Así se distancie un partido político de un dirigente acusado de acoso o agresión sexual, así será realmente de feminista, aunque no sea lo mismo ser que parecer. Y es aquí donde cada formación política actúa de un modo diferente con respecto a las otras. Los principales partidos políticos cuentan en este país con protocolos, más o menos conocidos, más o menos públicos, para actuar en caso de denuncia por violencia sexual sobre alguno de sus dirigentes o militantes. Pero ninguno de ellos actúa de la misma manera ni con idéntica contundencia, como exige la sociedad y su compromiso, en teoría, con el feminismo y la tolerancia cero contra este tipo de actuaciones intolerables y punibles.
Sirvan tres casos paradigmáticos como ejemplo: Francisco Salazar en el PSOE, el ex conselleiro gallego Alfonso Villares e Íñigo Errejón en Sumar. Cada caso lleva su proceso interno y judicial en curso de un modo u otro, y también cada formación en la que militan o han militado se distancia de ellos de modos bien diferentes. Pero eso sí, todos se dan golpes de pecho alardeando de haber actuado con rapidez, contundencia y eficacia, unas características que distan mucho de la realidad, incluso a estas alturas de la lucha contra la violencia machista.
La ley del ‘solo sí es sí’ o Ley de Garantía integral de la Libertad Sexual obliga desde el año 2023 a los partidos políticos a contar con protocolos internos para “prevenir, detectar y combatir” el acoso sexual dentro de sus filas. Su artículo 17 lo especifica en este sentido: “Los partidos políticos y las organizaciones sociales legalmente constituidas deben tener un protocolo para prevenir, detectar y combatir la violencia machista. Se debe informar del mismo y se realizarán acciones para sensibilizar a sus miembros. Periódicamente, se evaluará y se revisará el funcionamiento y la aplicación de los procedimientos establecidos en el protocolo”.
La vaguedad de sus términos lleva a cada formación política a actuar de un modo particular que en nada se parece a cómo actúan otros partidos de referencia en el parlamento. Aunque en la lucha contra la violencia sobre las mujeres no debería ser determinante que la fuerza política sea progresista o conservadora, lo cierto es que, a la vista de los últimos casos detectados y hechos públicos, una realidad transversal como es la lucha contra todo tipo de violencias contra las mujeres no se trata por igual ni con la misma intensidad en todas las formaciones políticas, y mucho menos en las directamente negacionistas de la violencia machista, como es el partido ultraderechista Vox, que ha acumulado en los últimos años casos de denuncias de mujeres ex dirigentes acusando a la formación ultra de actitudes machistas. La solución de la formación de Santiago Abascal siempre ha sido idéntica: dar carpetazo al asunto y a otra cosa sin hacer mucho ruido, que todo quede olvidado lo antes posible sin descruzar los brazos para actuar contra este tipo de actuaciones delictivas.
Uno de los casos que ha abierto telediarios durante días es el de Íñigo Errejón. El ex diputado de Sumar puso punto y final a su carrera política tras las denuncias de la presentadora y actriz Elisa Mouliaá. La formación que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, era plenamente consciente, meses antes de estallar públicamente el caso, del runrún que rodeaba a Errejón sobre sus presuntas actitudes machistas. Denuncias anónimas en redes sociales acusaban ya en junio de 2023 al ex diputado de la coalición de izquierdas de comportamientos machistas, según aseguraron algunos dirigentes de Sumar. Es decir, un mes antes de que se presentara como número cuatro por Madrid a las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Un ejemplo palpable de, al menos, falta total de reflejos para haber actuado con más diligencia, rapidez y efectividad. En ningún momento los dirigentes de Sumar fueron claros cuando estalló definitivamente el caso tras las denuncias de Mouliaá.
Tampoco el Partido Popular puede alardear de ejemplaridad en el siempre complejo proceso de detectar, apartar sin miramientos al presunto agresor y proteger a las víctimas sin titubeos de ningún tipo ni dejar el más mínimo resquicio para la duda. El caso más flagrante es el del ya ex conselleiro del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, que el pasado junio anunció su dimisión del cargo tras serle notificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que está investigado en un proceso judicial que afecta a su “esfera personal”, según fuentes del partido. La denuncia contra el dirigente popular la presentó una conocida modelo y presentadora de televisión, de la que rápidamente se tuvo conocimiento de su identidad, por lo que no fue preservado su anonimato con el claro objetivo de redirigir hacia la presunta víctima el supuesto manto de la sospecha, una estrategia de defensa de no pocos denunciados por violencia machista, sobre todo cuando sus denunciantes son personajes conocidos en la esfera pública. Los supuestos hechos que investiga la justicia ocurrieron en diciembre del pasado 2024 y el partido no actuó en ningún momento hasta que el dirigente popular presentó su dimisión seis meses después. Lejos de mostrar su apoyo inquebrantable a la denunciante, el PP despidió entre aplausos y abrazos a su ya ex compañero de filas y le deseó un pronto retorno al partido.
