícil reprocharle que haya preferido ampliar la negociación antes que enviar al Congreso un texto condenado al fracaso. Lo verdaderamente preocupante no es el aplazamiento de unas semanas. Lo preocupante es la incapacidad de las fuerzas parlamentarias para alcanzar acuerdos precisamente en el ámbito donde el consenso social resulta más evidente.
La vivienda se ha convertido en el principal problema para buena parte de la ciudadanía, especialmente para los jóvenes y las familias con rentas medias y bajas. El incremento sostenido de los alquileres, la escasez de oferta residencial y la presión ejercida por determinados mercados turísticos han transformado el acceso a una vivienda en uno de los principales factores de desigualdad. Pocas materias reúnen hoy un diagnóstico tan ampliamente compartido. Mucho menos frecuente resulta encontrar acuerdos sobre las soluciones.
La fragmentación parlamentaria forma parte de la normalidad democrática y obliga a negociar. Esa exigencia no constituye una anomalía. Lo que sí empieza a resultar difícil de explicar es que la necesidad de diferenciar posiciones termine pesando más que la urgencia de resolver problemas. Cada formación defiende legítimamente sus prioridades, pero la suma de vetos cruzados y líneas rojas acaba produciendo un efecto político difícilmente justificable para quienes esperan respuestas inmediatas.
La oposición tampoco puede situarse al margen de esa responsabilidad. El Partido Popular ha convertido la crisis de la vivienda en uno de sus principales argumentos contra el Gobierno, aunque continúa rechazando buena parte de las herramientas regulatorias que el Ejecutivo propone para contener los precios o ampliar la protección de los inquilinos. Criticar la situación resulta legítimo. Mucho más útil sería contribuir a desbloquear aquellas medidas susceptibles de mejorarla. La magnitud del problema exige algo más que una sucesión de reproches cruzados.
El Ministerio de Vivienda insiste en que el acuerdo está hoy más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura y que el margen adicional permitirá culminar una negociación amplia. Esa posibilidad continúa abierta y merece ser explorada. Pero también conviene recordar que cada mes de retraso prolonga la incertidumbre de miles de hogares que afrontan renovaciones de contrato, alquileres cada vez más elevados y enormes dificultades para acceder a una vivienda digna.
La política encuentra su razón de ser cuando consigue transformar los diagnósticos compartidos en decisiones útiles. La vivienda lleva demasiado tiempo instalada en el terreno de las declaraciones, de las promesas y de los desacuerdos. El aplazamiento del decreto puede ser una decisión prudente desde el punto de vista parlamentario. Sería mucho más difícil justificar que septiembre llegue sin el acuerdo que millones de ciudadanos llevan demasiado tiempo esperando.
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