Los protocolos internos de los partidos, requeridos por ley, apenas han servido para poco más que ocultar, blanquear o directamente ningunear las denuncias de las víctimas
Pero el caso más lacerante si cabe es el del ex asesor de Moncloa Francisco Salazar, que llegó incluso a convertirse en nuevo secretario adjunto de Organización del PSOE al día siguiente de conocerse las acusaciones de acoso a mujeres del partido y compañeras en Moncloa. Lejos de ser cercenado de cuajo el caso por parte de Ferraz, la denuncia de las presuntas víctimas de acoso sexual guardó durante cinco largos meses el sueño de los justos en un cajón de la cúpula socialista. Hasta este mismo diciembre, que volvió a salir a la luz pública la inacción del PSOE sobre Salazar y sus presuntos “comportamientos inadecuados” con varias compañeras de trabajo en Moncloa.
La portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, que este 1 de diciembre pasado tildó de “vomitiva” la actuación de Salazar con sus propias compañeras de partido, fue fotografiada junto a él el pasado noviembre en un restaurante de Madrid. Un mes después no ha tenido más remedio que reconocer que este encuentro fue “un error” que nunca debió producirse. Solo así, después de destaparse el carpetazo del PSOE a la investigación de las denuncias contra Salazar, la cúpula socialista ha vuelto a activar el supuesto protocolo contra el ex dirigente socialista, que también se ha llevado por delante a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar en Moncloa. Las denunciantes aludieron a él como “cómplice” y “encubridor” del exasesor de Moncloa y Hernández negó los hechos.
Esta forma de actuar del PSOE contra Salazar ha encendido la ira de numerosas dirigentes socialistas, que no comprenden bajo ningún supuesto cómo es posible que un partido de clara determinación feminista en sus principios básicos pueda gestionar tan mal un caso tan claro de denuncia de acoso sexual sobre varias mujeres.
Así, parece claro que la teoría y la práctica recorren caminos contrapuestos y a distinta velocidad cuando prácticamente todos los partidos políticos aseguran haber actuado con la diligencia y rapidez que estos casos merecen. Nada más lejos de la realidad. Ni PSOE, ni PP, ni Sumar ni por supuesto Vox han interiorizado en sus direcciones que los protocolos están para cumplirse con rapidez y sin ningún tipo de dudas. La gravedad de los hechos denunciados así lo requieren.
Sobre el papel, los partidos que se consideran implacables contra las actitudes machistas y las situaciones de acoso o agresión sexual entre miembros de sus filas mantienen líneas de actuación recogidas en protocolos más o menos públicos, más o menos concretos. Así, el PSOE recoge en su protocolo que “dada la condición del acoso como riesgo en el ámbito laboral, el PSOE se compromete a asignar los medios humanos y materiales necesarios para prevenir y hacer frente, en su caso, a las consecuencias derivadas de este tipo de conductas. Para ello se formará especialmente a la Dirección, y en cascada, de forma integral, al resto de responsables con equipo y las personas de la RLT con funciones en materia de igualdad y prevención para que apliquen y trasladen estos principios y valores, el procedimiento de prevención y solución de conflictos en materia de acoso de forma responsable”.
Desde 2023, el PP, por su parte, mantiene un Código de Conducta en la que se subraya que “no tolerará ningún tipo de violencia, acoso, abuso o cualquier otra conducta tendente a lesionar los derechos personales de sus miembros o de terceros”.
El Protocolo Antiacosos de Sumar, que se publicó en enero de este mismo 2025, recoge la suspensión cautelar del denunciado así como facilitar un canal seguro de comunicación para las denunciantes, siempre con el compromiso de asesorar y atender a la víctima en el recorrido que conlleve su caso particular, además de emprender acciones reparativas para el daño causado.